Luego de la aprobación de los cambios constitucionales en el Congreso, podemos afirmar que está diseñado el itinerario para elegir en octubre del próximo año una Convención Constituyente, que debe debatir y concordar por 2/3 de sus miembros el texto de una nueva Constitución, siempre que el plebiscito de abril del 2020 tenga como resultado una opción favorable a esa alternativa.
Esta perspectiva llena de esperanza a muchos e infunde inquietud y temor en otros. Unos ven que se podrá recorrer un camino que permita por primera vez en nuestra historia establecer una Carta Fundamental por métodos plenamente democráticos; los otros se alarman por la incertidumbre que acompaña al proceso y su resultado. Todo dependerá del clima político imperante en los próximos dos años y de la responsabilidad de los ciudadanos, los actores políticos y de los delegados a la Convención.
Hasta ahora el camino diseñado ha generado tensiones y divisiones en la coalición de gobierno y en la oposición. Es probable que, de perdurar, se vayan estableciendo coincidencias transversales en diversas materias, tanto de procedimiento como de fondo, las que pueden ir cambiando el cuadro político actual. La neutralidad del gobierno no es un factor positivo. Este tipo de proceso más bien requiere una actitud decidida de parte de la autoridad capaz de favorecer el clima de las deliberaciones y de respaldar las convergencias entre las corrientes mayoritarias.
Entre los partidarios del proceso constituyente existe una diferencia importante: por una parte, están quienes ven la oportunidad de hacer realidad sus ideas políticas cambiando radicalmente aspectos significativos de nuestra organización social; otros, en cambio, imaginan que la discusión constitucional pueda terminar en el establecimiento de una “casa común”, fruto de un pacto político entre las principales corrientes culturales del país. En el primer caso estaríamos frente a un vuelco radical, como el ocurrido, por ejemplo, en los países que siguieron la experiencia bolivariana, para no hablar de la revolución francesa; en el segundo, se apuesta a que primaría la cultura democrática, tal como ocurrió en la Italia de post guerra, en la España luego de la muerte de Franco o más recientemente en Colombia.
Esta disyuntiva se expresa entre los profesores de Derecho Constitucional. Hay quienes consideran que la futura Convención sería una expresión directa del poder constituyente originario, fruto del movimiento de protesta social que habría sobrepasado los límites jurídicos actuales, y que por tanto no podría estar condicionada por ninguna regla que no fuera decididas por ella misma. Por eso critican el acuerdo político constitucional que dio origen a la reforma de la Carta Fundamental recientemente aprobada en el Parlamento. Este grupo afirma que la tesis de la hoja en blanco, es decir, que la nueva Constitución no será debatida teniendo como referencia la actual, significa también que, en caso de no alcanzarse los 2/3 para aprobar ciertas normas, esas materias quedarían fuera del futuro texto constitucional. Por su parte, la Mesa de Unidad Social ha sostenido que las materias en disputa debieran ser sometidas a decisión popular mediante un plebiscito.
Seguramente, quienes siguen esta corriente plantearán estos y otros temas en la Convención. Este será el primer desafío de esa asamblea: se mantiene dentro de las reglas legales que le dieron origen o asume un poder ilimitado. Si esta segunda tesis se impusiera, se crearía un conflicto institucional de proporciones, con un desenlace desconocido, pero que seguramente no se definiría por los argumentos académicos en juego.
Cabe recordar que en países como Ecuador y Bolivia donde los partidos oficialistas de Rafael Correa y Evo Morales dominaban la asamblea constituyente respectiva, ambos mandatarios tuvieron serias dificultades con su funcionamiento, llegando a destituir a su presidente en un caso y en otro a trasladar el tema al Parlamento para lograr un resultado luego de interminables debates. En Venezuela el problema surgió con posterioridad a la dictación de la nueva Constitución, cuando el conflicto social y político llevó al gobierno a desconocer su contenido, algunos de sus autores se exiliaron y, por último, Maduro convocó a una nueva Asamblea Constituyente paralela al Parlamento opositor para hacerle frente, desconociendo sus fueros y prerrogativas.
La mayoría de los juristas, sin embargo, no se adscriben a esta tesis extrema. Expertos constitucionalistas de diversas orientaciones doctrinarias y políticas vienen reuniéndose y debatiendo los contenidos posibles de una nueva Carta Fundamental desde hace años en instituciones universitarias como la Universidad de Chile y la UDP o en centros de estudio como el CEP. El resultado es asombroso: pese a la diversidad de orientación, entre ellos hay un amplio consenso, que me parece oportuno recalcar y tener en cuenta para disipar aprensiones injustificadas. Este consenso técnico seguramente influirá en forma decisiva en la orientación y resultado final de la Convención.
Los principales temas que seguramente concentrarán los debates de la Convención seguramente serán los siguientes, unos más importantes que otros.
En primer lugar están los temas nuevos, no contemplados en la actual Constitución: si vamos hacia un Estado social de Derecho; el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y la creación de alguna forma de representación propia; consagración del principio de transparencia y reconocimiento del derecho a la privacidad de los datos; la consagración de los derechos de los consumidores; el establecimiento de las bases del movimiento cooperativo; la forma de recepción del derecho internacional en el derecho interno, especialmente el rango de los tratados sobre derechos humanos; los principios de cumplimiento de las sentencias de tribunales internacionales en Chile; la iniciativa popular de ley; la ampliación de las oportunidades para convocar a plebiscito para dirimir controversias entre los poderes colegisladores; el establecimiento del referéndum abrogatorio de ley por iniciativa popular; un sistema de participación ciudadana en diversos niveles; establecimiento de una justicia contencioso administrativa en forma.
Luego están los temas relativos a instituciones ya contempladas por la actual Constitución: régimen político y nuevo impulso a la regionalización; consagración de los derechos económicos y sociales en forma más eficaz; extensión del recurso de protección; regulación de los derechos de aprovechamiento de agua; desarrollo del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; modernización del proceso legislativo y rebaja de los quórum para aprobar leyes orgánicas; regulación de la facultad reglamentaria autónoma del Presidente de la República; revisión del estatuto de la Contraloría General de la República; discusión sobre el mandato del Banco Central autónomo; el estatuto de las FF.AA. y de Orden y Seguridad y eliminación del Consejo de Seguridad Nacional; mayor flexibilidad del proceso de reforma constitucional.
Si predomina esta tendencia de cambios acotados dentro de nuestra cultura constitucional, asumiendo todos los cambios positivos que ha habido desde 1990 a esta parte como un piso común, entonces es dable esperar que los 2/3 no sean un obstáculo insalvable para el éxito de la Convención.
Si miramos la experiencia italiana o española, en esos casos los líderes políticos fueron decisivo para que todos aceptaran que el nuevo pacto social suponía renuncia de las aspiraciones de cada cual. Por ejemplo, en la Italia de De Gasperi, Nenni y Togliatti favorecieron que la izquierda aceptara el Tribunal Constitucional y la DC la llamada cláusula Basso, que establece el deber del Estado de remover los obstáculos para la realización de los derechos humanos, luego de un referéndum en que los ciudadanos optaron por la república. En España la izquierda aceptó la monarquía constitucional. Una de las mayores dificultades que se pueden advertir en nuestro caso es la ausencia de liderazgos que puedan favorecer los acuerdos sobre puntos difíciles. Ese papel podría ser cumplido por los ex Presidentes de la República y por Sebastián Piñera.
Es de esperar que vaya mejorando el clima social y político del país, que las aspiraciones de aquellos cambios de la población que tienen un cariz más general, se canalicen a través del proceso constituyente delineado y que prime el espíritu de diálogo entre los asambleístas. Porque si fracasara la Convención, seguiría el statu quo jurídico que ha contribuido a provocar el estallido o movimiento social de protesta. (El Líbero)
José Antonio Viera-Gallo
