El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se pronunció respecto de la nueva arista que se asoma a raíz del operativo policial desarrollado durante los últimos días en Villa Francia: uno de los que imputados prestó servicios en marzo para el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, organismo dependiente del Ministerio de las Culturas.
De acuerdo al portal El Líbero, se trata de Marcelo Garay Vergara, quien quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva el sábado.
Según el Portal de la Transparencia, la labor encomendada a Garay era la «documentación fotográfica» en el «seminario internacional ‘pensar el negacionismo y los crímenes de odio desde la perspectiva de la memoria y el patrimonio cultural». El contrato inició el pasado 15 de marzo de este año a través de un trato directo.
El subsecretario del Interior recordó que el acusado se encuentra en prisión preventiva por los delitos de tenencia ilegal de armas y por infracción a la ley de drogas, lo que implica que «cualquier relación contractual con cualquier institución pública que dependa del Gobierno, se va a terminar de inmediato».
De acuerdo con la subsecretaría, el imputado realizó una prestación de servicios los días 13, 14 y 15 de marzo.
EN PRISIÓN PREVENTIVA
La Corte de Apelaciones determinó dejar bajo la medida cautelar de prisión preventiva a nueve imputados capturados durante la redada policial de este fin de semana en la Villa Francia, Estación Central, Región Metropolitana.
Con esto, 12 de los 14 capturados quedaron sujetos a la máxima medida preventiva del sistema judicial chileno. En tanto, sobre los otros dos aprehendidos pesan arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno.
En primera instancia, tras la formalización del sábado ante el 6° Juzgado de Garantía de Santiago, los nueve habían quedado libres. Hoy la Corte rectificó esa decisión judicial.
El persecutor Claudio Orellana, de la Fiscalía Sur, sostuvo que «existen antecedentes que permiten presumir fundamentalmente la participación de los nueve imputados en la comisión del delito formalizado y finalmente que también existen antecedentes que permiten entender que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, de manera que se dispuso a su respecto la medida cautelar de prisión preventiva».
Sobre la mujer que fue formalizada ayer por tenencia y posición de explosivos en su dormitorio y también la tenencia y posesión de un artefacto explosivo de fabricación artesanal, el Fiscal señaló que «el tribunal consideró que correspondía otorgar la medida cautelar de prisión preventiva, pero tan solo por peligro de fuga«.
Por este caso, el tribunal fijo una caución de $1 millón, sin embargo, la Fiscalía solicitará -en caso de que se mantenga la determinación- que se eleve el monto a $5 millones. El plazo de investigación para el caso quedó fijado en 90 días. (Emol)
