La polémica por la entrega de pensiones de gracia en el marco del estallido de 2019 a 69 personas con antecedentes penales no se acabó con la revocación de 27 de ellas en febrero. Aún falta saber por qué el Presidente Gabriel Boric decidió echar pie atrás a esa cantidad de beneficios, siendo que la comisión que lo asesora y que volvió a revisar los casos con la óptica penal, le recomendó en enero revertir casi el doble: 50 pensiones.
También está pendiente conocer qué pasó con los 39 casos que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados detectó que sufrieron lesiones leves, que no les impedía trabajar, pero que igualmente recibieron el beneficio monetario.
La Comisión Asesora Presidencial revisaría los 419 casos de pensiones de personas “afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019”. El Líbero consultó al Ministerio de Interior sobre ese análisis y la posible recomendación de nuevas revocaciones, y solicitó a Presidencia saber a qué se debió el criterio del Mandatario, pero hasta el cierre de esta edición, no había recibido respuesta de ninguna de las entidades.
LAS REVOCACIONES
Las 27 revocaciones fueron firmadas por el Presidente y la ministra del Interior, Carolina Tohá. Un decreto lo suscribieron el 19 de enero, 13 se firmaron el 6 de febrero, 12 el 7 de febrero y uno el 15 de febrero. Todas las revocaciones fueron tomadas de razón por Contraloría el 23 de febrero y en ellas se esgrimía que hubo un cambio de condiciones respecto de las cuales se entregaron el beneficio.
Asimismo, los decretos supremos que pusieron fin a los beneficios, especifican que «con posterioridad al otorgamiento» de la pensión, «esta autoridad ha tomado conocimiento de que el beneficiario registra antecedentes penales relacionados a ilícitos de alto interés y conmoción pública» y que sus conductas «poseen un especial desvalor social que se contrapone con la naturaleza del beneficio que se le ha otorgado», por lo que sus acciones hicieron variar «de manera ostensible las circunstancias extraordinarias que en su oportunidad motivaron el otorgamiento del referido beneficio».
Asimismo, menciona que la Constitución establece que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional y que «tal finalidad y deber se ven afectados cada vez que se vulnera el ordenamiento jurídico; se quebranta el Estado de Derecho y el orden institucional que interesan a todas las personas»
RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN
La Comisión Especial Asesora del Presidente en materias de pensiones de gracia, dependiente de la Subsecretaría del Interior, es la misma que le sugirió al Mandatario darle pensiones vitalicias a 419 personas por el estallido. En ese análisis, explicaron en sus actas, no se tuvo a la vista certificados de antecedentes, sino sólo la información que les proporcionó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en los cuales Contraloría igualmente halló falencias.
Sin embargo, una vez que se supo que había un condenado por homicidio -develado por El Líbero-, un condenado por pornografía infantil y otro por abuso sexual a una niña, entre las 69 personas que tenían condenas, detenciones o causas vigentes, el Presidente ordenó volver a revisar todos los casos, incluso de los últimos cinco años. En esta segunda revisión de los pensionados del estallido, la comisión recibió un completo informe de la División Jurídica de Interior con los certificados de antecedentes y el extracto de filiación (del Registro Civil) de cada uno de los pensionados.
En cuatro sesiones de enero, revisaron los 69 casos de pensionados con antecedentes penales. Recomendaron revocar la pensión a 50, mantenerla a 14 y cinco quedaron pendientes.
Según consta en las actas de las sesiones de la comisión a las que tuvo acceso El Líbero, el 18 de enero se analizó largamente sólo el caso de Juan Lagos Lagos, condenado por fotografiar desnuda a una adolescente de 17 años en un baño en Chillán. La sugerencia al Jefe de Estado fue echar pie atrás en esa pensión. Al día siguiente, y antes de irse de vacaciones, el Presidente ordenó seguir la tramitación para revocar el beneficio.
Al día siguiente se revisaron 16 casos y la comisión recomendó revocarlos todos. Entre ellos estaban Jesús Véjar, condenado por matar a un hombre en Alto Hospicio en 2014; Robinson Jaramillo, condenado por abuso sexual a una niña de seis años; una mujer condenada por homicidio simple en grado frustrado, por un hecho ocurrido en 2017; un condenado por varios delitos, entre ellos, tráfico; un condenado por porte ilegal de arma de fuego; un joven herido en el marco de desórdenes tras un partido entre Colo Colo y Palestino en 2020; un sentenciado por lanzar una molotov; uno por apedrear un carro lanzaaguas y con ocho condenas por robo en lugar no habitado y dos hurtos; un condenado por dos cargos de maltrato de obra a Carabineros (pateó en la cabeza a uno) y un condenado por el saqueo a dos tiendas en Coronel.
Luego, el 25 de enero (ver las actas abajo), en dependencias del Departamento de Acción Social, la comisión dejó en acta que, “además del informe emitido en su oportunidad por el INDH, se tienen a la vista el certificado de antecedentes y extracto de filiación de cada caso a revisar, antecedentes con los que se procede a estudiar y reevaluar el otorgamiento de la pensión de gracia y con ello poder emitir una propuesta a S.E. el Presidente de la República”.
Ese día, se revisaron 52 casos teniendo en consideración que:
Es decir: si una persona con condena penal -anterior o posterior a la pensión- tenía una lesión gravísima sufrida en el marco del estallido, la comisión recomendaría mantener su beneficio.
Con ese criterio, la comisión recomendó revocar la pensión a 50 personas, pues su afectación por causa del estallido no sería tan importante o inhabilitante como para pasar por alto sus delitos. Caso contrario ocurre con aquellos 14 a los que se sugirió mantener la pensión “en atención principalmente a la gravedad y condición de permanencia en el tiempo de las lesiones sufridas”.
¿Entonces el Presidente le mantuvo pensión a personas con antecedentes penales y lesiones leves? Presidencia no respondió respecto a qué criterio se usó en los 23 casos restantes.
¿Y EL RESTO DE LOS PENSIONADOS?
El diputado Henry Leal (UDI), quien fuera presidente de la Comisión Investigadora de las Pensiones de Gracia, adelantó a El Líbero que de vuelta de la semana distrital pedirán a la Comisión de Seguridad citar a la ministra de Interior o al subsecretario “para que nos informe al final cuántas pensiones han revocado”, porque además de la revisión de los casos con antecedentes penales, “nosotros también detectamos 39 casos que tenían lesiones leves, ¿qué van a hacer con esos casos y con los que tenían antecedentes penales?. El gobierno está tratando nuevamente de esconder. Nosotros no hemos olvidado el tema y vamos a retomar con todo la próxima semana, hasta obtener una respuesta concreta, porque este tema es demasiado grave, no se va a quedar en el olvido”.
En la misma línea, el parlamentario RN y uno de los diputados que presentó una denuncia por presunta prevaricación y fraude por las pensiones de gracia ante Fiscalía, Andrés Longton, afirmó que “27 revocaciones es absolutamente insuficiente en relación a la cantidad de casos que salieron a la luz y que están recibiendo hoy día recursos públicos de todos los chilenos y que lo más probable es que muchas de ellas no sean víctimas, pero sí victimarios y delincuentes”.
A su juicio, los 27 casos revocados se convirtieron sólo en una señal del gobierno “para poder apaciguar los ánimos y calmar la efervescencia” sobre el tema. “Lo que llama la atención es que la Comisión Asesora que recomendó entregar las pensiones, hoy día está recomendando revocar 50 de personas que tienen antecedentes penales, pero el gobierno solamente revocó 27 y no sabemos qué pasa con los otros 23. También llama la atención de que estén enfocados en los que tienen antecedentes penales y no hayan dicho nada o no hayan examinado los antecedentes médicos, aquellos casos que salieron a la luz a propósito del informe de Contraloría en que al parecer acompañaron antecedentes médicos truchos” y de los cuales queda por verificar su calidad de víctimas, pero que en el intertanto, siguen recibiendo pensiones cada mes y “para toda la vida”, recordó el diputado.
“Creo que a este gobierno le ha faltado más proactividad y están solamente reaccionando ante lo que hace la oposición o bien lo que sale en los medios de comunicación. Me parece que acá hace falta una labor más exhaustiva, con mayor convicción, porque son recursos públicos de todos los chilenos y muchos de ellos están terminando no en manos de víctimas, sino que de victimarios o de personas que directamente defraudaron al Estado”, enfatizó.
LA COMISION ESPECIAL
La Comisión Especial Asesora del Presidente en materia de pensiones data desde 1981 y recibe una amplitud de solicitudes de pensiones para «personas que hubieren prestado servicios distinguidos o realizado actos especialmente meritorios en beneficio importante del país, más allá de su personal deber, o si cónyuge, padre, madre o hijos en caso de fallecimiento; a personas afectadas por accidente o catástrofe, respecto de las cuales existan circunstancias extraordinarias que justifiquen el otorgamiento de una pensión y/o a personas que se encuentren incapacitadas o con graves e insalvables dificultades para ejercer labores remuneradas que les permitan su subsistencia y la del grupo familiar que viva a sus expensas, en razón de enfermedad, invalidez, vejez o cualquier otra causa debidamente justificada».
Las solicitudes llegan al Departamento de Acción Social (DAS) de la Subsecretaría del Interior, donde un grupo de personas de diferentes ministerios, analizan los antecedentes y recomiendan o no al Presidente que se entregue el beneficio.
En el caso del estallido, fue una glosa de la Ley de Presupuestos 2022 la que permitió extender el beneficio, poniendo como único requisito una acreditación de afectación en el contexto de las manifestaciones iniciadas en octubre de 2019, por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
La comisión la preside la jefatura del DAS del Ministerio del Interior, que desde junio de 2023 está en manos de Sandra Guerra (que trabaja hace 20 años en ese ministerio). Luego, también la integran Marion Pacheco Salas (encargada de la Unidad de Capacitación y Bienestar de Segpres y dirigenta de los funcionarios); Francisco Aldunate Ramos (abogado del gabinete del subsecretario del Interior); Alejandro Agüin Arriagada (que cumple labores de coordinación, planificación, análisis y gestión de gabinete del subsecretario del Interior); Leslie Saavedra Suárez (trabajadora social del DAS); Andrea Selman Hasbun (abogada del DAS) y Francisca Orellana Espinoza (trabajadora social del DAS). (El Líbero)
