Gobierno pone presión a reforma del sistema de nombramiento en la CS

Gobierno pone presión a reforma del sistema de nombramiento en la CS

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La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, abordó el proyecto de reforma al sistema de nombramiento de jueces que el Ejecutivo tiene comprometido presentar al Congreso en octubre.

La moción ha pasado a estar en el foco de las preocupaciones del Ejecutivo con la develación de los chats entre la ministra Ángela Vivanco y el abogado Luis Hermosilla. Él fue abordado con el ministro de Justicia, Luis Cordero, en el comité político de La Moneda, este lunes.

Al respecto, la titular de Segegob explicó que el proyecto «no es una modificación al sistema de nombramiento solo aguas arriba, sino que también aguas abajo. Es al sistema de nombramiento dentro del Poder Judicial. Para abordar el problema que tenemos, no hay que sólo abordarlo desde la punta del iceberg, sino que también desde abajo«.

«El segundo lugar, es para abordar en el marco de los conflictos de interés el tráfico de influencia y vamos a modernizar más nuestra legislación para ser más exhaustivos y eficaces en la detección, en la persecución y en la sanción respecto de estos delitos», añadió.

«Esto es muy relevante», acotó, apuntando que «nuestra democracia requiere protección y fortalecimiento, y estos antecedentes de corrupción y delitos muy graves, amenazan nuestra democracia y nuestras instituciones, la independencia de los poderes y además la confianza de la ciudadanía respecto a estas instituciones, y por lo tanto, para nosotros como Gobierno, no basta en señalar el problema, sino que hay que tomar cartas del asunto con acciones y propuestas».

«El problema que tenemos ahora enfrente es un caso de corrupción que toca no una institución, toca varias instituciones y eso evidentemente le da una connotación y una verdad mayor que tiene que movilizar a la acción y a la resolución con propuestas de este problema», añadió.

Con todo, Vallejo dio cuenta de la decisión del Gobierno de no esgrimir la facultad presidencial de requerir a la Corte Suprema la instrucción de un procedimiento para efecto de sancionar el mal comportamiento.

«No se descarta nunca hacer uso de esas facultades porque es un caso más que sigue abriéndose, más que cerrándose por el momento», relevó, pero agregando que la relación de Vivanco y Hermosilla «ya ha sido abordada hasta el momento de manera autónoma y por parte de la Corte Suprema tomando acciones, que son las que tiene a la mano para poder, insisto, investigar y sancionar a uno de sus miembros». (Emol)