Durante el cambio de gabinete, el presidente Boric instó a ir “buscando salida a la crisis de las Isapres pensando en los usuarios”. En efecto, no es una crisis de las Isapres, sino una crisis para los usuarios de todo el sistema de salud.
Algunos podrán pensar que el impacto lo perciben principalmente “los que más tienen”, pues son los que pueden pagar seguros privados. Lo sorprendente es que el gasto en salud por persona es hoy más alto en FONASA que en las Isapres, y aun así es un peor prestador de servicios: hay más de dos millones de consultas con especialista en espera y más de 300 mil cirugías sin realizar desde hace cerca de un año y medio, lo que resultaría imperdonable en el sector privado.
El problema radica en que los tres componentes del precio final de Isapres (precio base, factor de riesgo y prima GES) han estado judicializados, lo que no permite compensar los mayores gastos con aumentos en los ingresos. El Gobierno culpa de aquello a las Isapres, pero han sido los fallos judiciales y la administración pública los que han llevado la situación a este extremo. Hoy la solución está en manos del Ejecutivo y del Congreso, pero falta sentido de urgencia.
Un quiebre de las Isapres arrastraría consigo a numerosos prestadores privados cuyos ingresos dependen en un 60% de ellas. Estos no solo atienden a los tres millones de afiliados a Isapres, sino también a otros siete millones de usuarios FONASA que acuden a estos establecimientos en busca de una solución a sus dolencias.
La consecuencia, por tanto, de una crisis terminal de las Isapres sería una congestión del sistema público de salud y un abultamiento de las listas de espera. Además, el desamparo de usuarios con prexistencias sin acceso a seguros complementarios, un riesgo mayor de discontinuidad en tratamiento de enfermos, la pérdida de garantías para las deudas vigentes y con ello el riesgo financiero para los prestadores privados, perjuicios para médicos y otros profesionales de la salud, etc.
Es necesario -como dijeron los ex Superintendentes de Salud- asegurar el equilibrio financiero de las Isapres para evitar estos problemas. Posteriormente, y también a la brevedad, es clave avanzar en una reforma “corta” a la salud privada, que reviva la idea que duerme en el Congreso de un plan único y de un fondo de compensación de riesgo que facilite la movilidad de los beneficiarios y promueva una mayor competencia entre las aseguradoras privadas. El largo plazo, en tanto, demanda una transformación estructural del sistema de salud que lo haga sostenible, con un adecuado proceso de transición.
Ahora bien, la solución estructural de largo plazo no existe si no se resuelve lo urgente, porque si no quedan aseguradoras ni prestadores privados en el sistema todo quedaría reducido a un prestador único estatal, de conocida baja calidad de servicio, con mala administración y peor gestión.
Todos los afiliados hemos tenido alguna mala experiencia con nuestra Isapre y sin duda hay ahí una tremenda responsabilidad y necesidad de cambios. Pero también es cierto que las personas prefieren la libertad de elegir. Es imperativo, entonces, buscar mejoras, dejando de lado posiciones ideológicas y refundacionales, buscando encontrar una salida al problema vigente, porque el costo para los pacientes puede ser demasiado alto. (DF)
Susana Jiménez
