Un momento central de la serie “The Crown” ocurre al comienzo de la primera temporada. El rey ha muerto y la joven Elizabeth recibe una advertencia de la reina madre: “Mientras lloras a tu padre, debes llorar a alguien más: a Elizabeth Mountbatten. Porque ha sido reemplazada por otra persona, Elizabeth Regina. Estas dos Elizabeth estarán en frecuente conflicto la una con la otra. Pero la corona debe ganar, siempre”.
El Presidente Gabriel Boric también asiste a su propio funeral. No soy el primero en escribir sobre este asunto: que domó su chasca indómita, que ya pidió perdón por la polera de Guzmán asesinado, que si está bien haber dejado la corbata. ¡Ya quisiera él que los sacrificios que exige la presidencia de la República fueran tan pocos!
No, lo que debe morir es más caro al corazón del Presidente: todos sus ideales revolucionarios. Se acabó la “lucha”. Se acabaron los “venceremos”. Se acabó la bandera mapuche. En la contienda entre el romanticismo juvenil de la revuelta callejera y el orden establecido, el mandatario siempre debe estar en el bando del orden. Él es la unidad del Estado chileno, es el orden y la ley, bajo cuyo imperio no hay luchas de opresores ni oprimidos, sino sólo ciudadanos estrictamente iguales y universalmente obligados a respetar la institucionalidad. Quienes infrinjan el orden deben sufrir las consecuencias que señala la ley y el Presidente pondrá todos sus esfuerzos en que ello suceda.
Por eso, la ambivalencia del Ministerio del Interior frente a la violencia sólo prolonga la agonía. No es sólo la decisión del gobierno de no querellarse contra el líder de la CAM Héctor Llaitul por llamar a la violencia, como si las amenazas directas al orden constitucional pudieran ampararse bajo la libertad de expresión. Es, además, el abandono, por parte de los abogados del Ministerio, de las querellas por causas de violencia la Macrozona Sur, no presentándose a las audiencias. También es la insistencia de algunos ministros en llamar “presos políticos” a delincuentes que ocupan la violencia como método de acción política y la decisión de retirar las querellas en su contra.
En todos los casos, el gobierno de Boric olvida que sus responsabilidades son indelegables. El aparato de persecución penal del Ministerio Público y el Poder Judicial está diseñado para responder a situaciones normales, no para hacer frente a fenómenos delictuales complejos ni escenarios de violencia generalizada, como la crisis en la Macrozona Sur. Lo único que ha servido para detener la violencia ha sido el estado de excepción, porque una vez que los delitos se han cometido, el sistema de justicia ha demostrado ser absolutamente ineficaz.
Entonces, al gobierno de Gabriel Boric no le queda más que una alternativa: renunciar incondicionalmente a toda forma de legitimación de la violencia, sin sombras ni matices. Su deber constitucional es defender la unidad del territorio nacional, ejercer el monopolio estatal de la fuerza y sancionar a quienes llaman a utilizar las armas contra el orden legal. Ello incluye al propio Gabriel, o a lo que quede en su corazón del antiguo joven revolucionario, frente a quien el Presidente de la República debe prevalecer, siempre. (DF)
José Miguel Aldunate
