Como un “contrasentido” calificó la diputada Ximena Ossandón (RN) el acuerdo que el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) firmó el pasado domingo con las empresas de reparto de alimentos -Rappi, Uber Eats, Pedidos Ya y CornerShop- para que capaciten a sus trabajadores y no vendan bebidas alcohólicas a menores.
En ese sentido, la parlamentaria argumentó que “en esta materia tan delicada, la autorregulación de los intermediarios no es suficiente. Mandar un mensaje de texto de parte de las empresas advirtiéndole a los repartidores que los menores de edad no pueden consumir alcohol es una política igual a cero”.
“Todos sabemos que en la práctica la venta a menores seguirá igual. El acuerdo también incluye la presentación del carnet de identidad obligatorio para el comprador, lo que ya existe, y también una inscripción digital con los datos personales del adquiriente, algo que también puede ser fácilmente manipulado”, continuó Ossandón, quien aseguró no ver “ningún avance real”.
Además, indicó que, en su opinión, este acuerdo “sigue siendo una operación que queda a completa discrecionalidad” de los proveedores e intermediarios, que serían las empresas de reparto de alimentos y alcohol.
“Nada impide o controla que los repartidores no hagan caso omiso de cualquier documento que se firme de autorregulación, porque finalmente de la venta depende su ingreso personal”, sostuvo la diputada.
TOLERANCIA CERO AL CONSUMO DE ALCOHOL
Ossandón afirmó que la famosa “Tolerancia Cero” que plantea el Ejecutivo no es tal, porque sigue “relativizando” el acceso de alcohol para menores.
“La ley siempre ha prohibido la venta a menores. Y estas empresas que firmaron el convenio con el gobierno nunca se preocuparon de cumplirla. Y ahora hacen tratos con el Senda después de haber hecho y deshecho durante años sin ninguna consideración por los menores que adquirían alcohol. El gobierno por su parte habla de Tolerancia Cero a la venta de licor a niños y jóvenes y a la primera se acomoda a la sugerencia de las empresas, lo que demuestra un contrasentido irritante”, aseguró.
“No resulta comprensible que el mismo gobierno que impulsa una versión del Plan Islandia haga acuerdos ‘light’ sobre la materia con estas empresas en vez de sacar adelante leyes que realmente solucionen de raíz este problema”, agregó.
Además, la legisladora adviertió sobre el acceso a datos personales de los compradores, “pues se crea otro problema donde la autoridad cede a un privado el control de actividades que son propias de la institucionalidad pública. Es otro contrasentido que realmente no logro entender”, concluyó. (La Tercera)
