La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución.
De esta forma, la iniciativa vuelve al Senado para su discusión en tercer trámite constitucional.
En el debate en sala de la Cámara Baja intervino la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, cuestionando la disposición de “legítima defensa privilegiada”, que incorporó la oposición y permitiría a civiles poder recuperar “por mano propia” (según describen en el gobierno) sus terrenos ocupados.
“Como Gobierno no vamos a permitir una ley de usurpaciones que permita enfrentamientos. El proyecto que está en el Congreso busca proteger a las personas que les usurpan sus bienes, y para eso es fundamental avanzar con las herramientas del derecho, no del salvajismo”, señaló Tohá en su cuenta en X.
En el debate en el Congreso, la autoridad de gobierno argumentó en una línea similar.
“Habilita a causar cualquier daño al autor del delito. Esa es la legítima defensa privilegia. O sea, aquí se pueda actuar en cualquier plazo, se puede recurrir a terceros y se puede causar cualquier daño. Si eso no es autotutela, si eso no es ley de la selva”, planteó la ministra.
“El Ejecutivo está de acuerdo en endurecer las penas, pero no es lo mismo saltarse una reja que amenazar a alguien con una pistola; no está de acuerdo con que se arme un lote de gente con palos o armas a hacer justicia por sus propias manos”, sostuvo Tohá.
En la votación en particular del artículo, fue aprobado por 73 parlamentarios que se manifestaron a favor, 63 en contra y cinco abstenciones.
El texto del proyecto ya había sido aprobado en su idea de legislar en una sesión anterior. Sin embargo, su articulado había quedado pospuesto debido a un segundo análisis por parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja. Allí el gobierno intentó, sin éxito, buscar acuerdos en diversas materias donde a su entender, se alteró la idea matriz del texto.
Las indicaciones finalmente rechazadas en la comisión, tampoco prosperaron en sala, salvo una de ellas relacionada con la imposibilidad de detener a quienes, habitando un terreno ocupado, se encuentren en el catastro anual de campamentos.
El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton señaló que el “mensaje es claro, la mayoría del Congreso, que es la mayoría del país también, está por una ley de usurpaciones que sancione con penas efectivas de cárcel y que dé la posibilidad a las policías de detener flagrantemente, de manera permanente, a quienes usurpan terrenos”.
“Eso es un cambio muy grande respecto a lo que tenemos hoy día, donde precisamente por efectos de procesos judiciales que eran eternos, que no tenían fin, las familias no tenían justicia. Y esa impunidad se va a acabar con este proyecto de ley, porque va a permitir que a las violentistas, a las personas que se meten a terrenos que no les pertenecen, sean detenidos. Y eso es una tremenda noticia para nuestro país”, destacó.
El proyecto modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación y facilitar la detención de los ocupantes. Entre sus principales objetivos está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación, extendiendo el período de flagrancia tratándose de este delito.
“Cuando a la gente le decimos el Estado está ausente, no podemos decirle también que no va a tener la posibilidad de defenderse. Entonces, hoy día el rol de las policías va a ser fundamental, porque la flagrancia va a ser permanente, no de 12 horas. Es decir, en cualquier momento las policías van a poder llevar detenidas a personas que se tomaron y usurparon terrenos. Y eso es un alivio para cientos y miles de familias que viven con la desesperanza de que la justicia ya no sirve”, sostuvo el diputado Longton.
GOBIERNO NO DESCARTA VETO
