Los contratos celebrados vía “trato directo” tuvieron, otra vez, una nueva situación: un informe de auditoría de Contraloría mostró irregularidades en la contratación de servicios por parte del ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) en estudios solicitados a Cadem, Criteria, la Universidad del Desarrollo y Fases Asesoría e Investigación en Gestión de Marketing, entre enero de 2020 y octubre de 2021, cuando era dirigido por el exministro Jaime Bellolio (UDI).
Según se lee en el informe de la entidad, en el caso de Cadem fueron 12 tratos directos por conceptos de “estudios de opinión y estratégicos” en un periodo de 12 meses, lo que significó un desembolso de $345.149.782. La consultora “contaban con una reconocida y comprobada experiencia técnica, orientada hacia la investigación de mercado y opinión pública en Chile, sin que se haya demostrado documentadamente la causal invocada”, se lee en las conclusiones.
Las “mismas causas y modalidades” aplicaron para la Universidad del Desarrollo, Fases y Criteria, en las que se pagó $255.000.000, $193.246.048 y $138.592.000, respectivamente.
En el mismo informe, se constató que hubo “adquisiciones con los proveedores” Cadem y Fases por montos superiores a mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM) “sin que conste la existencia de los respectivos contratos, situación reconocida por el servicio”. Ante esto, la institución llamó a “formalizar un contrato” para aquellos contratos que sean sobre los montos mencionados.
“Se observó que para los dos tratos directos anotados en el punto anterior, con los proveedores CADEM S.A., por $66.000.000 y Fases Investigación y Asesorías en Gestión de Marketing ltda, por $56.181.440, no se estableció en las respectivas resoluciones que autorizaron los tratos directos (…) para no exigir el otorgamiento de una garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, y por lo tanto dicha operación debió contar con la garantía o resguardo respectiva”, versa el informe.
Finalmente, hubo otra ejecución de contratos en los que no se cumplió: se trata de servicios de la Pontificia Universidad Católica, donde hubo un incumplimiento en el plazo de ejecución, que era “de 8 semanas a partir de la aceptación de la orden de compra, para la realización de un estudio sobre discriminación y participación ciudadana, por un monto de $9.800.000. Sin que exista una modificación del plazo en las condiciones y términos de referencia que regulan este trato directo”.
Esta última situación fue calificada como “grave” y arriesga multa de 20%, por lo que Segegob “deberá analizar lo señalado y efectuar los cobros que correspondan”; para los otros casos, junto con disponer los procedimientos disciplinarios a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría, la secretaria de Estado “deberá analizar lo señalado y efectuar los cobros que correspondan”. (ADN)
