Cuando la actual pandemia termine, o amaine, seremos un país con más desempleo, más desigual, más endeudado y más pobre. Según el Banco Mundial, en los hogares donde una persona perdió el empleo, el ingreso medio bajó en 40%; pero para las familias vulnerables y de clase media, las transferencias del Estado casi no mitigaron dicha caída. Los ciudadanos han pagado gran parte de la cuenta de la crisis con sus ahorros previsionales.
Recordemos que a la actual administración le quedan solo diez meses de Gobierno. A partir de marzo, queremos ofrecer algo distinto, una propuesta para avanzar hacia un Estado de Bienestar moderno, que ponga en práctica las aspiraciones ciudadanas y la nueva Constitución.
Los votantes seguirán recibiendo ofertones de todo tipo, pero se necesita una visión seria, basada en números, y que responda a las urgencias. Por eso, proponemos un plan de justicia tributaria con mayores ingresos permanentes al Estado. Desde hace rato Chile recauda menos de lo que gasta. Incluso, recaudamos menos que el promedio de la OCDE cuando tenía nuestro ingreso, con una distribución que cambia poco antes versus después de impuestos.
Nuestra propuesta parte de una meta: “cinco por cinco”. Es decir, recaudar de forma permanente cinco puntos extras del PIB, en cinco años plazo. Esta sería la mayor reforma tributaria desde el retorno a la democracia, convergiendo a los países OCDE.
Este pacto de justicia tributaria será progresivo y sustentable. Un principio central es que los que más tienen deben efectivamente pagar más. No es justo que los grandes patrimonios (“super-ricos”) no paguen su cuota correspondiente. Por eso, más que propuestas de corto plazo y con tasas que en el papel se ven altas, nos aseguraremos de que paguen un impuesto permanente por todos sus ingresos globales, sin elusión.
Promoveremos todas las herramientas que limiten las exenciones, la elusión y la evasión; sin esto, de nada serviría tener enormes tasas tributarias. A fin de que la recaudación sea eficaz, los bancos deberán informar al Servicio de Impuestos Internos de los saldos relevantes. Cooperaremos en un Pacto Global Anti-Elusión para evitar la erosión de la base tributaria, tanto a nivel de personas como de multinacionales. Y entre varias exenciones a eliminar, están los impuestos por ganancias de capital, apoyando la innovación real, pero no la elusión.
Se incrementarán ingresos por rentas de recursos vía royalty y similares, protegiendo el empleo y los encadenamientos, pero con cobros realmente progresivos cuando el precio sube —un super-royalty—, y con mayor certeza jurídica para la competitividad. Otros bienes nacionales de uso público también deberán aportar.
Nuestro sello de campaña es que la reforma sea sustentable en todas sus dimensiones. Por eso, tendremos impuestos verdes para que las inversiones limpias desplacen a las sucias. En lo social, necesitamos más protección que facilite el traslado al empleo formal, favoreciendo especialmente el empleo de las mujeres —el que más cayó en la crisis—, además de otras medidas en pro de la equidad de género; por ejemplo, en pensiones.
Nada de lo anterior se logra sin equidad territorial y eficiencia estatal. Por eso, parte de los fondos apoyará la innovación y beneficios regionales, incluidos la remediación ambiental en “zonas de sacrificio”. En la misma línea, mejoraremos la capacidad de ejecución de proyectos regionales y municipales. En nuestro Gobierno cada proyecto fiscal se medirá en lo que logremos, y no en gastos que no llegan a tiempo. Recaudar más y gastar bien será un principio orientador.
Este esfuerzo colectivo de justicia tributaria constituye, en nuestra opinión, el camino más seguro para asumir los desafíos impostergables del nuevo Chile.
Heraldo Muñoz
Paulina Nazal
Annie Dufey
Marcelo Mena
Álvaro García
Rodrigo Wagner
