Uno de los resultados más perturbadores de la Encuesta Bicentenario 2018 fue la inesperada aparición de una nítida demanda por autoridad, por orden, por mano dura. Quizás podría argumentarse que es normal la exigencia por un cierto nivel de protección. Pero considere lo siguiente: un 66% de los chilenos estaría hoy de acuerdo en imponer responsabilidad penal a jóvenes menores de 16 años, y peor, un 38% estaría dispuesto a imponer responsabilidad penal a niños ¡menores de 14 años!
Por si lo anterior fuera poco, un 85% quisiera la presencia de cámaras en todos los lugares públicos, y un 78% concuerda en que Carabineros pueda exigir sin motivo la identificación en la vía pública. Si una publicación se burla de alguien, un 80% está de acuerdo en que se castigue. Y en un extremo decididamente orwelliano, un 50% favorecería que las empresas puedan vigilar con cámaras el comportamiento de sus trabajadores. Francamente, es desolador. Desde luego, lo opuesto a la sociedad libre y abierta a que aspiramos, y a veces imaginamos que avanzamos. Es lo inverso: los datos muestran una disposición personal a restringir la libertad, aún algunas tan básicas como la libertad de expresión o de manifestación.
Quizás lo más sorprendente en esta suerte de autoritarismo que pareciera estar brotando es que no viene de la élite privilegiada. Nada de eso. La demanda es más marcada en los grupos relativamente más pobres.
No hay una explicación precisa de por qué está ocurriendo esto. Sabemos que en la elección presidencial de 2017, la seguridad ciudadana fue un tema central; y según muestran las encuestas de la época, el tema contribuyó en forma importante a conformar la amplia mayoría que eligió al Presidente Piñera.
Los datos muestran también la emergencia de nuevos conflictos que inquietan y atemorizan a los ciudadanos. Algunos muy intensamente, como es el tema mapuche que ocupa el primer lugar de las preocupaciones en forma continua desde hace varios años. Lo otro, una inquietud creciente por la inmigración. Este año, un 44% opina que existe “un gran conflicto” entre chilenos e inmigrantes, cifra que viene al alza. Y en este caso, se debe consignar, hay señales de una actitud hostil, inequívocamente xenófoba, especialmente en aquellos sectores sociales que sienten amenazadas sus posibilidades laborales y su acceso a servicios del Estado como salud, educación y vivienda.
Son las mismas señales que hemos visto aparecer en otras latitudes. El resultado, lo sabemos, ha sido la aparición predominante de opciones políticas de tipo autoritario populistas y nacionalistas. Sólo cabe esperar que aquí no suceda; pero ahí están los malditos números. (La Tercera)
Roberto Méndez
