Como una señal contra la corrupción en medio de la trama del Caso Convenios es que el gobierno lanzó este lunes la comisión de expertos para la probidad y la transparencia.
Una instancia que en el marco de 45 días deberá levantar un diagnóstico sobre la relación entre organismos sin fines de lucro y el Estado para efectos de proponer medidas que eleven los estándares en estas materias.
Tras la primera sesión de la comisión en el palacio de La Moneda, los integrantes de esta mesa han dado cuenta de sus primeras definiciones sobre la situación del país y han abordado la arista matriz del caso, que involucra a la Seremi de Vivienda de Antofagasta y a fundación Democracia Viva. Sobre lo primero, la presidenta de la comisión y directora de Chile Transparente, María Jaraquemada, señaló esta mañana a radio ADN que en el país «hay ciertas estructuras o ciertos procedimientos que pueden ser perfectibles porque creo que efectivamente hay discrecionalidad, muchas veces posibilidad de transferencia directa de cuantiosos recursos, etcétera y todo eso, si uno lo mira de lo que se ha estudiado durante décadas de la corrupción, generalmente eso puede fomentar que haya corrupción o puede permitir que sea más fácil».
Abordando el convenio suscrito entre la seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva, Jaraquemada apuntó que «hay bastante probabilidad de que haya habido corrupción. Yo creo que lo más probable es que haya conflicto de interés bastante patente y lo que además hay que investigar, es si eso además fue tráfico de influencia y también hubo una suerte de fraude al fisco».
Sobre el caso, el integrante de la comisión y director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Pontifica Católica, Ignacio Irarrázaval, señaló a Radio Universo que «lo que me llama la atención de este trato directo con Democracia Viva, más allá de las inhabilidades que podría haberse declarado mucho más explícito, es que en el fondo la prestación que se les solicita a ellos no es una prestación de emergencia, es una prestación de formación a los vecinos que viven en los barrios de Antofagasta (…) entonces claramente eso no requiere a mi modo de ver un trato directo».
Dando cuenta de su diagnóstico sobre los tratos entre el Estado y organismos sin fines de lucro, Irarrázaval indicó que «hay vicios de corrupción y creo que como país nos falta mucho que aprender en todo esto. Subyacente esta este tema de los tratos directos».
«Yo creo que lamentablemente, dado que somos un país de catástrofes, necesitamos muchas veces tener tratos directos (…) Ahora, tenemos bastante información y se podría analizar mucho mejor cuáles son los ámbitos de acción, cuáles son las formas de ejecución, cuáles son los mecanismos posibles y los registros», añadió.
En esa línea acotó que «este cambio de los estatutos de la noche a la mañana efectivamente eso está registrado, eso es información pública y uno podría poner ciertas notas de cautela».
OBSERVACIONES A LA COMISIÓN
Cabe destacar que la instalación de la Comisión para la Probidad y la Transparencia no estuvo exenta de críticas.
El exfiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y académico de la UAI, Carlos Gajardo, consideró exiguo el «propósito» que el Ejecutivo fijó para la instancia.
«Muy, pero muy buenos los nombres de la Comisión por la Transparencia: María Jaraquemada, Ignacio Irarrázaval, Ramiro Mendoza, Francisco Agüero y Jeannette von Wolfersdorff», escribió el jurista vía Twitter.
No obstante, acotó: «muy poco ambicioso su propósito. Debería proponer mucho + que la regulación de fundaciones».
Desde la oposición, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, se manifestó contrario a la instalación de una comisión para subsanar la crisis.
«En esto no se necesitan más leyes para entender que estamos frente a una red que se concertó para sacarle plata al Estado», señaló a radio Infinita.
«Hemos modificado más de 20 veces en la última década el Código Penal, usted recordará la comisión Engel, todo lo que significó con la situación de las platas políticas», añadió, apuntando que «no se necesitan leyes, se necesita fiscalizar bien».
A su vez, el senador de Evópoli, Felipe Kast, cuestionó en EmolTV que «nos dicen que se necesita ahora una comisión de expertos, dice la ministra Vallejo. Perdón, si para dejar de robar hay que ser éticos, no se requiere una comisión de expertos». «Por eso es tan importante la modernización del Estado, porque necesitamos que dejen de poner operadores políticos», agregó.(Emol)
