“Vamos a pasar una retroexcavadora al modelo neoliberal”; “No son 30 pesos, son treinta años”; “Seremos la tumba del modelo neoliberal”.
Son frases que nos han acompañado últimamente y que trasuntan ese deseo de refundación, de hacer una revolución de masas. La izquierda más radical estuvo cerca de lograrlo, pero extremaron tanto su postura que perdieron el apoyo de la población. “El octubrismo terminó” dicen muchos, y sería bueno para Chile que así fuera, porque independiente de las legítimas posiciones ideológicas, no es viable alcanzar el desarrollo mediante la violencia, la polarización y la demonización de la negociación política.
El Gobierno, a punta de porrazos, ha ido constatando que la búsqueda de acuerdos amplios es el único camino viable para avanzar. Primero en materia constituyente, a través de un segundo proceso sustentado en un pacto político, que está entregando señales mucho más positivas que el anterior. Segundo en materia tributaria, con el rechazo de la reforma en la Cámara, que está generando la intención de alcanzar un Pacto Tributario de mayor consenso.
¿Y en materia previsional? Las señales no son positivas hasta ahora. La propuesta de reforma sigue esa lógica refundacional, y no porque no se estatice el stock de ahorro en el corto plazo deja de serlo. Tal cual como está, el sistema terminaría muy probablemente con un manejo estatal mayoritario. ¿Tendría un componente importante de capitalización? Depende, así partieron las reformas de Argentina y Bolivia; el primero ya estatizó y gastó los fondos, y el segundo está en camino de hacerlo. Esta idea refundacional está presente también en la derogación del D.L. 3.500, lo que además agrega una enorme complejidad a la reforma.
Con el objetivo declarado de buscar consensos, el Gobierno ha creado una “Mesa Técnica de Pensiones”, sin embargo, en ésta sólo participa el oficialismo, con una composición mayoritariamente política. La oposición, por su parte, también creó una mesa, con características similares, que se suma a otras instancias adicionales de centros de estudios y de la CPC, estás últimas de conformación diversa, y con un perfil más técnico. En esta multiplicidad de conversaciones que no se interconectan, parecen escasas las posibilidades de lograr un amplio consenso técnico y político, corriendo el riesgo de un tercer fracaso en esta materia.
Entonces, ¿cómo avanzar? La implementación de la PGU nos puede dar luces. Esta fue una buena reforma, de amplio apoyo, y que está generando una mejoría importante de las pensiones de la clase media. Se podrían, entonces, aprobar aspectos en los que existe mayor consenso.
Por ejemplo, un aumento gradual de la tasa de cotización, con una composición mayoritaria de capitalización; ajustar tablas de mortalidad a las características de distintos grupos poblacionales; cotizaciones a un fondo común cuando existan vínculos legales en una pareja; centralizar el proceso de cobranza de cotizaciones impagas; buscar mecanismos para perfeccionar y ampliar las licitaciones de cotizantes; participación competitiva de agentes estatales en los roles de gestión de cartera; permitir que se creen gestores de fondos que puedan subcontratar el resto de las funciones de las administradoras. Todas estas son posibilidades de reformas legales que paulatinamente vayan perfeccionando nuestro sistema de seguridad social.
En definitiva, y dadas las restricciones técnicas y políticas para avanzar en reformas refundacionales, entre el riesgo de no lograr nada -como ocurrió en los dos procesos anteriores-, optemos por el camino de la gradualidad, que ha probado además ser el más efectivo desde el punto de vista técnico. (DF)
Cecilia Cifuentes
