Tal como lo habían adelantado diversas encuestas, el candidato derechista, Jair Bolsonaro, se convirtió ayer en el 44º Presidente de la República de Brasil al imponerse por más de 10 puntos ante el candidato coyuntural de un desprestigiado Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, en segunda vuelta y con su líder natural, Ignacio “Lula” da Silva, encarcelado por corrupción.
Según cifras entregadas por el Tribunal Superior Electoral de Brasil, con el 99,27% de los votos válidamente emitidos escrutados, el abanderado del Partido Social Liberal (PSL) alcanzó el 55,29% de los sufragios, contra el 44,71% de su adversario, una victoria contundente que se expresó aún más masivamente en los principales centros urbanos del país, con porcentajes superiores al 65% para el ex capitán de Ejercito, no obstante triunfos parciales del candidato izquierdista en las zonas más pobres del nordeste del país.
Dichos resultados son indiciarios del cambio de paradigma político, social, cultural y económico que está viviendo América latina, zona en la que históricamente y desde mediados del siglo pasado, una cierta hegemonía del pensamiento estatal dirigista de izquierda llevó al Gobierno a diversos candidatos cercanos a ideas socialistas de variada extracción, aupados en promesas electorales centradas en reivindicaciones económico-sociales destinadas a superar los altos niveles de pobreza y pobreza extrema que caracterizaron su desarrollo.
Sin embargo, el propio crecimiento experimentado por la región en los últimos decenios y en los cuales Chile y su modelo socio-económico liberal se instaló como ejemplo de gestión exitosa, posibilitando una notable reducción de la pobreza en diversas naciones del continente y elevando a categoría de capas medias a millones de personas y familias, no solo fue añadiendo nuevos temas y derechos de segunda generación a la paleta de exigencias sociales, sino que fue dejando sin el discurso adecuado a estos nuevos tiempos a esa izquierda tradicional estancada en las ideas del siglo XIX.
La modernización capitalista basada en propuestas liberales en lo económico, social, político y cultural y que el discurso de la izquierda latinoamericana transformó en su principal y peor enemigo, ha seguido cobrando cuentas políticas a dirigentes que en diversos países -y ahora en el más grande de la región- arremetían en contra de sus políticas y propuestas, pero que, al mismo tiempo, transformaban a sus protagonistas, los empresarios, en aliados en las sombras, generando espacios de corrupción que, una vez develados, los ha hecho perder una autoridad y popularidad que, en el pasado, lograron sostener aduciendo su férrea e inclaudicable defensa de los más desposeídos, los “sin pan, techo, ni abrigo”.
Así, dicha izquierda no solo dejó fuera de su radar las nuevas exigencias de esas enormes masas de personas y familias que por propio esfuerzo estaban alcanzando niveles de vida de capa media (más seguridad frente a una delincuencia creciente, endeudamiento, incertidumbre laboral en la adultez y miedo al retorno a la pobreza en la vejez, acceso a una mejor salud y educación para sus hijos), sino que insistió en su añejo e inviable discurso antiempresarial -al tiempo que recurría a aquellos para el financiamiento de sus campañas- generando una reactiva posta de sectores jóvenes reciclados que, por propia naturaleza y condición etarea, concentraron su acción política en temas de “nicho” que supuestamente copaban la agenda ciudadana (feminismo, libertades sexuales y de género, aborto, eutanasia y similares), pero que los llevó, paulatinamente y a ambos sectores, hacia su transformación en minoría social.
La victoria de Bolsonaro en Brasil es pues, una lección para la clase política democrática de derecha e izquierda. Para los primeros, reconocer que los pueblos “saben” lo que quieren y que, en ciertos momentos, como lo indicaran los contractualistas del siglo XVIII, pueden aceptar perder coyunturalmente ciertos aspectos de su libertad por defender la libertad en su conjunto, especialmente cuando las amenazas a aquella provienen de la pérdida de valores morales y de la coexistencia pacífica, merced a un Estado ineficaz para cumplir su principal misión y objetivo, cual es la protección de la vida y dignidad de los más débiles frente a los abusos e ilegalidades de los más fuertes y agresivos; y para los segundos, que si bien la igualdad es un bien apetecible, los pueblos también pueden aceptar perderla en ciertos niveles con el propósito de defender el orden, normalización y las jerarquías necesarias para posibilitar el progreso. Tal como señalara el “cerebro” del “Podemos” español, Iñigo Errejón, “lo más revolucionario que puede hacer la izquierda hoy es construir normalidad”.
Reforma Previsional: lo enemigo de lo bueno
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció anoche, por cadena nacional, los cinco ejes principales de la reforma previsional que busca mejorar las pensiones de las personas jubiladas y que enviará al Congreso en los próximos días.
Como el mismo señalara, la reforma apunta a fortalecer sus pilares contributivo y solidario, poniendo urgencia especial hacia aquellos grupos más vulnerables, clase media, mujeres y aquellos que voluntariamente extiendan su permanencia en el mundo del trabajo.
La propuesta implica un aumento de la cotización previsional, mediante el aporte adicional y mensual del 4% del sueldo de cada trabajador financiado por los empleadores, el que crecerá de forma gradual para no afectar la creación de empleos y que, en régimen, significará aumentar en 40% las pensiones.
Asimismo, se fortalecerá el Pilar Solidario, el que se incrementará gradualmente hasta llegar a 40%, pasando del 0,8% actual a 1,12% del PIB, esfuerzo que tendrá un costo de US$1.000 millones, financiados con aportes del Estado, lo que permitirá mejorar inmediatamente la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario en 10%, llegando, en el tiempo, a un 50% a la Pensión Básica Solidaria y más de un 70% el Aporte Previsional Solidario.
Por otro lado, el Estado aportará recursos adicionales para financiar un aporte a pensionados de clase media que superen un mínimo de cotizaciones, el que será creciente con los años de cotización, y mayor para las mujeres para compensar parcialmente su menor participación en la fuerza de trabajo y menores salarios, muchas veces producto de la maternidad o el cuidado de su familia.
Como quinto eje el Estado hará aportes adicionales a quienes voluntariamente posterguen su permanencia en la fuerza de trabajo y su edad de jubilación, en la medida que tal permanencia adicional por 5 años, por ejemplo, aumenta en más de 40% el monto de la pensión, parte de la cual podrá ser retirada libremente por las personas una vez jubiladas, para disponer de ella de acuerdo a sus propias preferencias.
La propuesta gubernamental acentúa además la competencia en el sector al contemplar que el alza de 4% sea administrada por una entidad que los trabajadores elijan, a través de la creación de nuevas instituciones, que podrán ser con o sin retiro de utilidades, y también formadas por filiales de Cajas de Compensación, Cooperativas de Ahorro y Créditos, Administradoras Generales de Fondos, AFP, Compañías de Seguros de Vida, entre otras. Asimismo, aumentará la competencia en la propia Industria de las AFP, mejorando la información a los trabajadores y licitaciones de nuevos afiliados, permitiendo descuentos en comisiones en función del tamaño del grupo que se incorpora y su compromiso de permanencia para bajar costos y comisiones y mejorar las pensiones.
Finalmente, la Reforma contempla un Seguro Solidario que será financiado con una cotización adicional del 0,2% de cargo del empleador, para financiar una pensión adicional y creciente con la edad para aquellos adultos mayores que por sufrir una dependencia severa, física o mental, no sean autovalentes y requieran un apoyo especial.
Las propuesta presidencial, como se ve, sostiene y perfecciona el modelo de capitalización individual del ahorro previsional y fortalece el Pilar Solidario destinado a subsidiar a quienes por diversas razones (escasa o nula densidad de cotizaciones, lagunas previsionales, bajos sueldos) no alcanzan a cubrir una pensión digna, al tiempo que ataca la evidente insuficiencia de ahorro que significa el 10% actual de cotización, subiéndola a 14,2%, cifra, empero, aún lejana del 20% que exigían las antiguas cajas de ahorro previsional del sistema de reparto.
Aunque el proyecto debe aún ser discutido en el Congreso, en sus bases es un esfuerzo mayor del Estado -y por tanto de la ciudadanía contribuyente- cuyo costo anual en régimen es estimado en unos US$ 3.500 millones adicionales que el país deberá generar para hacer justicia con los mayores y en especial con las mujeres, al tiempo que mantener sus cuentas nacionales y gasto fiscal en concordancia con sus ingresos previsibles, manteniendo la disciplina fiscal que permite al país acceder a los mercados financieros mundiales con las tasas de interés con que se presta a los deudores confiables. Es de esperar que el debate en el Parlamento se concentre en el propósito del proyecto y que las legítimas diferencias ideológicas no impidan avanzar de modo urgente en soluciones pragmáticas que resuelvan, si no todo, al menos en parte este complejo problema. Como sabiamente nos recuerda Voltaire: “Lo perfecto es enemigo de lo bueno”. (NP)
