Su preocupación por lo que califican como una “lenta ejecución” del presupuesto destinado a las víctimas de la violencia rural expresaron los gremios productivos y las asociaciones que representan a los afectados por ataques incendiarios en el sur del país. Desde 2017, la Ley de Presupuestos considera un ítem para el apoyo a quienes han sufrido atentados: ese año se asignaron $3 mil millones, cuya ejecución superó el 90%. Para este se contemplaron $3.078 millones, cuyo nivel de adjudicación, según advierten las organizaciones, “se desconoce”.
“Hay un monto asignado para 2018, que no se ha ejecutado. Independientemente de la política que implemente el Gobierno en este tema, esos recursos deben utilizarse”, señaló la vocera de Mujeres por La Araucanía, Ruth Hurtado.
El líder de los camioneros, José Villagrán, agregó que la entrega de recursos “está paralizada, porque no está claro todavía el criterio que se va a utilizar”, aunque destacó que “las autoridades han informado que el proceso va a ser extensivo a todas las víctimas”.
Por el lado de los contratistas forestales, René Muñoz indicó que “no tenemos información que se hayan entregado recursos; por lo menos, nadie de nuestro sector los ha recibido”, pero reveló que se han reunido con el Gobierno para abordar el acceso a créditos blandos, con aval estatal, para empresas que perdieron sus instalaciones.
El Gobierno descartó retrasos. “El proceso de ayuda a víctimas de la violencia rural se está desarrollando en tiempo y forma para cumplir los plazos establecidos en el Ministerio del Interior”, aseguró el subsecretario de esa cartera, Rodrigo Ubilla, y anunció que en noviembre se abrirán “los procesos de postulación a los fondos para la reposición de actividades sociales o sociocomunitarias”.
Con apoyo de las organizaciones de víctimas, el Ministerio del Interior inició en abril un catastro de los afectados por la violencia rural. A la fecha, suman 416 personas naturales, 31 personas jurídicas, además de 42 templos (30 católicos y 12 evangélicos) y 16 espacios de infraestructura comunitaria. (El Mercurio)
