Un episodio de tensión se vivió este lunes en la comisión especial investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados que indaga lo sucedido respecto a la muerte del exconscripto Franco Vargas en Putre. Y es que tras la exposición de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, quien asistió como invitada a dicha instancia legislativa, se produjo un cruce verbal entre algunos diputados presentes.
“Desde casi el inicio de esta tragedia, el INDH comenzó a realizar algunas acciones”, partió diciendo Contreras, quien luego explicó que una de estas medidas corresponde al oficio que envió el organismo que ella dirige a la subsecretaría regional ministerial de Salud, solicitando “precisiones sobre la infección respiratoria que afectó a 46 jóvenes que hacían el servicio militar en Putre, y la característica general era esta infección y el riesgo que implicaba para su salud”.
Además, destacó que otra de las medidas tomadas por el INDH fue interponer una denuncia ante la fiscalía regional, “considerando que desde el primer momento habían hechos que requerían ser investigados por la justicia, y que a nosotros nos asistía la convicción de que aquí podrían haber violaciones a derechos humanos ocurridas en contra de Franco Vargas”.
Contreras añadió: “Como nos asistía la convicción de que este era un caso que debía ser visto por la justicia civil, presentamos la acción judicial en la sede de la región de Arica y Parinacota, y solicitamos distintas diligencias de la investigación, que entiendo que ahora volvió a la justicia civil”.
Luego de terminar la exposición de la directora del INDH, llegó el espacio para que los legisladores hicieran sus preguntas. Tras solicitar la palabra, el diputado Cristián Labbé (UDI) le consultó a Contreras “¿cuántas veces se han querellado por la violación de derechos humanos por parte de omisión del Estado, hoy liderado por el Presidente Gabriel Boric, por aquellos que fueron afectados por el octubrismo (…) como emprendedores”.
Sin aún terminar su interrogante, Labbé fue interrumpido por el presidente de la comisión, Luis Malla (PL), quien le hizo un llamado al orden ya que, según él, el parlamentario gremialista se estaba saliendo del tema que se investiga en la instancia.
De igual manera, Labbé continuó: “Por favor, déjeme terminar de formular la pregunta, porque entiendo que también hay civiles que fueron afectados por la omisión por parte del Estado. Entonces, la pregunta es súper concreta: ¿Cuántas otras querellas tiene el Instituto Nacional de Derecho Humano en otras violaciones que hoy día son por omisión en la Araucanía, en el norte y durante el estallido?”.
Así las cosas, continuando con la ronda de preguntas, el diputado Nelson Venegas (PS) recogió el punto de Labbé y le respondió. “Yo estoy seguro que todos los que estamos en esta mesa tenemos un aprecio profundo por el Ejército de Chile. Aquí no hay personas que quieran al Ejército y otras que no lo quieran, acá todos queremos al Ejército. Y, por lo tanto, cuando queremos al Ejército, queremos que funcione bien, y queremos que no curran cosas que lamentablemente ocurrieron”, dijo.
“Entonces, yo quiero que seamos absolutamente razonables, racionales (…) aquí todos queremos llegar a una resolución institucional y con carácter de Estado respecto de una situación que es grave. Por eso, si nosotros traemos el octubrismo y esas frases y esos slogans, yo les digo que esta cuestión, esta instancia que es tan importante para el futuro del propio Ejército, se va a ver envuelto en una cuestión que no corresponde, va a perder su sustento, va a perder la racionalidad institucional que se merece”, agregó.
Tras la intervención de Venegas, el presidente de la comisión señaló que ya había hecho un llamado al orden al diputado Labbé. Sin embargo, Venegas defendió su postura y señaló que esto “se debe tomar en cuenta”.
Luego, la directora del INDH señaló: “Simplemente queremos reafirmar que nosotros estamos en la línea de la protección de los derechos humanos”.
“Es importante que esto se esclarezca, porque el país necesita que los jóvenes se inscriban en el servicio militar, y para eso las cosas tienen que ser claras y transparentes, y ni los jóvenes, ni las madres de los jóvenes, ni sus familias tienen que tener temor de ello. Por lo tanto, nuestra tarea es poder aclarar y ojalá, la justicia determine que no hay violación a derechos humanos”, cerró Contreras. (La Tercera)