A casi dos meses del daño que sufrió el geoglifo «Gigante de Tarapacá», el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte condenó hoy a los tres turistas involucrados en el caso. Así, el tribunal sentenció a cada uno de los implicados a tres años de presidio y el pago de una multa de 125 UTM -casi $6 millones- por el delito de daño y afectación de integridad contra monumento nacional cometido al pasar en vehículo sobre el monumento de 119 metros de largo que está ubicado en el cerro Unita, a 15 kilómetros del pueblo de Huara.
Los sentenciados son Wanda Larrocha López y Esteban Vilugrón Silva, de nacionalidad chileno-belga; y el ciudadano belga, Nikolaou Panagiota, quienes fueron detenidos a principios de año por personal de la PDI en el aeropuerto Arturo Merino Benítez.
A los dos primeros se otorgó la remisión condicional de la pena, que implica la firma mensual durante el periodo sentenciado. Sin embargo, se señaló que, una vez que el fallo esté ejecutoriado, se pedirá un informe a Gendarmería sobre la posibilidad de que los condenados puedan cumplir dicha situación en Bélgica, a través del consulado.
En tanto, la pena del tercer implicado se cumplirá con su expulsión del país previo al pago de la multa. «Esta es la máxima pena que podíamos solicitar considerando que a los imputados les beneficia la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, al no tener condenas anteriores. Esa fue la pena solicitada por nosotros y, pese a que la defensa de los acusados pidió unas penas muy inferiores, el tribunal acogió nuestra petición dada la gravedad de los hechos, ya que el daño producido al geoglifo es irreparable», explicó el fiscal jefe del Tamarugal, Hardy Torres.
Los daños fueron provocados el 6 enero, cuando los condenados ingresaron, a bordo de un vehículo, al complejo arqueológico por el flanco nororiente, conduciendo hasta el geoglifo. En dicho lugar, se desplazaron en el auto y caminaron, dejando huellas sobre los delicados vestigios arqueológicos.
Según estableció un informe de Bienes Nacionales, los daños provocados «son irreversibles», quedando como única opción una conservación curativa, que tiene un valor aproximado entre $15 millones a $25 millones. (Emol)
