La Superintendencia de Salud ingresó este viernes un recurso de aclaración a la Corte Suprema para entender el alcance de la instrucción que deberá dictar el organismo a las isapres para la aplicación del fallo por primas GES, y además solicitó una prórroga de seis meses para la entrada en vigor de la sentencia.
Es que la aplicación del fallo es inminente, luego de que el máximo tribunal rechazara todas las apelaciones de las aseguradoras. Esto, considerando que la sentencia tiene un alcance general y dejó sin efecto el alza de las primas GES que concretó la industria en octubre de 2022, obligando a restituir los precios del periodo anterior y exigiendo la devolución de los cobros en exceso.
Se trata de un tema sensible para las isapres, considerando que la aplicación de dicho fallo significaría una caída de 12,7% en sus ingresos.
De hecho, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, advirtió hace algunos días que, de concretarse este fallo, las aseguradoras no podrían mantener sus coberturas más allá de tres meses.
Así, en el recurso presentado esta tarde, la Superintendencia expuso -considerando las peticiones hechas por algunas isapres- que no obstante entiende que el cumplimiento de las sentencias es de exclusiva competencia de los tribunales de justicia, «surge la duda de si el efecto colectivo y lo señalado en el considerando vigésimo cuarto, tiene alcance para que esta Superintendencia de Salud proceda a dictar una instrucción general, respecto de aquellos afiliados que, resultando beneficiados por la sentencia de autos, no han judicializado sus casos, para el solo efecto que las isapres puedan aplicar, en lo sucesivo, las primas establecidas».
En ese sentido, la entidad liderada por Víctor Torres solicitó al máximo tribunal que aclare «si el efecto colectivo (…) tiene el alcance para que esta Superintendencia de Salud proceda a dictar una instrucción general que permita dar aplicación práctica y oportuna a aquellos afiliados que, no obstante encontrarse beneficiados por la sentencia en materia de GES, no han judicializado sus casos».
Además, añadió, «para el evento de resultar afirmativa la aclaración, esta Superintendencia pueda dictar las instrucciones dentro del plazo de 6 meses, salvo que la SS Excma. estima algo diferente».
Por último, señaló que estas solicitudes se justifican por el interés de «resguardar la continuidad de las prestaciones y beneficios de los afiliados, lo que podría verse comprometido por el eventual impacto en los indicadores que supervigila este servicio al dictar instrucciones en esta materia, lo que requiere de un plazo prudente para que las isapres puedan ajustar su operación sin impactar a sus beneficiarios». (Emol)
