A tres días de conocerse públicamente la noticia, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Eugenia Manaud, se refirió a la salida como consejera de la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco. Así, la abogada señaló que la principal dificultad no habrían sido las reiteradas inhabilitaciones que tuvo que realizar la ex secretaria de Estado, ya que esta situación es incluso «habitual». «Lo que sí podría estimarse que era complejo era su condición de involucrada o imputada, según un par de fiscales, en investigaciones de carácter penal, en materias en que, precisamente, el Consejo de Defensa del Estado tenía que intervenir. Como dijo un ex presidente del Consejo, el señor (Juan Ignacio) Piña, era un elemento perturbador. No es sencillo tener que tratar de manera extremadamente reservada investigaciones penales», sostuvo Manaud a Cooperativa.
En tanto, se le preguntó sobre si Blanco debió haber dejado el puesto con mayor anticipación, indicando que: «Ella tiene todo el derecho a ser respetada en cuanto a su presunción de inocencia, y ella puede haber estimado que en el tiempo en que estuvo vinculada al Consejo pudo haber demostrado esa inocencia. Lamentablemente, las circunstancias no se le dieron de esa forma».
«No coincido mucho con el Presidente» Tras la salida de Blanco, indagada por el Ministerio Público por su presunta responsabilidad en la crisis del Sename, además de su supuesta vinculación con el fraude de Carabineros e irregulares pagos en Gendarmería, el Presidente Sebastián Piñera anunció cambios en el CDE, como acortar el periodo de sus miembros y exigir que estos tengan dedicación exclusiva. Ante esto, Manaud advirtió discrepar con algunas de las propuestas. «La verdad es que ahí no coincido mucho con el Presidente (…) Lo que no comparto es que el establecimiento de un periodo o la transitoriedad en el cargo vaya unida a la exclusividad, porque ambos factores juntos van a hacer prácticamente imposible obtener destacados litigantes o docentes que se interesen en pertenecer al organismo». Y en esa línea continuó: «Si un litigante exitoso tiene que abandonar su oficina por un plazo de ocho, 10 o 14 años y perder toda su clientela, alejarse del medio para después retornar, incluso con un periodo de vacancia de por medio, hace muy difícil adoptar una decisión en ese sentido (…) Se requeriría de una gran vocación de servicio público para hacer algo así». Además, explicó que «los 75 años -edad hasta la que actualmente dura el cargo- no es un beneficio, sino que, al igual que en el caso de los jueces, es garantía de independencia, porque el CDE es y debe seguir siendo un organismo especializado y técnico, totalmente independiente del Ejecutivo y de otros poderes públicos, para poder desarrollar su labor a cabalidad». En la entrevista, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado también aseguró haber estado enterada del proyecto, ya que a través del Ministerio de Justicia se le consultó al órgano su opinión.
Emol/Agencias
