El denominado “Grupo de Puebla” (GDP), entidad que reúne a figuras políticas de izquierda y centroizquierda de la región y España, ha postergado el encuentro que tenía programado realizar en Santiago de Chile, entre hoy viernes 6 y el domingo 8 de diciembre, debido a la “falta de estabilidad política” en el país, según señaló un comunicado emitido por la organización.
Como se sabe, el grupo está conformado por una treintena de políticos y ex presidentes de una decena de países latinoamericanos, así como de figuras hispanas como el exjefe de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. También forman o han formado parte el expresidente uruguayo, José Mujica; la exmandataria de Brasil, Dilma Rousseff; el excandidato presidencial brasileño, Fernando Hadad; el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández; Daniel Martínez, candidato a presidente del Frente Amplio, de Uruguay; Fernando Lugo, de Paraguay; el ex mandatario de Ecuador, Rafael Correa; el exmandatario de Colombia, Ernesto Samper; Leonel Fernández, de República Dominicana; y Yeidckol Polevsky, representante de Manuel López Obrador, presidente de México.
De Chile, participan el exministro Carlos Ominami, el excandidato presidencial del PRO, Marco Enríquez Ominami; el exsecretario de la OEA (PS), José Miguel Insulza; los senadores Guido Girardi (PPD) y Alejandro Navarro (PRO) y la diputada comunista, Karol Cariola.
En la instancia también actúan miembros del Comité Latinoamericano por la Defensa de la Justicia y la Democracia (Clajud), entre los que destacan el español Baltasar Garzón, quien se reunió recientemente con Enríquez-Ominami -impulsor del Grupo junto al presidente electo trasandino Alberto Fernández- para preparar su visita a Santiago. Según se informó, en ese encuentro se analizaron los alcances y avances del GDP y la situación en Chile tras el estallido social. Garzón fue reclutado para sumarse al comité a cargo de enfrentar la denominada guerra judicial o «lawfare» en América Latina denunciada por dirigentes de ese sector, tras los juicios en contra de los expresidentes de Brasil, Dilma Rousseff y Lula da Silva, así como de Argentina, Cristina Fernández. En dicho equipo jurídico, además, participa Enrique Santiago, parte del staff a cargo de las negociaciones de las FARC con el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos, entre 2012 y 2016, año en que se logró el Acuerdo de Paz en dicho país.
Explicando la suspensión de la reunión en Chile, el GDP señaló que la situación tras el 18 de octubre representa un escenario que “no se condice con la intención de unidad para fomentar el progresismo que busca la agrupación” cuya vocación, es buscar la unidad de una centroizquierda actualmente dispersa que se “adueñe del mañana” y frene el “avance de la derecha conservadora” en la región.
En julio de este año, la organización tuvo su primer encuentro en México y en noviembre pasado en Buenos Aires -Argentina- el segundo. La tercera, en Chile, tenía por objetivo “el diálogo, reflexión y articulación política del progresismo, y dado el éxito que ha tenido esta iniciativa a nivel latinoamericano, se buscó replicarla en cada uno de los países, comenzando por Chile y convocando a una transversalidad de líderes progresistas chilenos comprometidos en la unidad y en la reflexión crítica, independiente del partido en el que militen”, como declarara el timonel del partido Progresista (PRO), Camilo Lagos, del que participa Enríquez Ominami.
La organización, que denominan “Progresivamente”, fue creada diez días antes de la XXV Reunión del Foro de Sao Paulo celebrada del 25 al 28 de julio en Caracas, Venezuela, y para varios analistas esta acción no fue casualidad, sino de una estrategia para reemplazar al Foro de Sao Paulo y eliminar, en última instancia, a su contraparte, el Grupo de Lima, pavimentando así -con nueva cara- el camino para un retorno de la izquierda a América latina, tras el fracaso de la conducción de Maduro del citado Foro, según Eugenio Guerrero, coordinador de Investigación de Fundación para el Progreso (FPP). De acuerdo a un artículo de actualidad publicado por RT, el GDP, aunque no tiene presencia explícita del chavismo, apoya al madurismo y se opone a la aplicación del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) sobre Venezuela.
Un Informe redactado por el periodista, político y exdiplomático venezolano, Edgar Omar Contreras Otálvora para Diario Las Américas, resaltó la “vocación” del grupo por recuperar “mayorías de gobierno” y su esperanza en un nuevo “giro hacia la izquierda” en la política continental a partir de su victoria en las recientes elecciones presidenciales en Argentina.
El informe vincula los violentos incidentes acaecidos en Quito, Ecuador, con las actividades de uno de sus miembros: el expresidente Correa. Similar perspectiva muestra respecto de las protestas en Chile, las que, como se sabe, han obligado a sus autoridades a cambiar el rumbo de las tradicionales políticas liberales que caracterizan a los países del Grupo de Lima y al cual se busca confrontar, no solo con una próxima renuncia de Buenos Aires a dicho organismo, sino intentando evitar la reelección a la Secretaría General de la OEA a Luis Almagro e incrementando la influencia del Estado en diversas áreas del quehacer económico y social.
Se trata, como se ve, de una nueva estrategia de la izquierda hispanoamericana para la recuperación del poder político en diversos estados nacionales de la región cuyas ciudadanías han castigado la conducción de sus antiguo líderes centro izquierdistas o de izquierda, votando por gobiernos de centro derecha o derecha. Si bien asimilar los recientes estallidos sociales a su acción política podría estimarse superlativo, pues se trata de dirigentes cuya influencia social y política ha decaído y cuyos partidos y movimientos se encuentran en bajos niveles de adhesión, sus redes internacionales no son despreciables y su poder de comunicación considerable.
En efecto, la ingenua posición de gobiernos democrático liberales concentrados en el saneamiento de las economías post izquierdas, buscando horizontes de deuda y de déficits fiscales ajustados a niveles de desarrollo sostenibles, se ha transformado en puñal de doble filo que los mantienen tensionados entre asegurar el funcionamiento económico de largo plazo, disminuyendo el peso tributario del Estado sobre las personas, traspasando más actividades y libertad de emprendimiento a los particulares y desatando las fuerzas creativas de la gente, o, poner en peligro y/o perder su adhesión popular y gobernanza al limitar el apoyo subsidiario y solidario del Estado hacia sectores con menos fortuna en la búsqueda de sus propia metas.
El delicado equilibrio entre un gasto fiscal responsable, que no ponga en peligro la viabilidad de la economía por exceso de deuda, que no la haga perder su ritmo de crecimiento y desarrollo, que estimule las inversiones, la creatividad y creación de más empleo, y la atenta observación político-social preparada para reaccionar cuando las restricciones presupuestarias que recomienda la responsabilidad fiscal amenazan con estimular reacciones ciudadanas que pueden poner en peligro la estabilidad política y económica del país, constituye un arte de la más fina sintonía y presta inteligencia y empatía de los conductores políticos de centro derecha.
Si bien tras la caída de los socialismos de Europa del este, la expansión de las sociedades de libertad y su fuerte impulso de décadas al crecimiento y mejoramiento del estándar de vida de cientos de millones de personas en todo el mundo parecía haber puesto punto final a una competencia entre sistemas político económico, la reorganización de grupos como el de Puebla, oponen a los gobiernos liberales una obligación de análisis político adicional.
Desde luego, se trata de sectores que insisten en mantener la proa hacia Estados cada vez más grandes y extensos, que ocupen más y más áreas del quehacer de las personas, limitando sus libertades, sustentados en una ideología de derechos exigibles, entre los que, por lo general, no se incluye el de propiedad, presionando, empero, por la expansión de la propiedad pública. Esta tendencia no es casual en la medida que se trata de orgánicas partidarias cuyo objetivo es la coopción del Estado para avanzar hacia una conducción política de la economía, una que se realiza desde una supuesta brega contra la desigualdad e injusticia, pero que, en definitiva, termina restando espacios a la libertad a los ciudadanos y le otorga a los políticos y funcionarios que dirigen el Estado un mayor poder tutelar sobre la ciudadanía.
Y si estos sectores operan con deslealtad democrática y, sin reparar en consecuencias, ofrecen desde la oposición lo que no han podido satisfacer desde el oficialismo con el mero propósito de deslegitimar y destruir un modelo que, a pesar de sus imperfecciones, ha funcionado, los hace cómplices de la supervivencia de la persistente y añeja idea propagandística de que el Estado debe y puede resolver los problemas sociales, sin reconocer que ha sido el Estado el que ha fracasado sistemáticamente al no poder contar con recursos que den respuesta a las demandas populares desalineadas debido a la demagogia, con la tradicionalmente débil capacidad económica nacional,
Insistir en reemplazar todo lo actual por otro sistema que, con certeza, enfrentará las mismas duras realidades y limitaciones en la generación de los bienes y servicios que la ciudadanía demanda, pero, además, perdiendo libertades, transforma a quienes operan obnubilados por la cruda recuperación del poder político en un enemigo poderoso y no necesariamente en el leal y responsable adversario progresista socialdemócrata que la ingenua derecha liberal demócrata se merece. (Red NP)
Norberto Pérez M.
