Fue uno de los anuncios del fiscal nacional, Jorge Abbott, en su tercera cuenta como máxima autoridad del Ministerio Público. Desde el 2017 se trabaja en un proyecto que busca impulsar un sistema de protección para denunciantes de delitos de corrupción y que tiene entre sus objetivos mejorar las deficiencias en la persecución penal de estos ilícitos, que pese a que solo constituyen el 0,2% de los casos que ingresaron el año pasado a la fiscalía, la cifra va en aumento.
En estas investigaciones, que involucran a funcionarios públicos en actos de corrupción, los delitos más conocidos son el cohecho, fraude al fisco, enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos.
Durante 2017 ingresaron 3.025 casos vinculados a estos ilícitos. El año anterior, la cifra llegó a 2.846. Y si se suman los ingresos desde 2015, el número se eleva a 8.383 investigaciones.
TRABAJO CON LA CONTRALORÍA Y EL CDE
Actualmente, el proyecto que encabeza la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional está en etapa de diagnóstico y para su desarrollo se ha trabajado con organismos como la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado.
Los fondos se obtuvieron mediante una postulación al programa Eurosocial de la Unión Europea y brinda asistencia técnica para la elaboración de este documento, que contendrá medidas concretas y que se espera termine su elaboración próximamente.
«Lo que buscamos es establecer un sistema unificado de protección al denunciante, tanto en el sector público como en el privado (…). La idea es generar un mecanismo que nos permita, sin necesidad de modificaciones legislativas, establecer protocolos interinstitucionales», plantea la abogada Marta Herrera, directora de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público.
La jefa de esta área de la Fiscalía Nacional explica que hoy la protección al denunciante de corrupción penalmente no existe. «La ley 20.205 solo establece ciertas garantías, pero administrativas, y eso es insuficiente y acotado», asegura.
Agrega que esa normativa, promulgada en 2007, solo fija ciertos derechos a los funcionarios denunciantes como, por ejemplo, que no pueden ser objeto de medidas disciplinarias de suspensión de empleo o destitución por un período determinado. Y se pregunta: «¿Qué protección le puedo dar yo como fiscalía si la persona me viene a decir que teme a las represalias que puede tener en su trabajo, que piense que lo puedan despedir, que le puedan dar condiciones desmejoradas?». «¡Ninguna!», se responde.
«De más está decir que si la ley 20.205 no cubre a muchos funcionarios públicos, menos cubre a privados», dice Herrera.
Para la abogada el millonario fraude al interior de Carabineros grafica la falta de garantías al denunciante.
«Quizás tendríamos una situación distinta, no hubiésemos llegado a los niveles en que terminamos, si hubieran garantizado ciertos mecanismos de protección a los funcionarios para que denuncien irregularidades».
Los policías uniformados no están incluidos en la ley 20.205. También hay ciertas debilidades en la normativa respecto de la protección de funcionarios municipales.
BAJA PENALIDAD
Si bien el objetivo inmediato del proyecto es lograr un sistema de protección, la iniciativa apunta directamente a mejorar la persecución penal en un área que es compleja. La voluntad de colaborar es escasa en estas indagatorias, por temor principalmente a la represalia, señalan desde el Ministerio Público.
Otro de los obstáculos en estos delitos es cómo acreditar los hechos.
«En los casos de corrupción, prueba directa no tenemos. No vamos a encontrar el correo con el acuse de recibo de la coima, por ejemplo. Tampoco tenemos técnicas especiales de investigación como existen en otras categorías de investigaciones complejas, como el lavado de dinero o el crimen organizado en materia de narcotráfico (…). Los plazos de prescripción, además, son cortos, porque las penas asociadas son bajas», profundiza Herrera.
Y respecto del aumento de casos que ingresan a la fiscalía por delitos funcionarios, explica que «no es que haya más corrupción en el país, lo que hay son más denuncias, pero básicamente, tiene que ver con el mayor empoderamiento ciudadano y la menor tolerancia que estos hechos están generando en la ciudadanía. Esto puede generar una mayor adhesión de las personas a un proyecto de este tipo, precisamente, con la realización de justicia para estos casos de corrupción».
Agrega que, en la medida que se obtenga esa adhesión, «probablemente podremos contar con ese denunciante como testigo, lo que va a ayudar a mejorar los resultados de las salidas judiciales». (El Mercurio)
