Las casi 400 enmiendas que ingresó la bancada republicana causaron un verdadero remezón al interior del Consejo. En privado, consejeros y comisionados de Chile Vamos se sorprendieron de varios temas y ven con preocupación muchas de esas indicaciones.
La izquierda quedó en alerta. Afirman que son enmiendas irresponsables y mucho más duras de lo que habían sido los anuncios del fin de semana. Así lo asegura el consejero Fernando Viveros (PC): “El ánimo es de preocupación porque creemos que el proceso constitucional corre un riesgo alto de fracasar. Esto, producto de enmiendas que no van en sentido de lograr acuerdos constitucionales, sino de imponer las ideas de un solo sector”.
Estos son algunos de los cambios que más ruido están causando al interior del Consejo y que pone cuesta arriba el trabajo para negociar un pacto político transversal que pueda salvar el texto que redactarán los 50 consejeros.
Para la izquierda, todo este proceso tiene un solo valor: el Estado social. Por eso durante la Comisión Experta gastaron sus energías para dejarlo regulado de manera “robusta” y luego de una ardua pelea con la derecha lograron que esta cláusula quedara lo más arriba posible del texto dejándolo en el inciso segundo del artículo primero, la norma más relevante de cualquier Constitución. Este acuerdo de los expertos, para el oficialismo es una línea roja.
Los republicanos pretenden barrer con todo ese orden y enviar el inciso del Estado social al final, justo después de todos los conceptos que dan vida al principio de subsidiariedad. El artículo 1 que proponen parte con la dignidad de humana y luego continúa definiendo que “todo ser humano es persona”. En el segundo inciso van con la familia como núcleo de la sociedad, en el inciso tercero regulan la autonomía de los cuerpos intermedios y en el inciso cuarto dejaron el principio de servicialidad del Estado y el bien común. “Una subsidiariedad reforzada”, comentan en privado en la izquierda. Los republicanos hacen que el Estado social pase del inciso segundo al inciso quinto de ese mismo artículo.
Chile Vamos no modificó sustancialmente este artículo porque saben lo relevante que es el tema para la izquierda. El oficialismo va por la misma batalla frustrada que dio en la Comisión Experta: expresar que Chile “es un Estado social” en reemplazo de la frase “Chile se organiza en un Estado social”.
Los republicanos incorporan el principio de supremacía constitucional y, por lo tanto, definen que los tratados internacionales de derechos humanos tendrán jerarquía infraconstitucional, es decir, irán por debajo de la Constitución. Los republicanos van un paso más allá: contemplan expresamente la prohibición de utilización de instrumentos internacionales jurídicamente no vinculantes para el Estado de Chile.
RN y Evópoli no definen jerarquía y siguen la línea, con algunas modificaciones, de lo trazado por la Comisión Experta. La UDI les da jerarquía constitucional y agregan un transitorio en que mandatan al Presidente de la República a que en el plazo de un año envíe un proyecto de ley para determinar “cuáles tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, corresponden a tratados internacionales sobre derechos humanos”. La idea de armar ese listado -como lo hace Argentina- es que solo lo que esté incluido en esa lista tendrá rango constitucional. El oficialismo define que este tipo de tratados tendrá rango constitucional.
La enmienda republicana echó por tierra el acuerdo de la Comisión Experta en relación a la libertad sindical y el derecho a huelga. Su enmienda reconoce el derecho a huelga únicamente en el contexto de la negociación colectiva. Además, se establece que no podrán declararse en huelga quienes integren las Fuerzas de Orden y Seguridad, Fuerzas Armadas, Gendarmería, los funcionarios del Estado y las municipalidades.
La UDI optó por una enmienda para mantener la misma cláusula que existe en la Constitución vigente, que tiene sentido negativo y se limita a declarar que “no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades” y una serie de otros grupos descritos. RN y Evópoli hizo modificaciones menores al artículo. El oficialismo no ingresó enmienda en este tema.
La derecha en su conjunto ingresó una enmienda -que ya contaría con el apoyo de 2/3 del Consejo- para estipular que “cada persona tiene derecho a elegir la entidad prestadora de salud así como la entidad que entregue cobertura a dichas prestaciones, sean estas estatales o privadas”.
Chile Vamos, por separado, además envió normas para tener un plan básico y universal. La enmienda UDI dice que “existirá un plan uniforme para la cobertura de las prestaciones de salud financiado con cargo a las cotizaciones obligatorias y los aportes fiscales solidarios que determine la ley”. RN lo redactó así: “Existirá un plan universal, solidario y uniforme para la cobertura de las prestaciones de salud. Este plan será financiado con cargo a las cotizaciones obligatorias y los aportes fiscales que determine la ley”.
El oficialismo no ingresó cambios en este tema.
5. Libertad de elección y protección de ahorros previsionales
Un camino similar tomó republicanos y Chile Vamos en materia de seguridad social. “El Estado deberá respetar el derecho de los cotizantes a elegir libremente la institución que administre sus ahorros previsionales provenientes de las cotizaciones obligatorias y voluntarias y de los fondos que se generen, garantizando su propiedad, así como su heredabilidad. En ningún caso los fondos ahorrados y generados podrán ser embargados, expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”, dice la enmienda conjunta.
Los republicanos ingresaron enmiendas directo al grano. El artículo 1 que proponen define que todo ser humano es persona. Luego, agregan que “todo ser humano menor de 18 años de edad” es un niño. Además, ingresaron una norma que “protege la vida del niño que está por nacer y la maternidad”.
La UDI agregó un inciso del siguiente tenor: “La ley protege y respeta la vida del niño que está por nacer. La madre gozará de especial asistencia y protección durante el embarazo y después del parto”. RN y Evópoli, en tanto, agregan una cláusula para proteger “la vida del ser humano que está por nacer y la maternidad”. El oficialismo no innovó en este tema y, al menos en lo que respecta al aborto, agregaron una enmienda para establecer que “toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos”.
Toda la derecha en conjunto envió una enmienda para reponer la titularidad de los padres en el derecho preferente para que elijan la educación de sus hijos. “Las familias, a través de los padres o en su caso de los tutores legales, tienen el derecho y deber preferente de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar y garantizar su interés superior. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”, dice la indicación.
Republicanos, por su lado, añadió un inciso para que el Estado garantice “la continuidad del servicio educativo en sus establecimientos educacionales”. El objetivo de la cláusula es prohibir, a nivel constitucional los paros estudiantiles o de profesores.
Los republicanos presentaron una enmienda que crea una policía fronteriza dependiente del Ejército. A su vez, se establece que los extranjeros que ingresen al territorio nacional por pasos no habilitados serán expulsados en el menor tiempo posible o devueltos a su país de origen.
Las enmiendas de la bancada más grande del Consejo además establecen que extranjeros condenados a penas de cárcel en territorio nacional deberán cumplir la pena carcelaria en su país de origen.
La UDI, en tanto, ingresó una enmienda que establece que “corresponde al Estado regular el ingreso a su territorio. La ley establecerá las condiciones para una migración segura, ordenada y regular, considerando la realidad social, cultural, económica, demográfica y laboral del país”. Los ingresos por pasos no habilitados, dice la indicación, serán sancionados por ley.
Los republicanos achicarán la Cámara. Quieren que haya 132 diputados y distritos que distribuyan entre tres y seis escaños. El Senado lo dejarán con 48 senadores y con circunscripciones iguales de solo tres senadores por cada región.
RN y Evópoli solo van por un redistritaje, manteniendo los 155 diputados, pero con distritos que repartan entre tres y cinco escaños. La UDI se sumó a republicanos ya que impulsa una Cámara entre 135 y 150 diputados. Esto, luego de un redistritaje mandatado al Servel, cuyo objetivo es tener zonas electorales más chicas que distribuyan entre dos y cinco escaños. El oficialismo insistirá en tener listas electorales cerradas.
Los republicanos ingresaron una indicación que modifica la forma de cumplir las penas para quienes tengan más de 75 años o estén gravemente enfermos. “Las personas mayores de 75 años o que padezcan enfermedades terminales, debidamente calificadas, cumplirán la prisión preventiva, presidio o reclusión en su domicilio. Esta disposición solo será aplicable a aquellos casos en que la conducta sancionada no represente un peligro actual para la sociedad”, dice la indicación. La izquierda vio la cláusula como “un perdonazo a los condenados de Punta Peuco”.
La derecha en conjunto presentó un nuevo capítulo de “Defensa nacional” para poner ahí las normas de las Fuerzas Armadas. Los republicanos crean un capítulo “Paz, Orden y Seguridad Interior” que contempla la regulación de Carabineros, PDI y Gendarmería. Además de la creación de la Defensoría de las Víctimas y de un Sistema Nacional de Seguridad.
RN y Evópoli también reforzaron normas de seguridad y crearon un nuevo capítulo para el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Todo Chile Vamos, en tanto, creó un nuevo acápite sobre seguridad pública. El oficialismo también agregó normas para reforzar temas menores de seguridad.
ENMIENDAS ECONÓMICAS REPUBLICANAS
Entre las enmiendas económicas que ingresó el Partido Republicano, hay algunas que versan sobre impuestos, otras sobre pensiones, derecho a huelga, aguas, endeudamiento público y Banco Central.
En lo que respecta a tributos, la bancada republicana propone agregar en el capítulo dos, sobre derechos y libertades, que “estará exenta de toda contribución o impuesto territorial la vivienda que sirve como residencia principal de una persona o familia. La ley establecerá la forma para hacer efectivo este derecho”.
En el mismo capítulo proponen agregar la siguiente oración: “La ley no podrá, en caso alguno, establecer tributos que graven el patrimonio de las personas”. Otra enmienda respecto a impuestos dice que “la ley establecerá beneficios o exenciones tributarias en favor de la familia, la vivienda, los adultos mayores y el libre emprendimiento”.
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Ahí también plantearon incorporar una nueva frase respecto al sistema de pensiones, que apunta a lo mismo que se había rechazado en la anterior Convención Constitucional: “El Estado deberá respetar el derecho de los cotizantes a elegir libremente la institución que administre sus ahorros previsionales provenientes de las cotizaciones obligatorias y voluntarias y de los fondos que se generen, garantizando su propiedad, así como su heredabilidad. En ningún caso los fondos ahorrados y generados podrán ser apropiados, embargados, expropiados o despojados por el Estado a través de mecanismo alguno”.
Por otro lado, presentaron una enmienda que reconoce el derecho a huelga únicamente en el contexto de la negociación colectiva. También ingresaron una indicación que señala que “no podrán declararse en huelga quienes integren las Fuerzas de Orden y Seguridad, Fuerzas Armadas y Gendarmería de Chile, los funcionarios del Estado y de las municipalidades”.
Sobre las aguas, ingresaron una enmienda que fortalece la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento. Al respecto, se señala que “las aguas son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la Nación, sin perjuicio del derecho real de aprovechamiento que confiere a su titular el uso y goce de ellas, así como los demás derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, los que otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.
En lo que respecta al Banco Central (BC), los consejeros republicanos ingresaron una enmienda para hacer algunos cambios en lo que quedó redactado en el anteproyecto de nueva Constitución que hizo la Comisión Experta. El anteproyecto señala que el BC “tendrá por objeto velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos”. Pero la bancada republicana propone que en vez de que se hable sobre “estabilidad de los precios”, mejor se cambie por “estabilidad de la moneda”.
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También propusieron suprimir el inciso que señala que el BC “ejercerá sus funciones y atribuciones buscando resguardar el cumplimiento de los objetivos a que se refiere” el inciso anterior, “sin perjuicio de considerar también los efectos de la política monetaria en la actividad económica y el empleo”.
Asimismo, proponen suprimir el segundo inciso del artículo 195, el cual establece que “en situaciones excepcionales y transitorias, en las que así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, el BC podrá comprar durante un período determinado y vender, en el mercado secundario abierto, instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, de conformidad a lo establecido en la ley institucional”.
Al respecto, la enmienda agrega que “los funcionarios y autoridades que conduzcan y deban adoptar decisiones públicas donde esté en juego la responsabilidad fiscal y el interés superior del país, serán directamente responsables de todo daño causado a dicho principio e interés superior”.
En otro apartado, señalan que “el Presidente de la República evitará un endeudamiento excesivo del Estado. El Estado garantizará el equilibrio entre ingresos y gastos en su balance, teniendo en cuenta las fases favorables y desfavorables del ciclo económico”.
Ahí mismo se agrega que “el endeudamiento público estará permitido únicamente con el fin de considerar los efectos del ciclo económico y tendrá un límite máximo expresado como porcentaje del Producto Interno Bruto. El endeudamiento público requerirá de la autorización de la Cámara de Diputados y del Senado concedida por los cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio, y solo en casos de estar en presencia de acontecimientos excepcionales. El límite máximo de deuda se establecerá anualmente en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos, requiriendo del voto favorable de los tres quintos de los Senadores y Diputados en ejercicio”.
Asimismo, la enmienda dice que “toda ley que suponga nuevos y mayores gastos deberá proveer los medios para financiar los mismos. La Cámara de Diputados y el Senado aprobarán cada año por ley el presupuesto y el balance presentados por el Gobierno. Las normas fundamentales y los criterios dirigidos a garantizar el equilibrio entre ingresos y gastos en los balances y la sostenibilidad de la deuda se fijará por ley aprobada por la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El Estado no podrá incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos. Una ley institucional fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado en relación a su producto interno bruto, cautelando no traspasar el límite máximo de endeudamiento permitido”.
MINISTRO DE JUSTICIA
el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien dijo que, a su juicio, en algunas de las enmiendas anunciadas se observa un retroceso en la discusión legal, enfatizando que varias de las modificaciones anunciadas hacen que “volvamos a un debate de los 80′”.
En entrevista con Radio Universo, el ministro fue consultado específicamente por los dichos del consejero republicano Luis Silva sobre la propuesta del derecho a la vida del que está por nacer, luego que este señalara que, de aprobarse esa mirada, quedaría abierta a la interpretación de un juez el declarar legal o ilegal la interrupción del embarazo, incluso en las tres causales que hoy garantiza la legislación.
“La calificación caso a caso, vuelve en algún sentido –en mi opinión- sobre las certezas que trataba de dar el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Este es un debate que tiene bastante profundidad, pero ahora, yo diría que el elemento común es que se han abierto una cantidad de discusiones que nos ubica en un debate legal similar al que podíamos tener al principio de la década de los 80′”, insistió Cordero.
Y agregó sobre ese eventual retroceso en la discusión legal: “En el contexto de la legislación actual que nosotros tenemos, yo creo que sí, pero ahí hay un debate que corresponde a los miembros del Consejo. Y mi apreciación sobre la discusión general tiene que ver con que varios de los asuntos que están apareciendo en el debate es reabrir discusiones de principios de los 80′”.
Finalmente, el ministro se refirió a la importancia del lenguaje en la construcción de textos constitucionales, haciendo una distinción con la manera en que se usa en el debate político.
“Mientras en el debate político la retórica del lenguaje puede ser útil para manifestar un conjunto de ideas, en el derecho cada palabra importa. Es decir, cuando uno analiza un texto normativo, que es el caso de la Constitución, hay formas explícitas y hay formas implícitas, y eso tiene que ver específicamente con el tipo de palabras y de lenguaje que utiliza el texto constitucional”, recalcó.
“Por eso en ocasiones algunos podrán pensar que los abogados se enfrentan en debates conceptuales, pero esos debates conceptuales tienen una gran cantidad de consecuencias para la legislación que después aplica el Congreso. Yo lo plantearía en los siguientes términos: toda palabra escrita en la Constitución nunca es inocente y tampoco neutral”, sentenció. (La Tercera-Universo)
