A propósito de la discusión sobre la colegiatura obligatoria, la pregunta es si las sociedades que la tienen, están mejor servidas por su comunidad jurídica que las que no, y en la afirmativa, si ese mejor servicio se debe a esa obligatoriedad.
En Chile la colegiatura obligatoria venía acompañada con un tarifado de honorarios que cartelizaba a los abogados e impedía la competencia por precios. Además se prohibía publicitar servicios, lo que dificultaba a los jóvenes darse a conocer y además el lobby jurídico impedía recibir el título a los extranjeros, restringiendo así la oferta con una sibilina restricción competitiva. El riesgo de politización no es menor. Imaginemos al Colmed, que en la pandemia acusaba de criminales a sus colegas que desde el Minsal estaban tratando de luchar contra ella. Si esa acusación hubiera venido acompañada de la amenaza de impedirles ejercer la medicina, capaz que no hubiéramos tenido uno de los mejores controles de pandemia en el mundo, sino que hubiéramos quedado entregados a la inexperiencia de la entonces dirigencia del Colmed.
Por eso la realidad profesional que vemos y los riesgos de repetir nuestro pasado hacen aconsejable equivocarse por el lado de la libertad que de la obligatoriedad de asociación, manteniendo un control ético voluntario y creando un procedimiento civil de incumplimiento de contrato profesional, simple y expedito. (El Mercurio Cartas)
Gerardo Varela A.
