A casi diez meses de llegar al cargo, el Presidente Gabriel Boric solicitó la renuncia de su ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos.
Asediada por el anuncio de la presentación de una acusación constitucional en su contra y la denuncia por el delito de prevaricación que un grupo de diputados de Renovación Nacional decidió ingresar al Ministerio Público por el indulto a Jorge Mateluna, el Presidente Boric decidió relevarla de sus funciones en la cartera de Justicia.
La socióloga y cientista política asumió en marzo de 2022 en Justicia, como parte del gabinete con que Boric asumió la Presidencia. La mayor parte de su carrera la había desempeñado en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También exvicepresidenta de Comunidad Mujer y autora de publicaciones como Mujer y política y Cuotas de género, democracia y representación, trabajó durante 14 años en el PNUD principalmente esos temas.
En 2006, por presiones ante la ausencia de mujeres en la instancia, se incorporó a la comisión que convocó la entonces Presidenta Michelle Bachelet en su primer gobierno -y que presidió Edgardo Boeninger- para reformar el sistema electoral binominal que regía para las elecciones legislativas.
Con menos de dos meses en el cargo, a principios de mayo, la ahora exsecretaria de Estado protagonizó un polémico episodio por su respuesta en una entrevista con El Mercurio, al ser consultada sobre si Celestino Córdoba, condenado a 18 años de cárcel por el crimen del matrimonio de Wener Luchsinger y Vivianne Mackay, era para ella un preso político. La militante de Convergencia Social fue duramente criticada tras evitar hacer una calificación sobre el machi. “No me compete pronunciarme respecto de las calificaciones especificas que tengan los casos”, dijo.
En la Secom su respuesta fue mal evaluada y la misma noche del episodio publicó un tuit explicando sus dichos. Lo mismo hizo al día siguiente en el Congreso. “Quisiera aclarar respecto del caso de Celestino Córdoba: tanto para este ministerio como para esta ministra se trata de un preso común, condenado por homicidio”, señaló, para cerrar el tema.
Posteriormente, su situación comenzó a complejizarse por el traslado de presos mapuche reclusos en Angol. La oposición comenzó a preparar una acusación constitucional tras conocerse que el director de Gendarmería de La Araucanía, Juan Navarrete, se reunió a puertas cerradas con el lonco de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul, en una cita en la que se habría acordado el traslado de dos internos al Centro de Educación y Trabajo (CET) y otro al Hospital de Angol. El encuentro se dio justamente luego de que el grupo radicalizado se adjudicara un ataque incendiario y amenazara al alcaide del penal. La respuesta inicial de Ríos fue la de desmarcarse del hecho, asegurando que correspondía a las prerrogativas de Gendarmería, lo que le abrió un flanco.
Otro episodio controvertido en su gestión, recuerdan en el oficialismo, es la entrevista que dio a La Segunda denunciando malos tratos por parte de sectores del Senado. “Si usted fue maltratada por algún senador, identifíquelo”, advirtió por esos días el senador Pedro Araya (PPD), exigiendo una disculpa pública.
FISCAL NACIONAL E INDULTOS
La salida de Ríos estaba siendo exigida desde que el Senado rechazó, en un hecho inédito, la nominación que hizo el Presidente Gabriel Boric para que José Morales asumiera como fiscal nacional del Ministerio Público. Jorge Abbott dejó a fines de septiembre del año pasado el cargo y todavía no se confirma a su sucesor. Tras el rechazo de Morales, Boric seleccionó a una candidata: la jefa de las unidades Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, que también fue rechazada, obteniendo incluso menos apoyos que Morales en la Cámara Alta. El lunes los legisladores votarán respecto a la tercera propuesta del Ejecutivo, Ángel Valencia.
En medio de una negociación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para generar con la oposición un acuerdo para viabilizar proyectos de combate a la delincuencia y con el tema del fiscal nacional pendiente, el 30 de diciembre pasado el Ejecutivo informó la decisión de indultar a un grupo de condenados por delitos asociados a las protestas que siguieron al estallido social del viernes 18 de octubre de 2019. Además, se le otorgó el beneficio al exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Jorge Mateluna.
De inmediato la oposición se restó del acuerdo en seguridad y comenzó una ofensiva contra el Ejecutivo y Ríos.
Ayudó a esa ofensiva la desprolijidad en la comunicación de los indultos. Presidencia informó de 11 beneficiados, sin embargo, desde la cartera encabezada en ese entonces por Ríos alertaron sobre la inclusión de dos nombres que no estaban considerados y otros dos que sí debían ser parte del listado y estaban fuera. Finalmente se dijo que el beneficio se otorgaría a 13 personas en total y que la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Justicia “envió de manera incompleta la nómina de personas que fueron indultadas”.
“No son delincuentes”, aseguró el Presidente Boric por los 13 condenados que hoy están en libertad, e incluso acusó “irregularidades” en el caso contra Mateluna, cuyo indulto se había negado a firmar durante el último gobierno de Michelle Bachelet su entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, argumentando que no había razones humanitarias para hacerlo, según argumentó.
Los dichos de Boric sobre Mateluna generaron una inmediata reacción del Poder Judicial. La constitucionalidad de los indultos fue puesta en duda por la oposición, que adelantó que estudiaría una presentación al respecto. “No descartamos que se pueda revisar esta decisión en el Tribunal Constitucional”, afirmó el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya. Y los antecedentes de los beneficiados motivaron críticas.
El capítulo de los indultos aún deja aristas sin ser aclaradas y las dudas se acrecentaron el jueves 5 de enero, cuando la cartera publicó, a través de transparencia activa, los decretos por los 13 reos a los que se les otorgó la libertad. Once decretos fueron firmados el jueves 29 de diciembre y dos el 30 de diciembre, los de Luis Castillo Opazo y Sebastián Montenegro Coo. Ambos no estaban indultados inicialmente y no debían figurar entre los beneficiados según la alerta que se dio desde el Ministerio de Justicia cuando Presidencia informó el listado originalmente.
BORIC: «DESPROLIJIDADES»
“Debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos, y considerando además la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia, he decidido aceptar la renuncia de Marcela Ríos Tobar a dicha cartera”.
Así empezó su alocución en el Palacio de la Moneda el Presidente Boric, con la cual despejaba el incierto futuro de la ahora exministra Marcela Ríos, quien desde que se anunciaron los 13 indultos concedidos a presos del estallido y al exfrentista estuvo en el ojo de las críticas por parte de la oposición.
Cuestionamientos que finalmente decantaron en el anuncio de una acusación constitucional en su contra y en la presentación de una acción penal en su contra por el delito de prevaricación por el indulto concedido al exfrentista Jorge Mateluna; y que hoy culminaron con la solicitud de su cargo por parte del Presidente Gabriel Boric y con el anuncio de llegada del abogado Luis Cordero a la cartera de Justicia.
En el anuncio de Boric, sin embargo, tuvo lugar otro hecho relevante: el Mandatario se hizo cargo por primera vez de una serie de cuestionamientos e incoherencias en la comunicación de los indultos, que se detectaron el mismo día del anuncio, el pasado viernes 30.
Aunque no profundizó mayormente en el punto, ni tampoco especificó; sí reconoció por primera vez que “hubo desprolijidades” en la decisión presidencial.
Una de esas primeras “desprolijidades” o incógnitas tuvo lugar el mismo 30 de diciembre, fecha en que se anunció la medida. Y es que luego de que Presidencia enviara el comunicado oficial del gobierno, que contenía una lista de once indultados, un funcionario de la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Justicia detectó que la nómina presentaba errores.
La equivocación, tal como fue manifestado en privado y de forma explícita por Justicia, fue que Luis Castillo Opazo (37) y Sebastián Montenegro Coo (25) no estaban indultados. Esto último iba remarcado en mayúsculas y negrita. Precisamente esos beneficiados por el Presidente Boric mantienen un amplio prontuario policial previo al estallido social.
Una semana después, cuando la cartera de Justicia publicó los decretos presidenciales a través de transparencia activa, se pudo comprobar que los indultos de Castillo Opazo y Montenegro Coo estaba firmados el mismo viernes, a diferencia de los once restantes que estaban firmados el jueves 29 de diciembre. Lo que reafirma la primera versión entregada por los funcionarios de Justicia, que apunta a que Castillo y Montenegro no estaban considerados -al menos de forma inicial- en la concesión de los beneficios presidenciales.
Finalmente, la cadena de errores en el otorgamiento de los indultos -además de generar una profunda crisis en el gobierno- desencadenó en la renuncia de la otrora ministra de Justicia, Marcela Ríos, la primera autoridad que asume con su cargo la responsabilidad política de la serie de desprolijidades e incongruencias.
NUEVO MINISTRO LUIS CORDERO VEGA
Luego de que el Mandatario confirmara la salida de la exministra Marcela Ríos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, anunció que en su reemplazo asumirá la cartera el abogado de la Universidad de la República, Luis Cordero Vega.
La salida de Ríos se da a casi diez meses de llegar al cargo y se produce luego de que la oposición iniciara una arremetida en su contra y anunciara una acusación constitucional y la presentación de un acción penal por el delito de prevaricación por el indulto a Jorge Mateluna; además de conocerse el amplio prontuario policial de dos de los 13 indultados por el Presidente Boric el pasado 30 de diciembre.
Bajo ese contexto se genera la salida de Ríos y la llegada del abogado de la Universidad de la República, Luis Cordero Vega, quien asumirá sus funciones en el Ministerio de Justicia el próximo lunes, ya que actualmente se encuentra fuera del país.
“Agradezco a Marcela su abnegado trabajo estos once meses en el ministerio”, señaló de forma escueta el Presidente.
Luis Cordero Vega es profesor de derecho administrativo de la Facultad de Derecho de la U. de Chile y se ha especializado en materias de derecho medioambiental. De hecho, participó como coordinador de la reforma que creó al actual Ministerio de Medio Ambiente y la institucionalidad ambiental.
Respecto a los estudios académicos del nuevo ministro, de acuerdo a lo señalado en la página web de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, se indica que Cordero tiene un doctorado en Derecho, de la Universidad de Lleida, España y, además, posee un Magíster en Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
También fue asesor del Congreso en el proyecto de ley que creó los Tribunales Ambientales y fue miembro de la Comisión para la Reforma a la Supervisión Financiera del Ministerio de Hacienda (Comisión Desormeaux).
Luego que este sábado Marcela Ríos presentara su renuncia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Presidente Gabriel Boric designó en su reemplazo al abogado Luis Cordero Vega, quien asumirá el cargo el lunes de la próxima semana.
Cordero también, tiene una amplia trayectoria en distintas causas legales, entre ellas como coordinador de la Reforma a la Institucionalidad Ambiental, que se tradujo en la Ley Nº 20.447 que permitió la creación del Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.
También fue asesor del Congreso en el proyecto de ley que creó los Tribunales Ambientales y fue miembro de la Comisión para la Reforma a la Supervisión Financiera del Ministerio de Hacienda (Comisión Desormeaux).
Además, el nuevo secretario de Estado fue presidente del Grupo de Expertos para la reforma institucional en mercado de valores, “cuya finalidad fue proponer ajustes al modelo de fiscalización, que dio origen a la Ley Nº21.000 que creó la Comisión de Mercados Financieros”, indica el sitio de la Universidad de Chile.
Dentro de sus áreas de estudio, se encuentran los diseños institucionales, procedimientos administrativos y calidad regulatoria.
Hasta ahora, Cordero se desempeñaba como socio de la oficina de abogados Ferrada Nehme, donde dirigía el área de Derecho Público y Gobierno. (La Tercera)
