La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, anunció respecto de las otras empresas que están en el cordón de Quintero-Puchuncaví que «van a salir por el plan de descarbonización de la Ley Marco de Cambio Climático. Hay dos centrales termoeléctricas, una de ellas se cierra ahora en junio y la otra durante los próximos dos años. Hay seis empresas que emiten compuestos orgánicos volátiles, porque trabajan con combustible».
Tras pregunta «¿Para dónde va Chile?», afirmó que hacia «la desfosilización, vamos a dejar de usar combustible. Van a salir. Chile está en un proceso de dejar de utilizar combustibles fósiles para producir energía; estamos hablando de carbón, de petróleo y sus derivados, de diésel, de gas, y vamos a generar energía con fuentes renovables. Esto nos da una hoja de ruta muy clara, nos da certeza jurídica de que Chile va a requerir un nivel de inversiones sin precedentes».
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LAS INDUSTRIAS EN EL ÁREA
Infografía: Michel Leiva, Emol | Fuente: El Mercurio
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Empujar el cierre de la fundición en cuestión se enmarca en la intoxicación masiva ocurrida el 6 de junio en la bahía de Quintero-Puchuncaví, debido a altos niveles de dióxido de azufre.
Sin embargo, y tal como han insistido los trabajadores de Ventanas, la seguidilla de intoxicaciones en la zona no son de exclusiva responsabilidad de Codelco, y es que un puñado de empresas que operan allí, cuyo futuro sería incierto.
«Van a salir por el plan de descarbonización de la Ley Marco de Cambio Climático. Hay dos centrales termoeléctricas, una de ellas se cierra ahora en junio y la otra durante los próximos dos años», dijo rojas.
Además, agregó que «hay seis empresas que emiten compuestos orgánicos volátiles, porque trabajan con combustible». Por ello, recalcó, todas las empresas del sector «van a salir. Chile está en un proceso de dejar de utilizar combustibles fósiles para producir energía; estamos hablando de carbón, de petróleo y sus derivados, de diésel, de gas y vamos a generar energía con fuentes renovables. Esto nos da una hoja de ruta muy clara, nos da certeza jurídica de que Chile va a requerir un nivel de inversiones sin precedentes».
Y a las palabras de Rojas, reaccionaron desde el mundo parlamentario. «Estamos frente a un Gobierno que vive de slogans, simbolismos y discursos etéreos», comentó el diputado e integrante de la comisión de Minería y Energía, Andrés Celis (RN).
«Le quiero recordar a la ministra que de las 16 empresas que están en el cordón Quintero-Puchuncaví, 15 no cumplen con ninguna normativa medioambiental«, agregó.
Por ello, manifestó que «lo que debe hacer este Gobierno ‘en práctica’, es seguir avanzando en el control y monitoreo de todas las empresas que están en la zona, exigirles que inviertan y reciban aquellas empresas las inversiones suficientes para operar de forma adecuada desde el punto de vista ambiental y económico, y no tan solo enfocarse en Ventanas».
«Creo que para cualquier cierre del cordón industrial Quintero-Puchuncaví le es imperativo a este Gobierno ocuparse y preocuparse de los trabajadores, y mientras estas industrias van dejando de funcionar, ya contar con un plan de empleo para los miles de trabajadores que quedarán sin su fuente laboral. En ese intertanto obligar y fiscalizar con una red de monitoreo que mida a todas las empresas del cordón industrial», acotó.
Para el diputado y presidente de la comisión de Medio Ambiente Daniel Melo (PS), «la salud de las personas está primero. Se requiere con urgencia un plan medio ambiental para Chile, con una ley marco de transición justa real, que se haga cargo del cierre de las zonas de sacrificio de forma integral«. «Estando de acuerdo con la ministra, el Gobierno no puede seguir haciendo anuncios en el aire que no podrá cumplir», recalcó.
Dicho eso, solicitó que «apoyen el proyecto sobre transición justa que presentamos esta semana y legislemos sobre esta materia, no basta con decir que tienen que salir las empresas, sino que se debe contar una nueva legislación y aplicar los instrumentos que tiene la institucionalidad para empezar a abordar esta problemática».
Mientras que el diputado y presidente de la comisión de Salud Tomás Lagomarsino (PR), comentó que «estando de acuerdo con el término de las zonas de sacrificio, el día de hoy falta robustecer mucho estos slogans que hemos conocido por la prensa, con una planificación y documentos más concretos».
Lo anterior con el fin de conocer «desde el Ministerio de Economía cómo no vamos a perder capacidad productiva a propósito de estas decisiones que a mí me parecen que van en la línea correcta; cómo vamos a mantener la capacidad de producción energética con un correlato del Ministerio de Energía; cómo no vamos a perder capacidad de empleo, que es un tema altamente sensible, sobre todo en la frágil situación en la que nos encontramos a propósito de la inflación que ha golpeado fuertemente los bolsillos de los chilenos».
En tanto, el diputado y miembro de la comisión de Medio Ambiente, Félix González (PEV), coincidió en que «la situación de las zonas de sacrificio es insostenible, no solo en Quintero y Puchuncaví, también en otras regiones, porque las personas están respirando veneno literalmente».
«Entonces hay que tener un plan para cambiar esa situación y eso implica que las normas ambientales sean las correctas, es decir, las que aseguren a las personas no enfermarse o morir prematuramente. Luego las empresas tienen dos opciones, cumplir las normas o cerrar», añadió.
También, continuó González, «es necesario concordar los plazos en que esto ocurrirá. Plazos que deben priorizar a la ciudadanía que respira en las zonas de sacrificio, no a la medida de las empresas. Finalmente, debe ser una transición resguardando a las personas que allí trabajan».
Por último, el senador Juan Ignacio Latorre (RD), afirmó que comparte las declaraciones de la ministra Rojas y señaló que hay un compromiso del Gobierno de descarbonizar la matriz energética, «eso implica ir cerrando gradualmente las termoeléctricas a carbón y descomprimir las zonas de sacrificio».
«Obviamente esto no se hace en cuatro años, la evidencia indica que Chile podría hacerlo perfectamente en 10 años, hasta el 2030 e ir reemplazando la energía contaminante por energía limpia», acotó.
«Eso implica un rol del Estado distinto, un rol del Estado donde atraiga inversión privada incluso, donde pueda ser una oportunidad de negocios, pero para una energía sostenible ecológicamente«.
Además, resaltó la importancia de concretar un proceso de «transición justa» con los trabajadores de las empresas que se tienen que ir cerrando, «también con las comunidades para no impactar en las poblaciones más vulnerables».
Desde el mundo ambientalista, en tanto, quien valoró el trabajo que está llevando a cabo el Ejecutivo es la vocera de la organización Mujeres en Zona de Sacrificio, Kata Alonso, quien afirmó que «el plan preventivo es un buen plan para que no se siga intoxicando la gente, para que se pueda respirar mejor, donde van a parar las empresas que ensucian en vez de las escuelas».
«En el plan, como hay muchas empresas instaladas antes de la ley ambiental, no tienen resolución sanitaria ni calificación ambiental, entonces lo que se pretende hacer, que es lo que nosotros estamos pidiendo, era entrar a cada empresa a hacer una evaluación (…) Creo que lo que ella (la ministra Rojas) se refería era a que la empresa que no pudiera cumplir la normativa de acuerdo la OSM, tiene que irse y cerrar», complementó. (Emol)
