La contralora (s) Dorothy Pérez dio cuenta de las fiscalizaciones realizadas por la Contraloría General de la República en relación a las transferencias realizadas a entidades privadas por parte del Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) y la cartera de Cultura. Todo en el marco del Caso Convenios.
En relación al Ministerio de Desarrollo Social, el órgano fiscalizador realizó auditorías en las seremis Atacama y el Maule, además del Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia y sus direcciones regionales en la Región Metropolitana y Biobío; también a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
Cabe recordar que en los dos años del Gobierno del Presidente Gabriel Boric el liderazgo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia ha estado a cargo Jeanette Vega (marzo – agosto 2022), Giorgio Jackson (septiembre 2022 – agoto 2023) y posteriormente Javiera Toro.
ATACAMA
En Atacama la Contraloría detectó que irregularidades en traspasos entre el 2021 y el 2023. Por ejemplo, falta de experiencia institucional e incorrectas evaluaciones técnicas.
Asimismo, transferencias que se hicieron por el monto total del proyecto en una sola cuota, sin fundamento que lo justifique. Por otro lado, el órgano fiscalizador detectó que la seremi no cuenta con un mecanismo para validar la experiencia de las entidades privadas.
Desde que comenzó la administración Boric, Yosselin Moyano (FRVS) asumió el liderazgo de la cartera en esa región.
EL MAULE
En la Región del Maule se fiscalizó el Programa Plan Noche Digna – el cual brinda alternativas de hospedaje y atención básica a personas en situación de calle en época de bajas temperaturas – durante el 2022.
Esta Seremi estuvo a cargo de Manuel Yáñez, quien dejó el cargo y después de meses de vacancia llegó Sandra Lastra a encabezar el ministerio en al región.
En primer lugar, el organismo señaló que no existe evidencia que acredite el monitoreo de la contra parte técnica a las prestaciones entregadas por los organismo ejecutores.
En esa línea, se detectó que cinco de los nueve dispositivos revisados, incumplieron la cantidad mínima de prestaciones que debían ser entregadas por sus ejecutores, como alimentación, higiene y abrigo. Además, se comprobó que tres usuarios se encontraban fallecidos al momento de recibir prestaciones de alimentación, higiene y atención médica.
Asimismo, la Contraloría constató que la Seremi incumplió los plazos de revisión de las condiciones de apertura de los dispositivos. Asimismo se efectuaron transferencias de recursos sin que los ejecutores hubieran cumplido los requisitos de los convenios, por ejemplo a la ONG Alta Tierra.
En este organismo y en la Fundación Luxemburgo también se observaron deficiencias en su infraestructura.
Actualmente la Contraloría General de la República se encuentra realizando una auditoría a los recursos transferidos a entidades privadas por la Seremi de Desarrollo Social de La Araucanía entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de junio del 2023. (Emol)
