El jueves el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, acudió a la comisión investigadora del Caso Convenios de la Cámara de Diputados para dar cuenta de las auditorías que hizo a todas las secretarías regionales ministeriales (seremi) de Vivienda y oficinas de Serviu locales. El órgano fiscalizador -que también hizo lo propio en 13 gobiernos regionales- detectó 16 tipos de múltiples y variadas irregularidades.
Una de ellas, es que en 13 órganos de Vivienda, se financiaron iniciativas de inversión “sin fundamentación” y vía asignación directa en el marco del Programa de Asentamientos Precarios (PAP). Es decir, no hubo acto administrativo que justificara, documentadamente, la entrega de recursos sin concurso de por medio. En total, fueron 101 proyectos, de 15 fundaciones en 11 regiones y por más de $8.992 millones asignados.
En las mismas unidades regionales, se detectó que no existía procedimiento formal para seleccionar a las fundaciones que ejecutarían convenios ni pedían cauciones (garantía). Este es el detalle.
Santiago: seis fundaciones
La Región Metropolitana fue la que más celebró convenios. La Seremi suscribió 24 con seis entidades privadas por $1.822 millones, donde se constató falta de manuales de procedimientos y de selección de ejecutores a los que, finalmente, se les hizo un traspaso directo de recursos, “sin que los actos administrativos pertinentes que autorizaron tal método de otorgamiento se encuentren fundados y acrediten documentadamente los motivos que lo justificaron”. Se pidió iniciar un sumario.
Adicionalmente se detectó falta de experiencia de Enred Social y Enlace Urbano y de documentos originales de Espacio Lúdico.
El informe será puesto a disposición del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
En un tema adicional, en la Subsecretaría de Vivienda, en tanto, se detectó la existencia de 406 casillas de correos electrónicos asociados a personas que no trabajan en esa repartición y 89 de desvinculados, pero que siguen activas. “La situación detectada, implica que personas, que no son funcionarios de la institución, pueda tener acceso a los medios de intercambio de información, exponiendo al servicio”, dice el informe.
Arica: más de $248 millones
En esta región, Serviu y la Seremi de Vivienda realizaron cuatro convenios con tres organizaciones: Fundación Caritas San Marcos de Arica, Cuerpo de Bomberos O’Higgins de Arica y Enlace Urbano ONG, sin fundamentar los motivos que justificaran la entrega de recursos (más de $248 millones asignados).
Enlace Urbano, con presencia en siete regiones, se creó el mismo año 2021, sin embargo, la ficha de inscripción habla de una “vasta experiencia”: “Se justifica el financiamiento por transferencia directa a Serviu considerando su vasta experiencia en este tipo de proyectos, y que en la actualidad no se cuenta con un organismo privado sin fines de lucro con experiencia comprobable en este tipo de tareas que garantice los buenos resultados de la iniciativa”. Además, se detectó que la fundación obtuvo la autorización en el SII para ejercer los giros concernientes al convenio, 140 días hábiles después de la aprobación de este.
Las iniciativas de Caritas y de los Bomberos en 2020 y 2021, fueron para entregar agua potable a los habitantes de Cerro Chuño a raíz de los cortes de suministro. Sin embargo, Caritas en Arica sólo inició actividades en el SII el 30 de junio de 2021 con giros referentes a “actividades de organizaciones religiosas” y “otras actividades de asistencia social sin alojamiento”. Caritas abandonó el proyecto y es ahí donde entró Bomberos.
Contraloría estimó que se pasó a llevar la ley 18.975, que rige las licitaciones y dispone hacer tratos directos fundadas mediante una resolución, “requiriéndose una demostración efectiva y documentada de los motivos que justifican su procedencia”. Eso no existió en Arica, por lo que se iniciará un sumario.
Tarapacá: 23 convenios bajo análisis
Entre octubre de 2021 y diciembre de 2022, se suscribieron siete convenios con la fundación Enred y 16 con Enlace Urbano por más de $2.836 millones en esa región.
Nueve fueron para “diagnóstico territorial”, otros nueve de “habitabilidad primaria”, tres de “transición habitacional”, uno para “implementación de loteos”y uno para un “piloto de medición de impacto”.
Según explicó el Serviu, en 2021 se estaba desarrollando el desafío “100+100” (que pretendía iniciar el cierre de 100 campamentos y darle habitabilidad a otros 100), pero en Tarapacá se quedaron cortos de fundaciones que trabajaran por esa meta, y como “no existía un registro nacional de fundaciones que permitiera conocer el listado de entidad reconocidas por Minvu, su capacidad y su experiencia”, llamaron a entidades que habían hecho presentaciones en el norte. No obstante, también revelaron que desde el nivel central les enviaron un mail el 16 de agosto de 2021, con una nómina de tres fundaciones para invitar a participar: Enlace Urbano, Huella Local y Junto al Barrio. Las últimas declinaron a la invitación. Contraloría entregará lo recabado al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. La Seremi deberá iniciar un sumario.
Gore de Atacama recomendó fundación al Serviu
En Atacama, cuatro fundaciones suscribieron 11 convenios donde ni las resoluciones ni los mismos convenios “mencionan los fundamentos que justifiquen la asignación de los proyectos mencionados a dicha fundación, como tampoco se aportaron otros antecedentes que acrediten los motivos de dicha elección”.
Según consta en la auditoría de Contraloría, el jefe de la División de Infraestructura y Transportes del Gobierno Regional fue quien le presentó la fundación Comprometidos a los funcionarios del Serviu en diciembre de 2022. Además, se determinó que esa misma persona “mantiene una relación de amistad con la aludida coordinadora del proyecto” de distribución de agua potable a campamentos de Copiapó.
La fundación mencionada fue constituida en 2016 con la suma de $20 mil con giro de producción cinematográfica, clínicas veterinarias, actividades culturales y asistencia social. Ese último lo agregaron cuatro meses antes de suscribir el convenio con la seremi por $128 millones. Los antecedentes se pondrán a disposición del CDE.
Valparaíso: ProCultura en problemas
Seis fundaciones y 12 convenios son los que revisó Contraloría en relación al Serviu y Seremi de Vivienda de Valparaíso. Todos sin su debida justificación, según el ente fiscalizador, pero no para la Seremi, que se defendió diciendo que a la fecha de esos convenios no se contemplaba hacer concursos y que por monto, sólo los convenios con Posible otro Chile y Enred hubieran necesitado licitación.
En esta región también se determinó que ProCultura no contaba con el giro para diseñar el loteo y expediente de expropiación del campamento Lomas de Bellavista y Las Viñas de Irene Frei en Villa Alemana, ni tampoco tenía la experiencia para hacer trabajos topográficos.
Para eso contrataron a la empresa creada a fines de diciembre de 2022, Asesorías Profesionales en Gestión Inmobiliaria Limitada, donde uno de los socios fue director del Serviu hasta abril de 2022: Estando en el cargo, el 21 de febrero de 2022 solicitó recursos para varios proyectos, uno de ellos, el de Procultura. A raíz de esto, Contraloría pidió evaluar el término del convenio. En tanto, la Seremi puso fin anticipado a los de Enred en septiembre, solicitando de regreso el dinero.
O’Higgins: Arquiduc, Enred y Red Integral Comunitaria
En esta región Serviu y la Seremi de Vivienda, realizaron nueve convenios, sin concursos, con las fundaciones Arquiduc, Enred y Red Integral Comunitaria, en el marco de la ejecución de proyectos de inversión en el marco del Programa de Asentamientos Precarios.
¿Por qué lo hicieron así? Según Serviu ese sistema fue pensado como una modalidad de transferencia de recursos a entidades municipales, pero que “por dificultades y malas experiencias se decidió la contratación de personas jurídicas sin fines de lucro, manteniendo el mismo sistema”. Como fuere, la auditoría estableció que la Red Integral Comunitaria (RIC) y Arquiduc no tenían una “total concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades convenidas que esta debía ejecutar”.
Además, se observó que RIC inició actividades solo dos meses antes del convenio y que Arquiduc no tenía el giro ni por lo tanto la experiencia requerida.
Contraloría iniciará un procedimiento disciplinario para responsabilidades administrativas y la situación fue informada al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
Maule: comisión evaluadora sin actas
En Maule se revisaron dos fundaciones (Urbanismo Social y ONG Sur Maule) y cuatro convenios, cuyos fundamentos de contratación directa eran generalidades que motivaron que se instruya un sumario.
En su defensa, desde el Serviu aseguraron que se llamó a cinco entidades privadas a participar del proyecto asignado a ONG Sur Maule, pero que sólo dos presentaron propuestas que fueron evaluadas por una comisión que no entregó sus actas a Contraloría. La fundación tampoco tenía el giro para el convenio que fue contratado a la fecha de la firma del convenio.
Mientras, Urbanismo Social llegó porque la directora de Serviu había tenido reuniones de lobby con ella y pidió evaluarlos. Además, la Seremi no subió estas transferencias a la web del Ministerio de Hacienda que registra y publica estos movimientos de entidades públicas hacia privados, lo que después fue subsanado.
En esta región se encontraron varios otros tipos de irregularidades respecto a probidad que ya se han conocido, como el vínculo laboral que tuvo el exseremi de Vivienda con Urbanismo Social
Contraloría determinó que no se fundaron los tres convenios de Enred en la región y que además, hubo inconsistencias en documentos y en modificaciones en al menos un proyecto.
Registra ocho convenios de ProCultura, Urbanismo Social, Espacio Lúdico y Enred donde las resoluciones ni los convenios explican por qué se les financió, lo que “vulnera los principios de transparencia y publicidad”, dice Contraloría.
Además, Contraloría detectó que la Seremi de Vivienda no informó estas asignaciones en el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades. En la misma línea, se estimó una falta de concordancia entre el objeto de ProCultura, Espacio Lúdico y de Enred con las actividades del convenio. Enred y Urbanismo Social, además, cambiaron su giro a uno acorde con lo encomendado, después de suscribir el acuerdo, y un mismo campamento fue entregado en convenio -de forma muy similar- a dos fundaciones distintas.
Todo será puesto en conocimiento del Ministerio Público y del CDE.
Adicionalmente, entre otras irregularidades, en el Biobío se detectaron vínculos entre dos funcionarios de la Seremi y del Serviu, que antes trabajaron en ProCultura y Urbanismo Social, respectivamente. Este último, conocido RD que también fue jefe de gabinete de la delegada presidencial, avisó de ese conflicto de interés para abstenerse ante temas de la fundación en enero. Sin embargo, en marzo visó un informe técnico relativo a un convenio con Urbanismo Social.
Los Ríos: Enlace Urbano
Contraloría relata cómo se llegó a elegir a Enlace Urbano ONG para hacer diagnósticos socioeconómicos a ocho campamentos: se contactó vía mail a tres fundaciones y dos se interesaron. Enlace Urbano era una de ellas.
“Se observa que los fondos asignados a la Fundación Enlace Urbano ONG, a través de la resolución exenta N° 554, de 12 de octubre de 2022, de la Seremi Minvu de Los Ríos, ni su convenio, mencionan ni acreditan, los fundamentos que justifiquen la asignación del proyecto a dicha entidad, como tampoco se aportaron otros antecedentes que acrediten los motivos de dicha elección”, dice la auditoría. El proyecto tampoco se declaró en el registro de colaboradores del Estado.
En esta región, hubo dos convenios asignados sin razones fundadas. Eso sí, el Serviu advirtió que le preguntó a la Municipalidad de Punta Arenas y al Registro Civil si existían fundaciones en la región que trabajaran con asentamientos precarios y que llegaron a la fundación Chay Austral porque ya trabajaban en campamentos, no encontrando ninguna otra. La fundación no está inscrita en el Registro de Contratistas del Minvu ni la transferencia se subió al Registro de Colaboradores del Estado. (El Líbero)
