Se dice que las fuerzas armadas están preocupadas por la implementación de un estado intermedio, algo que en las mentes de los políticos y del común de los ciudadanos está más cercano a lo que en su minuto fue el proyecto de protección de infraestructura crítica que levanto Alberto Espina cuando era ministro de defensa, que, a un estado de emergencia, uno de los estados de excepción constitucional disponibles en la constitución de Lagos, aunque les parezca que venga de los cuatro generales según nos recuerda una importante autoridad nacional.
Y están en lo correcto de estar preocupadas, pero no están necesariamente preocupadas por la existencia de un nuevo estado constitucional. Lo están porque se les quiere meter en labores propias de Carabineros, y a ello se suma que independiente de que sea estado de emergencia, o en lo que sería la protección de infraestructura critica o en este nuevo invento político, ellas no cuentan con el régimen jurídico que proteja a sus integrantes cuando deben actuar haciendo uso de su armamento, las reglas de uso de la fuerza son difíciles de entender y complejas de aplicar, y que ante el primer problema las autoridades políticas no apoyan el accionar y dejan solas a las instituciones y sus equipos. Esto último no es ficción y es cosa de ver la evidencia que existe toda vez que las fuerzas armadas han debido actuar, sea bajo los gobiernos de Sebastian Pinera, Michelle Bachelet o el actual de Gabriel Boric.
El único estado de excepción constitucional aplicable a casos como los que se viven en la macrozona sur bajo el cual las instituciones de la defensa se sienten algo cómodas, es bajo el estado de sitio, un estado en el que rige el código de justicia militar, el cual está diseñado para estados como el recién indicado o el estado de asamblea que rige en caso de guerra externa.
La realidad es que cuando ha habido problemas o las patrullas militares o de la marina han tenido que actuar, terminan siendo juzgadas por juzgados civiles, investigadas por el ministerio público, y lo que es peor, teniendo que cada uno de ellos pagar sus propios abogados porque el estado no permite que las instituciones se hagan cargo de sus defensas. Cosa de preguntarles a los infantes de marina que actuaron en Cañete, y a los carabineros, los cuales también están afectados por el mismo problema, un problema que ellos no eligieron y al cual están obligados a concurrir.
En Chile es hora que la autoridad ejecutiva no tenga temor a actuar y a llamar las cosas por su nombre, que las policías hagan lo que les es propio, que las fuerzas armadas sean empleadas solo excepcionalmente en labores no principales y no como ha sido la norma en los últimos años en que han estado empleadas en el estado de catástrofe por la pandemia, apoyando las policías en la frontera norte, en estados de excepción que se han gatillado por la insurrección en la macrozona sur, la inmigración desatada que nos llega desde Venezuela y que nos ingresa desde Bolivia.
En Chile es hora de que los políticos se hagan cargo de los problemas que enfrentamos y apoyen el actuar de las instituciones de orden y seguridad, que el sistema judicial, incluyendo el Ministerio Público, actúe y sea efectivo, que las policías cumplan sus mandatos constitucionales y no tengan temor a actuar, y que rija el estado de derecho. Si todo ello sucede y funciona, las fuerzas armadas podrán ser empleadas solo excepcionalmente cuando sea necesario y no todo el tiempo como ha sido la norma de los últimos tiempos. La idea es no pedirle al gato que saque con sus manos las castañas del fuego, y dado que el gato ya se ha quemado las manos en mas de alguna oportunidad, no quiere meterlas nuevamente y es por eso que está preocupado y haciendo saber su preocupación. (El Mostrador)
Richard Kouyoumdjian Inglis
