Tras anunciar semanas atrás que activarían el mecanismo de resolución de controversias debido a la creciente «preocupación» por la situación de las isapres, UnitedHealth Group (UHG) y Banmédica S.A., concretaron dicha solicitud, por medio de una carta dirigida al Presidente de la República, Gabriel Boric, con copia a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola y a la Ministra de Salud, Ximena Aguilera.
La decisión de recurrir a este mecanismo se da no sólo como resultado del reciente fallo de la Corte Suprema respecto a tablas de factores que ha agudizado la crisis del sector, sino en el marco de diversos hechos que han perjudicado el quehacer de las isapres, así como también a los prestadores de salud del grupo en Chile.
Entre ellos se encuentran las sentencias judiciales que han impedido ajustar el precio base, el precio GES y el componente del precio asociado a las tablas de factores de los planes de salud; la licencia parental extendida que fue pagada por las isapres sin compensación alguna; la falta de revisión y prevención del fraude que ha llevado a millonarios pagos en licencias médicas fraudulentas, entre otros.
A nivel de prestadores, en tanto, se acusan daños relacionados al retraso del pago de la deuda de Fonasa y de los Servicios de Salud y el costo asignado a los prestadores privados de salud -y no fiscal- del descanso reparatorio de los trabajadores de ese sector.
Así, la misiva se fundamenta en que el Estado de Chile ha incurrido en una serie de acciones y omisiones que han dañado, y continúan dañando, la inversión de UHG y el valor de Banmédica, lo que constituye una violación a sus obligaciones bajo el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre Gran Bretaña y Chile (1997); incluyendo la de garantizar en todo momento a los inversionistas un trato justo y equitativo, permitirles gozar de plena protección y seguridad en Chile y abstenerse de adoptar medidas con efecto expropiatorio sin la debida compensación.
UHG y Banmédica se encuentran siendo asesorados en este proceso por el estudio Claro y Cia y el bufete internacional Hogan Lovells.
El mecanismo de resolución de controversias establece un periodo de al menos tres meses para buscar una solución amistosa, antes de llevar el caso a arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
UHG llegó a Chile en diciembre 2017 con una inversión de US$2,8 mil millones de la época. Hoy su operación local cuenta con aproximadamente 15.000 colaboradores y sus isapres ofrecen cobertura a más de 850 mil beneficiarios.
Por su parte, la red de prestadores del grupo dispone de cerca de 1.300 camas, de diversa complejidad, en Santiago, Concepción y Viña del Mar.
CUP SALUD PIDE SOLUCIONES URGENTES
“El Gobierno ha declarado que quiere proteger a las personas, cumplir el fallo de la Corte Suprema y que esto no sea un simple salvataje a la industria. Por lo que creemos que esta crisis puede y debe ser transformada en una oportunidad para avanzar en una reforma integral al sistema de salud, tantas veces postergada por falta de acuerdo político. Pero esto no se debe hacer a costa del sufrimiento e incertidumbre de las personas, sean usuarios o trabajadores, ni de la sostenibilidad de la red prestadora”.
Este es uno de los puntos que expone el recién creado Grupo de Trabajo Colaborativo en temas de Salud de la Corporación de Universidades Privadas (CUP) en su primera declaración pública para abordar la crisis de las isapres y que conoció La Tercera PM.
El grupo está integrado por académicos, varios de ellos exautoridades de los gobiernos de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.
Alberto Dougnac, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Finis Terrae y presidente de la CUP-Salud, sostiene que la quiebra de una o más isapres puede ser grave: “El problema puede ser de tal magnitud que es urgente intentar resolverlo, porque esto pudiese tener muchas repercusiones. Esto puede ser una cascada de eventos que genere mucha incertidumbre y que mucha gente quede desprotegida”.
Además, el exsubsecretario de Redes Asistenciales agrega que “hay gran incertidumbre, y eso puede traer consecuencias y ya está pasando, porque se están cerrando convenios y la gente tiene que pagar y después reembolsar, eso está haciendo que algunas personas no puedan acceder al beneficio porque no tienen el dinero para pagar y después reembolsar. Entonces, a raíz de todo lo que está pasando se está viendo afectada la atención de salud de una parte importante de los chilenos”.
Y es que ya hay prestadores que han tomado medidas frente a la crisis que enfrentan las aseguradoras privadas. Por ejemplo, a principios de mes, la Clínica Indisa informó en su sitio web “que por incumplimiento de contrato por parte de isapre Cruz Blanca, no contamos con la emisión de bonos y bonificación en línea. Esto significa que la atención debe ser cancelada directamente en Indisa y luego solicitar el reembolso en la isapre”.
“La gente ya percibe las dificultades que se presentan. Entonces, para evitar un colapso del sistema y una crisis mayor, se requiere la discusión de una ley corta de isapres”, explica el académico de la Universidad Finis Terrae y exdiputado PPD, Marco Antonio Núñez.
En ese contexto, el grupo de académicos propone en su declaración publica es que las autoridades tomen acciones lo antes posible: “La solución a la que llamamos debe ser propuesta a la brevedad, idealmente debiera ser lo suficientemente robusta para que su diseño no sea nuevamente cuestionado por el Poder Judicial. Las soluciones para la sostenibilidad debieran dar pasos decididos hacia una reforma integral futura de la seguridad social en salud”.
El exministro sectorial del gobierno de Ricardo Lagos, Osvaldo Artaza, explica que como CUP-Salud proponen que se cree una ley corta para después así trabajar en una reforma del sistema: “Lo que corresponde y lo que estamos esperando, es que a la brevedad podamos contar con un proyecto enviado por el Ejecutivo que permita resolver el tema de las personas, que es el más urgente, y que dé pasos hacia el cambio a un sistema de salud más equitativo, eficiente y moderno”.
Además, el decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas, afirma que es importante contar con el proyecto antes de marzo.
Además, el grupo detalla en la declaración que “entre los elementos estructurales que se debieran abordar pronto y que estamos convencidos que concitan acuerdos transversales que aseguran su viabilidad política, están: la ineludible reforma al esquema de licencias médicas (incluyendo el subsidio por incapacidad laboral) y el avanzar hacia un modelo universal de promoción y prevención en salud, así como mejorar la accesibilidad y confianza en la Atención Primaria de Salud (APS). Asimismo, debe hacerse cargo de los problemas como cobros y exclusión por riesgo en salud y de eficiencia tanto de la prestación pública como privada”.
CAMINO A LA REFORMA
El fallo que dio a conocer la Corte Suprema en noviembre, donde les ordenó a las aseguradoras aplicar la tabla de factores definida por la Superintendencia de Salud en diciembre de 2019, ha puesto en jaque al sector una vez más. “El sistema está en una encrucijada y, dependiendo de las decisiones que adopte la Superintendencia, el resultado será o la transformación a un modelo más uniforme o el caos”, dijeron desde la Asociación de Isapres en su minuto.
La máxima instancia también determinó que la Superintendencia tendrá un plazo de seis meses para determinar el modo en que se concretará la adecuación de los precios de los planes que tendrán que hacer las isapres. Es decir, su plazo vence en mayo.
La resolución del organismo público será fundamental para el futuro de las aseguradoras privadas, algo que la directora de estudios del Instituto de Políticas Públicas en Salud (Ipsuss) de la Universidad San Sebastián, Carolina Velasco, ve como una oportunidad.
“En este momento que hay bastante fragilidad en el sistema, con el riesgo de que ocurra algún quiebre, nos pareció importante que se aprovechara la oportunidad para poder avanzar a cambios más profundos que también se necesitan. El llamado es a que esto se haga por las buenas, es decir, con acuerdos y planificación, para hacerlo de forma gradual, porque no podemos esperar que ocurra una crisis, para que luego de ello empezar a organizar”, añade la académica y exasesora en la Dirección de Estudios Gabinete Presidencial.
Por eso recalca que es necesario tomar medidas ahora para después avanzar con más tranquilidad: ”Lo ideal y las recomendaciones desde la evidencia es que estos procesos se hagan de manera ordenada y para hacerlo de esta forma, no se puede tener un sector en crisis o con una incertidumbre tal que los pacientes estén en constante estrés”. (Emol-La Tercera)
