El pasado miércoles, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), informó que hay 418 personas que reciben pensiones de gracia otorgadas por vulneraciones a los derechos humanos en el marco del estallido social. De ese total, 40 tienen antecedentes penales, de las cuales 23 se otorgaron durante la actual administración.
A raíz de ello, diputados de Renovación Nacional solicitaron a Contraloría que audite el total de pensiones de gracia otorgadas a personas calificadas como “víctimas de vulneración de derechos humanos” en el contexto del estallido social.
En el escrito, los legisladores RN cuestionan el criterio -a su juicio- discrecional en la selección para otorgar el beneficio y, es por ello, que esperan que el organismo encabezado por el contralor Jorge Bermúdez despeje dudas en torno al mecanismo de selección.
El requerimiento fue presentado este viernes por los diputados Ximena Ossandón, Sofía Cid, Andrés Longton y Hugo Rey, quienes -según comentaron- tiene por objeto “verificar si se cumplieron tanto los requisitos que permiten acceder a estas pensiones, como los supuestos y actuaciones administrativas previstos en la ley para su otorgamiento”.
“Hicimos una presentación a Contraloría para que indague la legalidad y haga una auditoría respecto al otorgamiento de las pensiones de gracia, otorgada bajo el contexto del estallido social, donde pareciera ser que este gobierno cayó en una discrecionalidad arbitraria al otorgar pensiones de gracia a quienes no reunían los requisitos y no eran acreedores de las mismas”, explicó el diputado Andrés Longton.
Por su parte, la diputada Ximena Ossandón recordó el caso de falsos exonerados políticos y aseguró que “dejó a la vista el millonario robo que se hizo a las arcas fiscales por sujetos inescrupulosos. Acá el universo es más pequeño, pero se debe ser extremadamente riguroso para evitar que tipos con antecedentes delictuales o que nunca padecieron lesiones tengan ingresos de por vida con impuestos de chilenos que trabajan día a día”.
El escrito señala que “del total de los casos beneficiados con la pensión, pareciere que tanto de la magnitud del daño o perjuicio sufrido, como del contexto en las que tuvieron lugar, no ameritan ser calificadas de ‘accidente o catástrofe’, ni menos cabría calificar las circunstancias como ‘extraordinarias’”. (La Tercera)
