Sólo un general del Ejército ostenta una franja de cuatro estrellas blancas sobre el fondo rojo en el uniforme con el que se viste para los más importantes actos del país. Se trata de quien ha ascendido al cargo de comandante en jefe del Ejército, la máxima autoridad de la institución castrense.
El próximo miércoles 9 de marzo hay cambio de mando y el general Ricardo Martínez entregará el sable de José Miguel Carrera -símbolo del traspaso de autoridad en el mundo marcial- a Javier Iturriaga, quien lo sucederá en los próximos cuatro años. El problema es que la asistencia del primero a la ceremonia que se realizará en la Escuela Militar está en riesgo. Esto, porque el actual mandamás de la milicia chilena está citado a declarar como inculpado por la ministra en visita Romy Rutherford, quien investiga el caso denominado “fraude en el Ejército”.
La diligencia, hasta ahora agendada para este jueves 3 de marzo a las 9 horas, en el despacho de la magistrada, ha complicado la salida del general Martínez y ha generado tensión en las altas esferas militares. El comandante en jefe es requerido en la arista “pasajes aéreos”, una de las tantas que tramita la magistrada y en la que se indaga a agencias de viajes que planificaban vuelos y estadías más baratas que dejaban un saldo a favor que no era devuelto al erario fiscal. Muchas veces se terminaron por costear traslados personales o incluso en los propios bolsillos de los oficiales.
Este es el caso que complica a Martínez y la situación se ha vuelto una encrucijada tanto para el Ejército como para el propio gobierno, que ve con preocupación que tras el interrogatorio, Martínez se transforme en el primer mandamás de la institución en ser detenido y luego procesado estando en servicio activo. Sus antecesores, en cambio, han enfrentado a la justicia ya retirados de sus funciones.
Por lo mismo, hoy hubo una petición expresa por parte de la defensa del alto oficial, que dirige el penalista Juan Carlos Manríquez, de que la magistrada reagende la pesquisa, en el entendido de que Martínez quiere colaborar con la justicia, pero hay conciencia de que una diligencia de este tipo podría impactar en la ceremonia de traspaso de mando que será encabezada -como uno de los últimos actos públicos de la actual administración- por el Presidente Sebastián Piñera.
La jueza Rutherford, tras recibir en audiencia al abogado, deberá decidir durante la jornada si existen antecedentes que justifiquen la postergación de la pesquisa una vez que el oficial haya dejado el mando y sea un general retirado o mantiene la citación. Es de esta decisión que dependerían los próximos días de Martínez.
En La Moneda están atentos a lo que ocurrirá durante la jornada. De persistir el interrogatorio esta semana, no pocos sostienen que se espera un gesto de Martínez, y es que renuncie antes de empañar el cambio de mando, independiente de que sus asesores aseguran su inocencia en lo que respecta a la arista por la cual fue citado.
Lo cierto es que el último comandante en jefe que entró al despacho de Rutherford, Óscar Izurieta, nunca volvió a ver la luz del sol: fue procesado y se mantiene detenido en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, recinto castrense al que van a parar los militares imputados por la malversación de caudales públicos que indaga la ministra de la Corte Marcial.
Ahora, de reagendarse, otro sería el destino de Martínez. Por eso será tan clave el pronunciamiento que haga la magistrada el día de hoy ante el clamor de la defensa del número 1 del Ejército.
De hecho hoy, de forma reservada y a primera hora, tras conocerse públicamente su citación, el comandante en jefe sostuvo una reunión con el ministro de Defensa, Baldo Prokurica. Conocedores de la cita aseguran que principalmente se habló de la Cuenta Pública de su mandato -que se concretará este miércoles 2 de marzo-, en la que Martínez hablará a sus tropas y a la ciudadanía.
En la ocasión presentará, además, las memorias de los últimos 50 años del Ejército. Asimismo, se habría comentado la decisión de la magistrada de citarlo justo en su última semana, las estrategias de defensa y los planes B que se urden en el caso que se dé el peor escenario judicial.
En el Ejército, en tanto, hay dos visiones sobre lo que debe hacer o no Martínez. Por un lado, hay quienes creen que mientras no esté oficializado un eventual procesamiento sobre el comandante en jefe no debería dar un paso al costado y -por el contrario- afrontar a la justicia frente a conductas que en el seno del Ejército -aseguran- no son delito.
En ese sentido, agregan que si bien la diligencia del interrogatorio es el jueves, lo que pase allí depende exclusivamente de la jueza Rutherford. Por lo mismo, ejemplifican, que si no queda detenido o no lo procesa habría sido innecesaria la renuncia, precipitándose así a algo que no estaba claro aún.
En la vereda contraria a esta posición hay uniformados que creen que es mejor no arriesgarse. “Puedes exponerte tú, pero el cargo jamás”, dice una alta fuente militar, quien agrega que el ir a presentarse como comandante en jefe activo, y arriesgarse a la posibilidad de ser detenido o procesado, es muy alto.
Además, agregan que el jueves solo restarían seis días para entregar el mando a la nueva máxima autoridad del Ejército, el general Iturriaga, por lo que sería activar una tensión y ruido innecesarios y “manchar una ceremonia que debe salir impecable, sobre todo ante las autoridades salientes y entrantes”, agrega otra fuente militar consultada.
Todo está en manos, nuevamente, de las decisiones que tome la ministra de la Corte Marcial, cuyas implicancias podrían afectar el traspaso de mando en la institución castrense. (La Tercera)
