Es cierto que después del fraude con la Operación Huracán, Carabineros se tiene que ganar la confianza. Pero tampoco podemos a priori descartar su versión porque las autoridades comprometidas en la “gran mentira” -que acusó con pruebas falsas a personeros mapuches- están todos fuera de la institución, partiendo por su cabeza. Y ayer quedó claro que el nuevo alto mando está respondiendo de otra forma al gobierno actual. Renunciaron la cabeza de la institución y también de Fuerzas Especiales en la Araucanía y los cuatro uniformados que mintieron y ocultaron que llevaban una cámara al momento del operativo que terminó con la muerte del joven Camilo Catrillanca.
Su lamentable muerte dio pie a reacciones que el gobierno calificó de “oportunistas”. Fue como aprovechar una tragedia para incendiar la pradera con la esperanza -que algunas autoridades de la ex Nueva Mayoría incluso expresaron- que a raíz de este caso vuelva a surgir un movimiento social tan fuerte y contrario al gobierno de Sebastián Piñera como lo fue el movimiento estudiantil en 2011. Nada más puede explicar que políticos de la ex Nueva Mayoría y del Frente Amplio pusieran en duda hasta el asalto a las tres profesoras con dos menores en que a punta de culata y garabatos les robaron sus tres autos en un camino rural, lo cual dio origen a la persecución de sus autores que terminó en la tragedia en Ercilla. Sólo el cálculo pequeño puede explicar que se lanzaran como aves de rapiña contra la presa debilitada pidiendo la cabeza de distintas autoridades, eliminar el comando Jungla, amenazaran con la aprobación del Presupuesto y anunciaran nuevas interpelaciones.
Ha habido una tibieza preocupante frente a los hechos de violencia, ¡y qué violencia la de estos días en la Araucanía (y en Santiago)! Escuelas, centros de salud, comunitarios y de eventos, capillas católicas y evangélicas, maquinarias, casas…. Todo ha sucumbido bajo el fuego en la región más pobre de Chile y se escucha un silencio “comprensivo” de algunos, como si pudieran más adelante cosechar algo de esta violencia brutal.
Lo que parecen olvidar los que convierten el drama en oportunidad es que precisamente donde Piñera obtuvo la votación más alta fue en La Araucanía, el 62% de los votos, y lo hizo con la promesa del plan acordado en una mesa transversal que está poniendo en ejecución y que tiene como pata principal la seguridad de la zona. Pedir que los vuelva a dejar inermes, porque los grupos radicalizados mapuches y los políticos lo exigen desde la seguridad de Santiago, no tiene asidero. El respaldo al actual Presidente en la Región del Biobío fue similar y el gobierno sabe que debe responder garantizando el Estado de derecho.
Y el Comando Jungla, así denominado por la prensa, responde a ese compromiso del Presidente con las cuatro regiones afectadas por el conflicto mapuche. A pesar de todo “el uso desproporcionado de la fuerza para perseguir delitos comunes” que se ha acusado, ninguno de los cuatro Gope que participó en la persecución de los autores del robo con violencia donde murió Catrillanca tomó el curso especializado de un mes en Colombia, totalizando 23 los efectivos que lo han hecho desde 2007. Si después se sumaron 40 efectivos más al operativo fue porque les disparaban con armamento automático en un enfrentamiento que se prolongó por horas y no tiene nada de “delito común”.
Otra cosa es que se tengan que terminar de aclarar los hechos y en cuánto se apegó a la ley la actuación de la policía, donde ya vimos un mal indicio con el ocultamiento que el operativo fue grabado (¿qué habrán querido esconder al destruir el registro?). Falta despejar, en simple, si el joven Catrillanca fue una víctima inocente o fue parte del grupo que asaltó a las profesoras para robarles sus autos y después se subió al tractor para salir a enfrentar a los cuatro efectivos del Gope a los que disparaban desde el bosque.
Nadie puede pretender cosechar de este conflicto que se arrastra por décadas y donde nada parece funcionar. La política de traspaso de tierras ha alimentado el fuego en vez de sofocarlo. De hecho, la comunidad más combativa, la Temucuicui, y sus subdivisiones, es la que más tierras ha recibido de la Conadi. El tiroteo fue justamente en el predio Alaska, de 1.920 hectáreas, que Mininco vendió al Estado en 2002 porque era foco de incendios, tomas y robo de madera incesante. Y el joven Catrillanca se estaba construyendo su casa en uno de los tres fundos que antes pertenecieron a René Urban y que tras 200 atentados se rindió y vendió a la Conadi en 2014. Los comuneros se han parapetado en las tierras regaladas y no dejan entrar representantes del Estado chileno, censistas o funcionarios públicos y desde allí dispararon con armas de guerra a un helicóptero policial días atrás, según relató el general Hermes Soto, General director de Carabineros. Tampoco votan en las elecciones. Varios de sus integrantes han sido indagados por receptación, trafico de marihuana y robo de madera. Entre 2017 y este año robaron 24 vehículos en este sector y Carabineros ha recuperado 16.
A pesar de la política de tierras, el problema pareciera irse agravando, lo cual se evidencia cuando se observa un abuelo combativo pero dialogante (el lonco Juan Catrillanca); un hijo (Marcelo) que pasó varios años prófugo por delitos de violencia rural, y un nieto, Camilo, que desde el colegio comenzó a participar en tomas, como la de municipio de Ercilla (2011). El joven fue detenido en 2012 y 2013 por desórdenes y amenaza a la autoridad y en octubre pasado fue encontrado a bordo de una camioneta robada y con placas falsas. Iba con él a bordo el mismo menor de 15 años que lo acompañaba en el tractor cuando le dispararon el miércoles y la misma jueza consideró entonces y ahora que su detención era ilegal.
El Plan Araucanía no es una solución policial, sino que busca el desarrollo, el reconocimiento constitucional, la participación política y la incorporación cultural de las comunidades originarias de Chile. Más allá de sus legítimas propuestas, los políticos debieran entender que no apoyar ese proyecto y convertir en víctima a Catrillanca aun antes que se pruebe que lo es, y aparecer como cómplices de la violencia, puede que ponga en apuros a este gobierno. Pero a los ciudadanos de la zona, que hablan de “guerrillas” (como una de las docentes asaltadas), los perjudicará gravemente. Y los opositores podrán derrotar al adversario político hoy, pero sólo cosecharán tempestad mañana. (El Líbero)
Pilar Molina
