Por instrucción de la Fiscalía de Antofagasta, funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Económico (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) allanó este martes las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la Región de Antofagasta en el marco de una investigación respecto a recursos transferidos desde el Gobierno Regional (Gore) al Serviu de la capital nortina.
Tras la diligencia, los policías se llevaron documentación y equipos. La acción intrusiva realizada en las oficinas de la entidad pública se da luego de que la Fiscalía Regional de Antofagasta abriera el viernes una investigación de oficio la que apunta a establecer responsabilidades y una eventual existencia de delitos respecto a la dilación de parte del referido servicio en el reintegro de aproximadamente $5.866 millones de pesos que fueron transferidos desde el Gobierno Regional (Gore).
Tras el fin del allanamiento la mañana de este martes, el fiscal regional Juan Castro Bekios aseguró que efectivamente “se realizó por parte del personal de la PDI, y particularmente del Bridec, una diligencia de entrada e incautación de dependencias de dicho servicio, la cual fue obtenida a través de una orden judicial solicitada por el Ministerio Público, en este caso por el fiscal que tiene a cargo la investigación, y la cual se ejecutó en horas de la mañana. En este tipo de investigaciones, que requieren un gran trabajo de revisión documental, es habitual en este tipo de procedimientos”.
Consultado respecto a si se trata de una diligencia gatillada por la no entrega de información de parte del Serviu, Bekios explicó “son para parte de las diligencias que habitualmente y normalmente se hacen en este tipo de investigaciones. Y estas tienen un procedimiento estándar, es decir, hay todo un procedimiento que normalmente en primera instancia se trata de ejecutar de manera voluntaria, pero para el Ministerio Público, evidentemente, es muy importante la actuación diligente y eficaz, y por lo tanto, es un proceso que se hace en el momento en que se hace la investigación”.
En este mismo contexto, el domingo pasado el ministro de Vivienda, Carlos Montes, le pidió la renuncia al director Serviu de la Región de Antofagasta, Ricardo González Campos. Según adelantó La Tercera, la decisión se habría enmarcado en la disconformidad del gobierno con su gestión en el manejo del Plan de Emergencia Habitacional de la zona. La razón fue confirmada durante la mañana por el titular del Minvu, quien indicó que desde la cartera evaluaron el desempeño del funcionario y llegaron “a la conclusión de que era necesario pedirle el cargo para nombrar a otra persona y hacer una nueva selección”
Respecto a la indagatoria abierta el 24 de mayo, el fiscal Bekios señaló: “Lo que nosotros hicimos fue nada más que anunciar lo que tenemos que hacer a propósito del cumplimiento de nuestra ley cada vez que el Ministerio Público y por ende los fiscales del Ministerio Público tomen conocimiento de la existencia de un hecho que pudiere revestir las características de delito. Esto quiere decir que puede que lo tenga o puede que no lo tenga. Pero en la medida que pueda ser constitutivo de delito, el Ministerio Público está obligado a abrir investigación”.
“Por lo tanto, a propósito de las distintas noticias que tuvimos a través de los medios de comunicación, de cierta dificultad a propósito de la restitución de ciertos fondos que fueron transferidos desde el Gore al Serviu, lo que nos puede corresponder a nosotros como Ministerio Público es justamente indagar si en ese hecho existe o no algún tipo de figura penal. En el caso de que lo exista, evidentemente que seguimos la investigación con el objeto de indagar, la participación de los posibles responsables. Ese es el deber del Ministerio Público y por lo tanto, lo que hemos hecho, y lo que anunciamos no tiene sino que cumplir justamente con el objetivo que es el cumplimiento de nuestra obligación legal”, agregó. (La Tercera)
