Se nos perdió la Cordillera. Existía un mito sobre la supuesta superioridad moral de nuestros líderes e instituciones respecto de nuestro vecindario sudamericano. El macizo de Los Andes parecía protegernos de toda amenaza. Hoy constatamos que no somos mejores sino, apenas, algo más sutiles. Pero hasta ese toque de formalidad se ha perdido en medio de la codicia imperante. Pareciera imperar un deseo incontrolado, sin límites, por poseer riquezas, bienes y poder a como dé lugar, saltándose toda ley, sin respetar ninguna convivencia y, por cierto, cegado ante toda consideración ética o sentido.
Lo primero es precisar el origen del problema. Soy un convencido de que esta impudicia es una manifestación de la crisis de sentido de la educación. Es urgente rescatar los valores republicanos que identifican el alma nacional. No basta adquirir conocimiento técnico. Necesitamos una educación centrada en los valores cívicos. Personajes sobrecargados de títulos y postítulos suelen aparecer liderando el diseño de muchas de las malas prácticas organizacionales que hoy investigan los tribunales.
El Ejecutivo, también golpeado por el descrédito, anunció que convocará a una comisión de expertos para que proponga, en un breve plazo, algunas medidas para sanear la perversa relación entre el dinero y la política. Tengamos claro que es una instancia que debe explicar muy bien sus alcances y contenidos, de modo de no aparecer ante la ciudadanía como otro factor dilatador e inconducente. En lo personal preferiría que esta convocatoria se hiciera sobre la base de personas que representen a instituciones y no sólo a título personal, por destacadas que sean.
Como la crisis de confianza nos toca a todos, necesitamos un pronunciamiento de las iglesias, de las universidades, de los colegios profesionales y las organizaciones sociales, de las instituciones públicas y privadas del más diverso quehacer, por cierto del mundo empresarial, de los medios de comunicación y de las organizaciones políticas, respecto de la urgencia por cambiar la ética con que actuamos en el país.
La construcción de un nuevo pacto de convivencia que supere el difícil momento que vivimos no se hará ni con “cocinas”, ni perdonazos, ni menos impunidad. Ello sólo acrecentaría el descrédito y la rabia. Antes de pretender amarrar cualquier acuerdo político, la Justicia debe hacer su parte. Los tribunales hablan por sus fallos. Necesitamos que ellos sean implacables, apegados a derecho y que no instalen la sensación de doble estándar o impunidad. Los fiscales deben poner la verdad sobre la mesa y los jueces sancionar, reparar y restablecer las normas quebrantadas.
A los partidos políticos, sus fundaciones y al Congreso nos toca lo propio. Debemos legislar sólo cuando la Justicia haya hecho su trabajo. Entonces podremos abordar materias como el fin de la reelección indefinida, el financiamiento público de la política y sus campañas; la disminución de sus montos involucrados; la pérdida de escaño por infracción a estas normas. Y, en especial, debemos poner control a una práctica abusiva que consiste en ganar elecciones para tomar el aparato de Estado por asalto e instalar redes de poder dedicadas a forjar negocios privados.
Sólo con estas acciones ya desplegadas y reconocidas por la ciudadanía, el Gobierno y la coalición gobernante podrán recuperar el liderazgo y reinstalar la agenda de cambios que se prometió al país. (El Mostrador)
