La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el año pasado un recurso de protección presentado por la Inmobiliaria y Constructora San Antonio y ordenó el desalojo de terrenos tomados en el cerro La Virgen, ubicado entre las comunas de San Antonio y Cartagena, dando un plazo de cuatro meses para que los ocupantes abandonen el lugar.
Pese a las protestas y reuniones con diversas autoridades, esta semana la Corte Suprema respaldó el fallo de alzada y confirmó el desalojo de esta toma, que reúne alrededor de 3.000 familias en un paño de 260 hectáreas, donde se pueden encontrar viviendas y edificaciones de material ligero, además de tiendas y alumbrado público realizado por conexiones ilegales al tendido eléctrico.
«Todos los ocupantes deberán abandonar el inmueble, disponiendo de un máximo de seis meses desde que esta sentencia quede ejecutoriada, debiendo retirar del lugar sus enseres y construcciones realizadas en el lugar», indicó el fallo del máximo tribunal.
Asimismo, se indicó que «se dispone, desde luego, el desalojo inmediato con auxilio de la fuerza pública en caso de oposición«.
Cabe recordar que la extensión de este asentamiento impidió construir el acceso norte al puerto local, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario.
POBLADORES CUESTIONAN EL DESALOJO
El dictamen causó molestia en las familias que viven en esta megatoma, quienes acusan que pese a reunirse con autoridades de Gobierno, no se ha logrado avanzar en una solución.
En diálogo con El Mercurio, Karina Ayala, quien representa a una agrupación de habitantes del lugar, relató que el lunes fue recibida por el Presidente Gabriel Boric y el ministro de Vivienda, Carlos Montes, a quienes pidió que compren el terreno y radiquen la toma.
«Al inicio el ministro dijo que no iba a negociar con una pistola en la mesa y hoy no se pronuncia. Solo dice que espera los diagnósticos», advirtió Ayala, que acusó que ante tal escenario «habrá una batalla campal».
Al respecto, Montes -que descarta comprar los terrenos- informó que hay un catastro ya concluido y que están procesando, advirtiendo que «varias de esas familias ya tienen otras viviendas, hay distintas realidades que se están trabajando«.
«Cualquier decisión debe ser vinculada a un diagnóstico aún en desarrollo«, indicó al medio antes citado, por su parte, la delegada presidencial regional, Sofía González.
Finalmente, la representación de los propietarios advierte que este nuevo fallo evidencia que desde que se dictó el primero «no ha habido actividad alguna del Gobierno ni del ministerio para dar una solución a los pobladores y a la empresa. Nosotros tenemos que ejecutar el fallo.
«¿Qué va a hacer el Gobierno? ¿Qué van a hacer los pobladores», cerró cuestionando. (Cooperativa)
