En octubre de 2014, la Corte Suprema ordenó la libertad de C.E.V.M., quien desde 2008 estaba condenado por robar vehículos y asaltar una residencia en la VI Región. Esto, luego que el reo acudiera hasta el máximo tribunal para exigir que el Ministerio de Justicia firmara el decreto de rebaja de condena que había sido otorgado por la comisión que entrega este beneficio.
Esta es una de las tantas “batallas” que el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, ha librado por este tema desde que llegó a la cartera e impuso su política de revisión. Una de sus primeras medidas fue analizar los antecedentes de los reclusos que recibieron la rebaja de condena . A su juicio, en cientos de casos no se cumplían los requisitos enmarcados en la Ley 19.856, por lo cual ha decidido no firmar los decretos que habían sido emanados por la Comisión de Beneficio de Reducción de Condena (compuestas por jueces y tres miembros del ministerio), entidad encargada de revisar las postulaciones de los reos y que por ley debe entregar los beneficios si se cumple con los requisitos.
Las constantes negativas de autorizar la disminución de las condenas fue resistida por los reclusos que habían sido beneficiados. Esto derivó que la disputa llegara a los tribunales, vía recursos de amparo. En este sentido, la decisión de los ministros de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones ha sido prácticamente unánime: es la comisión la entidad que tiene la potestad de entregar este beneficio y al Ministerio de Justicia solo le queda acatar y firmar los decretos. “El actuar de la administración ha vulnerado la libertad personal del amparado, ya que a través de su conducta ilegal y arbitraria, al actuar sin facultades para ello y sin una razón justificada, le ha impedido gozar del beneficio de rebaja de condena”, dice el fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua que benefició a C.E.V.M y que fue confirmado por la Corte Suprema.
Según cifras que maneja Justicia, y a la que accedió La Tercera, el año 2012 se dictaron 4.300 decretos de rebaja de condena y 5.777 en 2013. El análisis también señala que en los primeros tres meses de 2014, durante la administración de Sebastián Piñera, se firmaron 849 documentos. No obstante, desde que asumió Gómez, se han otorgado 909 decretos y otros 547 fueron dictados “obligados” porque los internos ganaron recursos de amparo. Finalmente, a 205 condenados se les rechazó la rebaja de pena.
Desde el Ministerio de Justicia señalaron que en caso que se hubiera firmado el decreto de estas 205 personas, hubieran salido en libertad. Esto no ocurrió, agregaron, porque al cartera negó la reducción y no han presentado recursos en tribunales superiores, por lo que se hizo efectiva la negativa del beneficio.
Esta situación también quedó plasmada en el acta final elaborada por la “Comisión de Beneficio de Reducción de Condena”, de fecha 25 de noviembre de 2014. “Esta comisión deja constancia que a la fecha de inicio de su periodo ordinario de funcionamiento -5 de noviembre de 2014- en los listados de internos postulantes a esta ley existían muchos de ellos que objetivamente, y de acuerdo a lo actuado y resuelto por comisiones anteriores, debieron haber estado en libertad a dicha fecha”.
VERSIÓN DEL MINISTRO
Sobre este tema, el ministro Gómez indicó que “de la revisión que hemos hecho de los expedientes, hay muchos de ellos que no cumplen con los requisitos. No cumplen con educación, no cumplen con trabajo, rehabilitación, y, por lo tanto, hemos dicho que la obligación del ministerio es evitar que salgan a la calle delincuentes como violadores y asaltantes”.
Agregó que “hemos ido rechazando aquellas que no cumplen con las condiciones que la ley establece. Sin embargo, la Corte le ha dado la facultad a la comisión (para otorgar la libertad)”. Según Gómez, los criterios de los tribunal han cambiado con los años: “en 2003 la misma Corte Suprema dijo que (la comisión) era una instancia asesora y que determinar si se daba la libertad, correspondía al Ministerio de Justicia. Esa doctrina la han cambiado”. (La Tercera)
