Este viernes, expertos de Naciones Unidas condenaron el “uso excesivo de la fuerza y actos de violencia en el marco de las recientes protestas en Chile”.
A través de un comunicado publicado en redes sociales el organismo internacional explicó que “20 personas murieron y 1.600 resultaron heridas, incluyendo agentes de la policía, en protestas que comenzaron a principios de octubre por el aumento de los costos de transporte y desigualdad profundamente arraigada”.
La declaración también enfatiza en el hecho de que entre las víctimas hay menores de edad.
“La violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas de las personas, el elevado número de heridos y la manera en la cual se han utilizado las armas no letales parece indicar que el uso de la fuerza fue excesivo y violó los requisitos de necesidad y proporcionalidad“, indicaron los expertos, que son nombrados por el Consejo de Derechos Humanos.
De acuerdo a la declaración, han recibido informes de violencia sexual en contra de mujeres, hombres y adolescentes; además de reportes de torturas y malos tratos.
En relación a las denuncias del primer tipo, relativas a desnudamientos forzados, tocamientos y violaciones durante la detención.
En ese sentido, los expertos rechazaron todos los actos de violencia que se describen anteriormente y emplazaron a La Moneda: “El gobierno de Chile tiene la obligación no sólo de respetar los derechos humanos, sino de proteger a las personas contra los actos de violencia cometidos por particulares. Deben permitir que las protestas se lleven a cabo aislando a los que recurren a la violencia, al mismo tiempo que garantiza que todas las personas en el país puedan disfrutar de sus derechos”.
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Finalmente, la declaración se refiere al rol de los observadores de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas que llegaron al país el pasado el pasado 29 de octubre.
En ese sentido, se detalla que los expertos han mantenido conversaciones con las autoridades del país y han hablado sobre su voluntad expresa de “perseguir y determinar responsabilidades en casos de violaciones a los derechos humanos” y especialmente aquellos cometidos por “agentes del Estado”.
La Tercera
