En los próximos meses, nuestro país vivirá varios eventos electorales importantes. Los principales y demarcadores serán, sin duda, el plebiscito constitucional primero, y luego la elección de la Convención Constitucional que fijará los términos de la política democrática para las próximas décadas.
Todos los demás desafíos electorales han de sujetarse a estos dos hitos. Cada uno de ellos, dentro de sus especificidades, contendrá la tensión que enfrentaremos mantener el orden neoliberal, la institucionalidad que lo sostiene y la cultura en la que descansa, o iniciar su transformación, la construcción de un Chile posneoliberal.
Hoy, cuando parece haber una demanda de unidad sin condición alguna, es importante recordar que sobre esto ya hay experiencia. En efecto, ha habido proyectos transformadores enarbolado en conjunto que después algunos de los levantaron declararon no conocer. Parte de la dimensión destituyente del movimiento del 18 de octubre, que impugnaba la política institucional, se explica por una política de convergencias electorales sin unidad de propósito. El 18 de octubre Chile cambió, y la política debe cambiar correspondientemente.
Hoy la unidad es una exigencia; pero requiere ser una unidad con contenido político. La unidad es un proceso, no un acto mediático. Por eso, para la elección de los constituyentes se deberá generar una lista que permita la derrota de la derecha, sobre la base de acuerdos mínimos que aseguren que la nueva Constitución no se limitará a reproducir, con otras palabras, la ideología neoliberal de la Constitución de 1980. Esta ha de ser una unidad de organizaciones políticas y especialmente sociales.
¿Cuáles son esos contenidos? A mi juicio, el primero comienza donde nos ha dejado la Constitución tramposa: en una situación de tal deslegitimación, que la idea democrática de que el poder viene del pueblo no tiene realidad en la experiencia de las personas. La nueva Constitución deberá construir un poder democrático que haga a la democracia real, no como idea, sino como experiencia. En segundo lugar, la abolición de las AFP, y la creación de un sistema solidario de pensiones dignas; el aseguramiento de derechos sociales universales en salud, educación y vivienda, y de la igual participación de la mujer en los espacios públicos y privados de poder. En tercer lugar, la soberanía estatal sobre las aguas y otros recursos naturales estratégicos, y un rol activo del Estado en la economía.
La necesidad de una unidad posible un proyecto de transformación es hoy transversalmente sentida. No es útil que sea un acuerdo de grupos políticos, sino con la sociedad. Esa unidad social y política no puede reducirse a acuerdos de directivas, sino debe consistir en una convergencia en contenidos que identifiquen y hagan creíble un proyecto común. Ese es el desafío actual, y para eso estamos. (La Tercera)
Fernando Atria
