En cada atentado materializado por las orgánicas radicalizadas y terroristas en la macrozona sur existen dos consignas básicas: la primera, el fin del estado de emergencia, con la consecuente salida de los militares, y, la segunda, la libertad de los mal llamados “presos políticos mapuche”. Un ejemplo claro ocurrió el 22 de diciembre pasado, cuando la Resistencia Mapuche Lafkenche exigió el retiro de las FF.AA. y la libertad de ocho personas vinculadas a la referida orgánica condenadas por el asesinato de un comunero mapuche, don Eleodoro Raiman, y la quema de 31 cabañas en Contulmo, en el mayor atentado a cabañas desde el primer ataque registrado en 1997. Este hecho se repite una y cien veces.
Esta primera consigna nace porque indudablemente el estado de emergencia ha significado un avance en el combate al terrorismo, al narcotráfico y al crimen organizado en la zona. Son más de dos mil efectivos de las FF.AA. desplegados en apoyo a la labor policial, con una estrategia de disuasión, visualización e intervención clara: un 45% menos de hechos de violencia, un 8% menos de atentados incendiarios, un 73% menos de usurpaciones, más de 185 detenidos, 70 mil controles mixtos y la posibilidad de ejecución de planes preventivos como el Plan Cosecha, que contribuyó a la seguridad alimentaria del país con más de un millón de toneladas de cereal cosechado.
Por ello, el 81,56% de los consultados en La Araucanía estuvo a favor del estado de emergencia, y el Congreso Nacional ha prorrogado nueve veces su vigencia, algo inédito en nuestra historia democrática. Con todo, sabemos que la realidad de la violencia que afecta a familias mapuches y no mapuches subsiste. Lo vivió en carne propia la ministra Siches en su cuestionada visita a la Temucuicui.
La segunda consigna que se reitera en los atentados corresponde a la liberación de quienes el mismo Gobierno llamó “presos políticos” y que son reivindicados en cada atentado. Son 416 los protagonistas de la violencia identificados en la macrozona sur, pertenecientes en su mayoría a siete orgánicas. De esos, 84 hoy están en las cárceles. No están ahí por su forma de pensar, sino por delitos como asesinato, tráfico de drogas, secuestro, torturas, atentados incendiarios y graves hechos de violencia a familias mapuches y no mapuches. En esto, incluso el fiscal regional de La Araucanía fue muy claro: “no existe ninguna imputación de carácter político”.
En ese sentido, llama la atención la decisión del Gobierno de no querellarse por el atentado de la Resistencia Mapuche Malleco que sufrió la comitiva de la ministra y la nomenclatura de “presos políticos” utilizada por la autoridad del gobierno interior. Una cosa es el diálogo, y otra, la relativización de la violencia y su justificación como medio de acción política. Apuntar a lo segundo es un profundo contrasentido con la democracia. Más cuando es de público conocimiento que dichos grupos instrumentalizan las legítimas demandas del pueblo mapuche para esconder sus ilícitos lucrativos, como tráfico de drogas, robo de madera o tráfico de armas y municiones.
A estas alturas, surge la pregunta: ¿a quién está escuchando el Gobierno? La respuesta lamentablemente está siendo muy clara: a las orgánicas radicalizadas y terroristas que operan en la macrozona sur. Espero, por el bien de las familias mapuches y no mapuches, que se enmiende el rumbo: no es contradictorio el diálogo con el imperio del Estado de Derecho. (El Mercurio)
Pablo Urquízar M.
Ex coordinador nacional de Seguridad de la Macrozona Sur.
