Oficialismo reconoce evaluación de plan «B» en caso de ganar el Rechazo

“Para nosotros, en el plebiscito de salida hay dos posibilidades: o gana el Apruebo o pierde el Apruebo. La otra palabra no existe. No hay que instalar escenarios”. La frase es de un diputado comunista. Y es una de las posturas predominantes -al menos públicamente- dentro de los integrantes de los partidos de Apruebo Dignidad, coalición donde la posibilidad de una derrota es considerada un “tabú”, aun cuando las encuestas semanales ya llevan tiempo dando por ganador al Rechazo en sus informes.

Una muestra clara la dio el senador de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre, cuando el sábado pasado planteaba en La Tercera que él no es “partidario de buscar soluciones antes, porque eso podría incentivar a quienes apuestan por el Rechazo”. La convicción en ese mundo es que el solo hecho de verbalizar la posibilidad le resta fuerza a la opción del Apruebo y más contraproducente aún es que el gobierno aparezca ya mostrando su inquietud por cómo salir del trance en caso de que la maniobra no resulte.

En todo caso, que no se hable en voz alta no quiere decir que el asunto no exista. A tres meses del lunes 5 de septiembre, el día después del plebiscito, La Moneda se ha ido involucrando progresivamente en el rumbo del proceso constituyente, y evaluando los caminos que puedan desembocar ese día, sobre todo teniendo en cuenta la estrecha relación que tiene la aprobación presidencial con lo que ocurra en la Convención.

En el Ejecutivo tienen claro, según dicen dirigentes de partidos oficialistas, que si gana el Rechazo, o incluso una victoria del Apruebo por poco margen, sería una derrota que podría marcar el rumbo de los meses siguientes. Afirman que un mal resultado significaría dar un fuerte golpe de timón y que reflejaría un duro cuestionamiento al relato y la identidad de Apruebo Dignidad.

Desde Presidencia ordenaron a equipos de asesores tantear estrategias sobre cómo actuar frente a los dos resultados, incluido el Rechazo. Pero han sido muy insistentes en que no se puede publicar ni explicitar ningún avance de ese trabajo, porque puede significar un retroceso en la campaña del Apruebo.

“Hay que anticiparse a los escenarios, pero también el anticiparse a los escenarios no implica hacer públicas todas las alternativas que tiene un gobierno respecto a situaciones tan críticas como esta”, dijo el propio Presidente Boric el domingo 1 de mayo. Al día siguiente pareció arrepentirse de su avance: recalcó que hay solo dos alternativas en el proceso, Apruebo o Rechazo, descartando la posible “tercera vía” que han planteado algunos sectores políticos.

La postura pública del gobierno es que si gana el Rechazo, cualquier decisión y planificación será evaluada después del 4 de septiembre, y que gran parte de esa determinación recaerá en el Congreso. En privado, en todo caso, se ha hablado en La Moneda de que la victoria contundente del Apruebo en el plebiscito de entrada (78,27%) es un argumento sólido para realizar al menos reformas profundas si es que el resultado no es el esperado.

De hecho, el jueves, cuando le consultaron por la posibilidad de que el nuevo texto no sea aprobado, el ministro Giorgio Jackson respondió en Canal 13: “Yo diría que sería un momento de alta incertidumbre en nuestro país”.

Jackson, el jefe de la Segpres, es quien lidera los análisis del proceso constituyente. Y su equipo, específicamente la División de Estudios, es la que trabaja en diferentes escenarios, planificaciones y alternativas para enfrentar el plebiscito de salida, sea cual sea el resultado. Esa área es dirigida por la abogada Javiera Ascencio, quien trabajó en los dos gobiernos de Michelle Bachelet como asesora jurídica y legislativa. Ascencio recibe instrucciones directas desde Presidencia y desde el Ministerio del Interior para analizar y presentar informes sobre la realidad nacional.

La abogada integra el equipo de “voto informado” que se ha encargado de realizar análisis para la campaña de educación cívica. Dicho equipo también está compuesto por el sociólogo Eduardo Santa Cruz, quien forma parte del área de Estudios del Segundo Piso.

–Es obvio que hay que preparar estrategias pensando en un plan B y se han discutido dos o tres posibilidades. No se va a decir públicamente para no entorpecer la campaña y porque hay confianza en que el Apruebo va a ganar, sobre todo después de las buenas señales que hemos recibido de algunos sectores empresariales que dicen que el borrador es razonable. De todas formas, está claro que al mínimo error, y si no se mantienen ordenadas las filas, cualquier cosa puede pasar–, dice una fuente de gobierno que ha sido testigo de los trabajos que realiza Ascencio junto a los distintos asesores.

En La Moneda aseguran que las sensaciones sobre el proceso constituyente han ido mejorando según sus cifras y que en los últimos días se “está dando vuelta el escenario” desde puntos de vista cuantitativos y cualitativos. Más aún, desde que se entregó el borrador de la nueva Constitución.

Dentro de los análisis y estudios del Ejecutivo son varios los factores que podrían reflejarse en un alza del Apruebo en las encuestas para las próximas semanas: el hecho de que exista un borrador del texto le dio “seriedad” al proceso; la valoración del concepto “Estado social y democrático de derecho”; las opiniones de algunos expertos sobre la estabilidad económica, y también el menor protagonismo y salidas de libreto de los convencionales.

Sumado a estos argumentos, en el Ejecutivo hubo una buena evaluación tras la cuenta pública del Presidente del miércoles, lo que también esperan que se vea reflejado en las próximas encuestas.

Pero las sensaciones no siempre han sido las mejores y los números de las encuestas están lejos de ser positivos para el gobierno. Sobre todo en los primeros meses de mandato, cuando el comportamiento y las opiniones de algunos convencionales perjudicaron la percepción de la gente sobre el proceso, según los análisis. Ese, explican en La Moneda, es uno de los principales motivos que influyeron en los resultados negativos de las encuestas, además de algunas propuestas que obligaron al gobierno a involucrarse de forma más directa en el proceso, sobre todo en la discusión de las normas transitorias.

Hace ya varios días que las cosas entre las dos almas del gobierno, y sus expresiones en la Convención, venían sacando chispas. En el PS afirman que hicieron ver al gobierno que hay una serie de artículos caminando sobre líneas rojas, es decir, más allá de lo que podían aceptar. Algunos de fondo –como la incomerciabilidad del agua, las amplias posibilidades de huelga o el consentimiento indígena para los proyectos-, y otros de forma, no menos determinantes -como la ausencia de transiciones institucionales sólidas– que era necesario arreglar para comprometerse fielmente con el texto.

Pero fue la propuesta de fijar un quórum de 2/3 para reformas constitucionales hasta el 2026 lo que rebasó el vaso y la paciencia del Socialismo Democrático. Para qué decir el condimento del convencional Fernando Atria, quien defendió la idea del quórum tuiteando que este “no es una trampa, es un modo de proteger la Constitución de instituciones que no tienen razones para tener lealtad con ella”.

Las gestiones de ese lado de la coalición de gobierno ante La Moneda para que ordenara al otro lado de la coalición surtieron efecto rápido. El Presidente rápidamente criticó la propuesta: “No tiene que haber quórum especiales para una legislatura en particular”, aseguró, y el gabinete se activó para dar vuelta la situación. Hasta Atria, quien tuvo una conversación con el ministro Jackson para resolver las diferencias, terminó votando contra la medida, la que finalmente fue rechazada por el pleno de la Convención.

El último plazo es el 5 de julio, cuando se presente el texto final.

En todo caso, el gobierno tiene otra misión difícil para los dos meses de campaña: alinear a sus coaliciones y evitar crisis que puedan arrastrar al proceso constituyente.

El miércoles, en la cuenta pública, el Presidente dedicó un espacio pequeño de su discurso a la Convención Constitucional.

“Invito a este honorable Congreso a que no pasemos de la triste frase ‘no lo vimos venir’ a ‘aquí́ no ha pasado nada’. El 4 de septiembre próximo nos enfrentaremos a una decisión trascendental: aprobar o rechazar la propuesta de una nueva Constitución. Ambas opciones son legítimas, y el gobierno tiene el deber de garantizar que la ciudadanía se manifieste libremente en las urnas de manera informada”, dijo Boric en su discurso presidencial.

“¿Fue demasiado escueto o no? Pareciera que ya no quiere salir tan jugado”, comentó un parlamentario de Socialismo Democrático en los pasillos del Congreso.

Dentro de los partidos de la ex Concertación que conforman el gobierno hay quienes son más alarmistas ante la posibilidad de que gane el Rechazo y no tienen problemas con ponerse en ese escenario.

“El Rechazo no es un “tabú”. Es preocupante escuchar las conversaciones entre colegas que exponen la realidad de cada región y señalan que no es un tabú, que es algo que está sucediendo. Y eso tiene un solo nombre y una sola responsabilidad: los convencionales que han radicalizado la Convención para hacerse trajes a la medida. Voy a estar vigilante a ver quiénes tienen cargos en el gobierno después del 5 de julio. Han puesto sobre los intereses del país sus intereses personales y eso ha generado resquemor en sectores de la población”, comenta el senador Fidel Espinoza (PS), quien el martes discutió fuertemente con el senador Daniel Núñez (PC) por las decisiones y el poder, que, según él, han tomado los comunistas en la Convención.

Espinoza no es el único parlamentario oficialista que considera que el tema no debe ser tratado como una palabra prohibida. De hecho, en el Congreso la conversación sobre un plan B corre a la orden del día entre los partidos. Algunos comentan que en los próximos días la UDI doblaría su oferta de bajar los quórum de reforma constitucional como señal de apertura a que la Constitución se cambie aun ganando el Apruebo. Una oferta que en un sector grueso del oficialismo miran con interés, considerando su distancia con puntos claves que permanecen en el borrador. Al gobierno, dice una fuente interna, incluso le conviene que esa conversación fluya por los pasillos del Congreso. Así, cuando llegue el momento, puede decidir si subirse al carro. Pero para qué antes.

En el comité político ampliado, compuesto por los presidentes de los partidos, son obedientes: por ahora no se han discutido en espacios formales los escenarios en caso de ganar el Rechazo, mientras que sí se han conversado algunos aspectos sobre la implementación en caso de que se apruebe la nueva Constitución.

–Lo que tiene que estar claro es que no hay doble mirada, ni otras vías. Si gana el el Apruebo se seguirá el curso de lo que se definió, pero si gana el Rechazo se tiene que mantener la Constitución actual, independientemente de si después pueden surgir otras alternativas-, dice Alberto Robles, presidente del Partido Radical, entidad que aún no fija una postura oficial de cara al plebiscito.

Marco Velarde, presidente de Comunes, asegura que por ahora en las coaliciones de gobierno las conversaciones se han dado en la línea de cómo implementar la nueva Constitución:

–Nosotros creemos que va a ganar el Apruebo por una distancia considerable. Ahora, nuestras energías están puestas en cómo desplegar la campaña y ayudar a la ciudadanía a entender qué son estos cambios.

En esa línea, ya se han realizado reuniones entre los dirigentes de las coaliciones de gobierno para coordinar la campaña y definir su línea editorial. Ahí nuevamente hay un tema en discusión: varios en Socialismo Democrático quieren esperar el texto final para entrar en la campaña y quienes quieren participar abogan por alejar los contenidos lo más posible del “octubrismo” (en referencia al 18 de octubre de 2019) de algunos sectores de Apruebo Dignidad.

Incluso, hay quienes plantean que los convencionales deberían mantenerse al margen de la campaña. Al menos, dicen, eso es lo que señalan las encuestas. (La Tercera)