Respondiendo a una presentación formulada por integrantes de la bancada de diputados de la UDI, el pasado jueves 29 de agosto, desde la División Jurídica de la Contraloría emanó un oficio que tenía como principal destinatario el ministro de Justicia, Luis Cordero. ¿La razón? Solicitarle informe sobre el trato directo que se firmó con Unholster para el desarrollo de una plataforma informática en el marco del Plan Nacional de Búsqueda.
La solicitud, como publicó La Tercera hace algunos días, dice relación con la presentación hecha por Gustavo Benavente, Juan Fuenzalida Cobo y Henry Leal, quienes pidieron al organismo hoy encabezado por Dorothy Pérez que evalúen la legalidad del trato con la firma y que significó el desembolso de más de $ 600 millones.
Lo anterior, como indicaron los congresistas, por el elevado costo y, también, porque uno de los socios y actual director del área Data Science de la empresa es Cristóbal Huneeus, quien a la vez es uno de los asesores técnicos que colaboran con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.
“Como bancada UDI hemos decidido presentar los antecedentes ante la Contraloría General de la República, para que sean ellos quienes determinen si se ajusta o no a derecho la contratación de esta empresa. Aquí no solo se le entregó un millonario contrato a una compañía que está ligada a uno de los principales asesores previsionales de la ministra Jara, sino que además se realizó de manera directa, sin ninguna licitación de por medio”, manifestaron los diputados gremialistas.
De esta forma, desde el ente contralor determinaron: “Pase al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos copia de la presentación formulada por el prosecretario de la Cámara de Diputados, a requerimiento de los diputados señores Gustavo Benavente Vergara, Juan Fuenzalida Cobo y Henry Leal Bizama, a fin de que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 10.336, se sirva informar a este Organismo al tenor de lo expuesto por los recurrentes, en el plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde la total tramitación del presente oficio”.
Se agrega, en el mismo sentido, que “dicho informe deberá ser preparado con intervención de la Asesoría Jurídica o abogado de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias o que ese organismo no cuente con ese profesional. Además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata”.
OBSERVACIONES DE LOS DIPUTADOS
De acuerdo con la presentación de los parlamentarios, se estaría ante “un negocio” que se concretó “sabiendo que existían otros desarrollos similares que se ajustaban a lo que requería el gobierno, y que por lo demás eran gratuitos. Por lo tanto, es indispensable que sea el órgano contralor el que se pronuncie frente a esta situación”.
Hicieron alusión, en esa línea, a que uno de los funcionarios del programa había puesto en conocimiento de las autoridades que una universidad de Estados Unidos ya había desarrollado una plataforma de similares características.
De hecho, en entrevista con La Tercera, Sandro Gaete, ex PDI que renunció al Plan Nacional de Búsqueda, afirmó que se estaban desembolsando cientos de millones en cuestiones que tienen costo cero, con lo que encendió aún más las alarmas. Y es que manifestó, incluso, que desde Justicia se estarían dividiendo mañosamente los contratos para así evitar la toma de razón por parte de Contraloría.
“Esperamos que la Contraloría pueda pronunciarse lo antes posible sobre este contrato, porque al menos los antecedentes que hemos conocido dan para levantar varias sospechas”, reiteraron los diputados.
Así las cosas, en el requerimiento se hace presente que Contraloría debe determinar si el trato con la citada compañía se ajustó o no a derecho, conforme a los principios de eficiencia, eficacia y probidad administrativa consagrados en la Ley Nº 18.575, así como el criterio de selección basado en la propuesta económica más conveniente. (La Tercera)
