El rechazo a la idea de legislar sobre reforma tributaria deja algunas lecciones y suscita reflexiones de más largo plazo.
Fue un golpe a la cátedra porque no sólo puso una traba a una revisión de los impuestos, sino principalmente porque echó por tierra la idea de “un nuevo pacto fiscal”, que muchos auspician para enderezar el rumbo de nuestro desarrollo, distribuir mejor el ingreso y responder a las crecientes demandas de los sectores medios emergentes.
Como decía Napoleón, “la victoria tiene cien padres, la derrota es huérfana”. El problema es que hay triunfos efímeros y derrotas que también golpean a los vencedores. Por eso lo sucedido en el Parlamento exige un esfuerzo colectivo de reflexión.
En primer lugar, la estrategia tradicional de los gobiernos sin mayoría parlamentaria de sortear lo más indemne posible la discusión en la Cámara de Diputados para negociar luego en el Senado, ya no funciona. Los diputados con razón quieren tener un papel más protagónico y se afianza una tendencia a coordinarse mejor con sus senadores. Resulta reveladora la intempestiva declaración de los senadores de RN cerrando el camino para revertir la situación en el Senado recurriendo al artículo 68 de la Constitución.
Quedó igualmente de manifiesto que en la oposición -en un período electoral- tienden a predominar las tendencias más intransigentes. Todos sus diputados se alinearon tras el rechazo, cuidadosos de no abrir un flanco de ataque ante un electorado sensible a las posiciones más duras y populistas. Con mensajes simplistas se puede horadar la base de apoyo de quienes eran partidarios de aprobar una parte importante de la reforma, para lo cual habría sido indispensable apoyar la idea de legislar.
Por otra parte, quedó de manifiesto la heterogeneidad de los grupos parlamentarios que respaldan al Gobierno. No me refiero en este caso a las dos coaliciones, sino a la necesidad de contar con los votos de la DC -que no forma parte del Gobierno- y de los ex DC, sumados a quienes por la izquierda se han ido descolgando liderados por la diputada Pamela Jiles. Incluso todos ellos juntos conformarían una mayoría muy exigua e inestable, dependiendo del humor de quienes estén presentes en la Sala al momento de una votación.
Para hacer efectiva esa frágil e hipotética mayoría se requiere destreza política y máxima flexibilidad, lo que no abunda en estos tiempos en que los liderazgos políticos y la disciplina de bancada están muy debilitados. Cuesta comprender que antes de la votación de la reforma tributaria no se hubieran encendido las alarmas en el oficialismo y tomaran los máximos cuidados para evitar una derrota emblemática. Me refiero especialmente a la Mesa de la Cámara y los Jefes de Bancada que podrían haber recurrido al Reglamento para aplazar la votación o haber solicitado al Ejecutivo que le retirara la urgencia al proyecto.
Como han dicho el Presidente Boric y el ministro Marcel no queda otro camino para obtener los recursos necesarios para sostener el aumento del gasto fiscal permanente, que concordar con la oposición o una parte de ella el camino a seguir. Es probable que ello se logre porque –como se suele decir con cierto eufemismo– el mercado no quiere correr riesgos de nuevos desajustes fiscales que echarían por tierra los buenos augurios de los resultados económicos actuales, como ya lo han señalado algunas agencias evaluadoras de riesgo.
Pero estamos lejos de la idea de “un nuevo pacto fiscal”. Más bien habría que hablar de un ajuste tributario.
Este traspié legislativo acrecentará el debate sobre la gobernabilidad de nuestro sistema político, tema central en el proceso constituyente en curso.
Se pondrá el foco en la dispersión de los partidos políticos y el sistema electoral proporcional sin contrapeso real. Ambas materias son más propias de ley que de índole constitucional. Sin embargo, como apremian es probable que aumente el interés de regularlas en la nueva Constitución. Creo importante advertir que en el articulado permanente esa normativa debería ser sólo de carácter general, aunque puede ser precisa e incidente. No sería conveniente que se petrificaran normas electorales o sobre partidos políticos y el papel de los independientes en la Constitución. Si se quisiera avanzar más en esas materias, se podría recurrir al articulado transitorio consagrando criterios más específicos sobre las reformas legales necesarias.
Hay que recordar que la Constitución de 1980 sólo contenía un artículo que incidía en el carácter binominal del sistema electoral, referido a que se elegían dos representantes por circunscripción. Con gran esfuerzo se logró eliminar esa norma y trasladarla a la ley electoral el 2005. El acuerdo que abrió paso al sistema proporcional fue farragoso en su gestación y no contempló ningún mecanismo de compensación, como un piso mínimo de votación por partido, la configuración de distritos electorales más reducidos o la prohibición de pactos electorales.
Pero hay un tema más de fondo: no pocos cientistas políticos ven como una anomalía el funcionamiento de un sistema político presidencial que, como regla general, carece de un respaldo parlamentario mayoritario en ambas cámaras. No pocos auspician un sistema más colaborativo que permitiera a los Presidentes cumplir su programa.
Algunos auspician que de alguna manera el gabinete de ministros tuviera que contar con el aval del Parlamento o de una de sus cámaras, como ocurre en los regímenes semi presidenciales. Basta mirar lo que ocurre en el Perú para desechar la idea. Para no recordar nuestra propia experiencia “parlamentarista” luego de la guerra civil de 1891.
Otros piensan en la creación de la figura de un Vicepresidente, que podría favorecer la formación de coaliciones muy amplias, como lo que ocurre en con Lula en Brasil. Esa experiencia está por verse. En cambio, la fórmula no ha funcionado bien ni en Ecuador donde los presidentes suelen no terminar su mandato debido, al menos en parte, a la rivalidad con el Vicepresidente, y en Argentina donde la cohabitación peronista revela fuertes tensiones entre Alberto Fernández y Cristina Kirshner.
En un reciente análisis se constata que el régimen político chileno desmiente las aprehensiones teóricas, pues resulta más estable y eficaz que lo previsto por los especialistas. Nuestro sistema se basa en la existencia de un Ejecutivo robusto (cuyas atribuciones es preciso revisar) y un Congreso fuerte. Para lograr una mayor colaboración entre estos poderes sin alterar la esencia del sistema, se podrían introducir muchos cambios importantes, principalmente en lo referente al proceso legislativo y la disciplina de las bancadas parlamentarias; hay, sin embargo, una reforma que parece indispensable: que la renovación del Senado sea completa y no por parcialidades como es ahora. Ello facilitaría que la mayoría ciudadana se expresara en plenitud en el Congreso.
La reflexión sobre lo sucedido con la reforma tributaria exige mirar las cosas en perspectiva. Todos los actores sociales y políticos están interpelados. Los que hoy cantan victoria mañana pueden lamentar lo sucedido. (El Líbero)
José Antonio Viera Gallo
