Imma Guerras-Delgado, líder de la misión en Chile y Ugo Cedrangolo, integrante del equipo, dan a conocer este viernes el informe de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre las protestas en Chile y el Estado de Emergencia.
En el documento de 35 páginas se detallan una serie de situaciones en los que se han visto vulnerados los derechos fundamentales.
Respecto a las conclusiones se señala que “desde mediados de octubre, la mayoría de quienes han ejercido el derecho a la asamblea pacífica lo han hecho de manera pacífica. Sin embargo, han habido numerosos ataques contra miembros de las fuerzas de seguridad y sus instalaciones”.
“De la información recopilada por la ACNUDH, hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”, se sostiene en el documento.
Además se señala que “estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias”.
También se afirma que “ciertas violaciones a los derechos humanos, en particular el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas”.
Respecto a las fuerzas de orden, se apunta a que “Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión”.
“Hay razones fundadas para sostener que ha habido un uso desproporcionado y a veces innecesario de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia”, se añade en relación a dicho punto.
Respecto a las personas lesionadas con armamento no letal, se afirma que “el número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara da cuenta de esta grave violación. Preocupa en particular la utilización de perdigones que contienen plomo”.
Este reporte se suma a los entregados durante las últimas semanas por organizaciones de derechos humanos. Tales son los casos de Amnistía Internacional, dado a conocer el pasado 21 de noviembre pasado, y el de Human Rights Watch (HRW), que se hizo público el 26. Ambos apuntaban a un alto nivel de violencia por parte de agentes del estado desde el pasado 18 de octubre.
Respecto al primero, el gobierno lo calificó de “irresponsable” y lo rechazó categóricamente. El de HRW tuvo una recepción diferente por parte de la autoridad. La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, afirmó que el gobierno recibía con “dolor” los antecedentes dados a conocer por la institución.
La Tercera
