No es la primera vez. A menos de una semana para que se cumpla el plazo fatal del fallo de la Corte Suprema, parece que nuestro país se ha vuelto adicto a caminar al borde del precipicio, como jugadores que apuestan el todo por el todo, y confían en que esta vez sí van a ganar.
El estallido social/delictual del 18 de octubre de 2019, el 12 de noviembre al hipotecar nuestra Constitución, el plebiscito por el mamarracho, el plebiscito Kast vs. Pinochet, la reforma de pensiones. Todas han puesto y siguen poniendo a nuestra querida tierra al borde del precipicio, a nuestro amado pueblo a un paso del genocidio económico, de la pérdida de las libertades básicas, y del fin de nuestro sueño de eliminar la pobreza y de lograr el desarrollo económico y humano.
El futuro de nuestro sistema de salud está hoy en manos de una comisión de senadores y diputados, que en el plazo de menos de una semana deben llegar a un acuerdo respecto de si dejarán quebrar a las Isapres y con ellas, a muchos prestadores de salud privados -donde hoy se atienden más de la mitad de los pacientes de Fonasa-; dejando al país expuesto a una crisis de salud, y a los enfermos crónicos que hoy se atienden en el sector privado -sean ellos pacientes de Isapre o de Fonasa- , en condición de abandono y riesgo de falta de atención, que los puede llevar incluso a poner sus vidas en peligro.
Algunos culpan a las Isapres, por no comportarse como una empresa que provee servicios sociales, y lucrar (palabra diabolizada) a través de la provisión de salud; cuando éstas sólo jugaron con las reglas del juego que el sistema les proveyó.
Otros culpan a la Corte Suprema, que el año 2010, decide que no aplicará la Ley, sino que hará justicia, y en un sistema diseñado como seguro puro, elimina la capacidad de las Isapres de discriminar a los pacientes por sexo y edad, para evitar -a su juicio- que las alzas de precios que podría implicar la siniestralidad de algunos grupos, dejen a los pacientes sin la opción de elegir entre el sistema público o privado, por ser incapaces de pagar una Isapre.
Los menos, pero quizás los más conocedores del tema, culpan al sistema político, gobiernos y legisladores, que por más de 20 años le han sacado “el poto a la jeringa”, al no asumir los costos de tener que cambiar un sistema de salud, para que sus reglas del juego reflejen la provisión de un servicio social, como la salud, y no un seguro puro.
Pero cualquiera sea el culpable, la irresponsabilidad política, donde el futuro de la salud en Chile se ha pasado desde el gobierno, al Congreso y al gobierno otra vez, cual papa caliente, permitió que una Corte Suprema ideologizada y sin el conocimiento técnico necesario, tenga a nuestro sistema de salud al borde del precipicio. (El Líbero)
Michelle Labbé
