Pese a que las apuestas corrían sobre un mal resultado, las cifras que finalmente arrojó ayer la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) no dejaron de sorprender, especialmente por el demoledor rechazo (82%) a la figura del Presidente Sebastián Piñera, y la caída en picada de 19 puntos de su nivel de respaldo ciudadano, que lo dejó solo con un 6% de apoyo.
Si esos resultados fueron malos, las expectativas económicas no resultaron mejores. Según CEP, un 56% calificó la actual situación económica del país como mala o muy mala, el guarismo más alto que se ha registrado en más de 14 años. De hecho, ni siquiera para la crisis económica del 2008 se llegó a ese nivel de pesimismo en este ámbito. No solo eso, en relación con el mismo sondeo de mayo del 2019, aumentó 19 puntos.
La expectativa de la gente a un año plazo sobre la situación económica nacional no es mejor. El 50% cree que no cambiará a las condiciones actuales, un 27% –diez puntos más que en mayo– cree que será peor y solo un 20% que mejorará.
Si bien son instrumentos distintos, la percepción ambiente que reflejó CEP coincidió con la mirada y análisis que hizo la consultora Gemines –ligada a Guido Romo, Alejandro Fernández y Tomás Izquierdo– en su informe mensual. «¿Se acabó la paciencia?», fue la pregunta que plantearon.
En materia económica, el informe analizó un punto de total relevancia, particularmente para el Gobierno: el empleo. Según las cifras del INE, detallaron, todo sigue como si nada hubiera pasado en el mercado del trabajo. En el trimestre móvil terminado en noviembre, el empleo crece 1,4% y la tasa de desempleo se situó en 6,9%, apenas una décima por sobre la de igual período de 2018.
Pero el problema es que el «golpe» se acusa a nivel de las remuneraciones. De acuerdo a los antecedentes, el empleo creció en 118.200 personas en doce meses, incluyendo 45.290 en la construcción, 24.580 en el comercio y 3.010 en alojamiento y restaurantes, supuestamente tres de los sectores más afectados en los últimos 3 meses.
«Si nos remitimos a las categorías ocupacionales, los asalariados en el sector privado aumentaron en 66.590 personas, elevando su crecimiento a 1,4% en doce meses. Pero, por el lado de las remuneraciones, se aprecia una desaceleración significativa en su crecimiento, ubicándose en 4,1% nominal en los doce meses a noviembre, su tasa más baja desde enero de 2019 y 1,2% en términos reales, que es la más baja desde diciembre de 2018. La masa salarial, en consecuencia, redujo su crecimiento a 2,7%, el más bajo desde febrero de 2019 y en rápida desaceleración respecto de lo observado hasta septiembre, mes en que la masa salarial mostraba un crecimiento de 4,3%», explicó Fernández.
Estrechamente de la mano de lo económico, el informe mensual de Gémines recalcó que la clase política no ha estado a la altura del conflicto que se generó tras el estallido social de octubre. «La reacción de los líderes políticos de la oposición y sus parlamentarios fue y sigue siendo, con honrosas excepciones, muy decepcionante. Algunos pedían la renuncia del Presidente ya el día 19 de octubre, mientras muchos otros tomaban palco para ver el espectáculo, ver qué réditos políticos podían cosecharse del hecho de que el Ejecutivo no era capaz de contener la crisis, ni menos de liderar una eficiente conducción política de la misma», señaló Izquierdo.
En su análisis, hizo hincapié en que la oposición ha mostrado su peor cara, pues ha estado dedicada a las acusaciones constitucionales e interpelaciones, sin asumir sus responsabilidades legislativas y criticó que «se muestra siempre insatisfecha con las concesiones del Ejecutivo, siempre es insuficiente, a pesar de que en la práctica el Gobierno entregó completamente su programa original».
Para Gemines, hoy todo está en un punto en que se pueden cometer profundos errores: «La ambición puede romper el saco”. «Si la oposición se juega por el todo o nada, obtendrá menos, simplemente porque provocará un cambio reactivo por parte de la alianza de Gobierno, que disminuirá su disposición a seguir corriendo el cerco, y lo más relevante, un cierto hastío de la sociedad civil, que aunque apoya muchas de las demandas sociales, no está dispuesta a la destrucción total del sistema y a seguir avanzando hacia una suerte de Estado fallido o anarquía generalizada. Esto ya comienza a reflejarse en las encuestas, donde los partidos de oposición muestran un desgate mucho mayor, con significativamente más rechazo ciudadano en relación a los partidos de Gobierno», reza el informe .
Uno de los puntos que, precisamente, contribuye a a que se agote la paciencia sería lo sucedido con la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Los 40 mil jóvenes que no pudieron rendirla y sus familias, dijeron los analistas, pueden ser un catalizador de una molestia transversal con el Gobierno, que, otra vez, reaccionó equivocadamente ante los hechos. «La reacción, primero de la UDI y luego de parte relevante de los principales actores políticos de Renovación Nacional (Evópoli está ‘en reflexión’), llamando a votar rechazo a una nueva Constitución en el plebiscito de abril, con seguridad será el primer paso en orden a contener esta suerte de chantaje violento en el cual directa o indirectamente está involucrada la oposición. Son pocos los dirigentes políticos de la oposición que han sido explícitos y sistemáticos en rechazar las distintas formas de violencia que han acompañado al movimiento social, actitud que tiene algo de oportunismo, cálculo político pequeño y franca ausencia de vocación republicana», agregó Izquierdo.
Ante este complejo y tenso panorama político-económico, Gemines planteó que el camino ahora es apuntar a que, así como los actores políticos demostraron su habilidad cuando firmaron el acuerdo de la madrugada del 15 de noviembre que dio inicio al proceso constituyente, ahora el Gobierno –acompañado de otros actores– debe converger hacia un gran pacto social. Un acuerdo que, explicaron, debe provenir del Ejecutivo y contar con el respaldo transversal de los partidos políticos, una hoja de ruta con objetivos, plazos e instrumentos que permitan avanzar responsablemente en una agenda social de corto, mediano y largo plazo.
«A este acuerdo tienen que concurrir las principales agrupaciones sociales, llámese la CUT y los gremios de trabajadores, los empresarios a través de la CPC, los representantes de las pymes, los partidos políticos y el Gobierno. Si se logra un acuerdo amplio, donde todos ceden, con “una foto en la firma” que represente a todos los estamentos antes señalados, se da un paso decisivo para encauzar políticamente la crisis y contener las vías violentas y antisistémicas. El tiempo apremia y marzo se acerca. Es fundamental avanzar decididamente hacia un acuerdo que garantice gobernabilidad en el transcurso de estos meses, de manera de llegar a marzo con algo concreto y contundente», sentenció el informe mensual. (El Mostrador)
