Las contradicciones se han agudizado con las declaraciones disonantes entre la ministra del Interior, Izkia Siches; el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, y el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, respecto de “los presos políticos mapuche”.
El concepto de preso político o preso de conciencia, en términos simples, se refiere a quien se persigue y se priva de libertad por sus ideas, que van en contra de la esfera pública y por tanto se las reprime con la falta de libertad arbitraria. En este contexto, este tipo de situaciones se da en regímenes que vulneran las libertades públicas y los derechos civiles.
A partir de lo anterior, debemos entender que en Chile no existen presos políticos mapuches, dado que las personas procesadas y aquellas que han sido condenadas y que perteneciesen al pueblo mapuche lo han sido en razón de procesos judiciales iniciados ante hechos constitutivos de delitos comunes, tipificados en la legislación penal general.
De igual forma, Chile goza de una democracia de alta intensidad, según información de los organismos internacionales como Freedom House.
La simple secuencia de inicio y término de los procesos judiciales nos demuestra con claridad la aseveración anterior. Tomemos por ejemplo un proceso judicial por el delito de incendio. La investigación se inicia ante la constatación de un hecho que se corresponde con el tipo penal y en el curso de la investigación se imputa su autoría a una persona. Si las probanzas y diligencias conducen a una sentencia condenatoria, será indistinto para tal veredicto su pertenencia a un pueblo originario o la sustentación de un determinado pensamiento ideológico.
Si en cambio estuviéramos ante un preso político o de conciencia, no será necesaria la perpetración de algún hecho delictual, se le perseguirá y condenará por el solo hecho de sostener o promover ciertas ideas.
Si aun considerando lo anterior se esgrimiera la forzada hipótesis de que en Chile se instrumentalizan procesos judiciales por delitos comunes para condenar personas por su pensamiento político o su pertenencia a un pueblo indígena, su sostenimiento solo sería posible por medio de una amplia orquestación entre fiscales, querellantes, testigos, peritos y tribunales en todas sus instancias, lo cual resulta lisa y llanamente impracticable, más aún bajo la lupa permanente de los medios de comunicación, las redes sociales y los organismos nacionales e internacionales que velan por la transparencia y el respeto de los derechos y garantías de las personas.
En cuanto a ciertos imputados, a quienes se les investiga por determinados delitos, respecto de quienes se decreta prisión preventiva y finalmente son absueltos, ello se explica a partir del propio sistema procesal penal.
Los tribunales de justicia tienen la facultad para decretar y mantener en prisión preventiva, para lo que se requieren solo indicios de participación, a diferencia del estándar necesario para condenar, que requiere que el tribunal deba adquirir una convicción más allá de toda duda razonable, de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación, y que en él hubiere correspondido a los acusados una participación culpable y penada por la ley.
Ello es así respecto de cualquier persona a la que se investiga por cualquier delito, sea o no perteneciente a un pueblo originario y sea cual sea su ideario político.
En conclusión, se puede tener la certeza de que en nuestro país no existen presos políticos mapuches y así lo han reconocido organismos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que goza de autonomía e independencia en su misión de informar, promover y cooperar en el respeto y promoción de los Derechos Humanos en nuestro país, lo que se refuerza con lo señalado en mayo de 2021 por José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, al manifestar enfáticamente: “No hay presos políticos en Chile”.
La situación actual contrasta nítidamente con lo acontecido en otras etapas de nuestra historia, como durante el gobierno de la dictadura militar encabezada por el general Pinochet, donde efectivamente existió la prisión política, además del exilio, tortura, desaparición y muerte para muchas personas que fueron partidarias del gobierno de la Unidad Popular o que manifestaron ideas contrarias al régimen militar, es decir, solo por sostener un ideario político determinado.
Andrés Jouannet
Diputado, exintendente de La Araucanía
