El proyecto político de la izquierda es avanzar hacia un Estado de Bienestar. La crítica que este sector ha formulado al principio de subsidiariedad se traduce, a nivel programático, justamente en este proyecto. Por su parte, el esfuerzo intelectual y político de Fernando Atria –que sin duda ha sido muy influyente– apunta en la misma dirección. Entre los principales problemas del Estado de Bienestar podemos mencionar dos.
El primero es que confunde lo público con lo estatal. Bajo esta confusión subyace la idea de que el Estado es el primero y principal responsable de la consecución del bien común. Jurídicamente esto significa que el Estado tiene la potestad para reservarse y asumir la titularidad de las actividades socialmente esenciales. La consecuencia más importante de lo anterior es que estas actividades se excluyen de la esfera de la libre y espontánea iniciativa de los particulares. De ahí que los ciudadanos que quisieran participar de la gestión de estas actividades, solo pueden hacerlo –bajo este proyecto– de modo derivativo, es decir, en virtud de concesiones administrativas.
El segundo problema es aún más profundo, y tiene que ver con el modo en que se comprende la realización de la persona en comunidad. Para el Estado de Bienestar, el ciudadano debe aportar con el bien común a través de los impuestos, pero lo propio de él, aquello que lo caracteriza en cuanto tal, es reclamar la satisfacción de las necesidades públicas. Es decir, el Estado de Bienestar reduce y casi anula la dimensión social del ciudadano, que es de responsabilidad, y exalta la dimensión individual, que se entiende como una dimensión de reclamo y exigencia.
Lo anterior configura una sociedad profundamente individualista. En vez de reforzar el compromiso de los ciudadanos para con el bien de la comunidad de la cual son miembros, el Estado de Bienestar propone una relación instrumental del individuo con la sociedad. En definitiva, lo que verdaderamente importa –en palabras de Fernando Atria– es generar las condiciones para que el ciudadano reciba el servicio que corresponda.
Lo cierto es, sin embargo, que ninguna sociedad puede florecer verdaderamente sin el compromiso vital de sus integrantes. Esto significa que las acciones de los ciudadanos –al contrario de lo que considera el Estado de Bienestar– tienen trascendencia pública y que depende de todos y cada uno la realización del bien común. En este marco, la labor del Estado no es capturar lo público, sino asistir y colaborar para que las personas y agrupaciones sociales asuman sus propias responsabilidades y, de este modo, logren efectivamente realizar su aporte al bien de la sociedad.
Es verdad que el Estado debe adoptar un rol social más intenso que el actual. Pero eso no es sinónimo de Estado de Bienestar. Al contrario, si buscamos superar el individualismo que tanto daño nos ha causado, el proyecto político de la izquierda es el peor camino que podemos escoger. (El Líbero)
Cristóbal Aguilera
