El ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció la existencia de problemas en la institucionalidad de evaluación ambiental para proyectos de inversión y sostuvo que «a veces hay funcionarios o unidades que se les pasa un poco la mano en estos procedimientos».
Esto frente a la decisión de Colbún de suspender su proyecto para levantar una central de energía renovable por US$1.400 millones en la comuna de Tatal. Lo anterior, debido a las impugnaciones del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Antofagasta, lo que llevó a la directora nacional de la entidad, Valtina Durán, a remover al director regional Ramón Guajardo.
Frente a esto, Marcel sostuvo en entrevista con Radio Pauta que el mecanismo con que operan las evaluaciones de impacto ambiental es «un poco rígido». «Cuando se detecta un problema, se rechaza un estudio de impacto ambiental, cuando uno lo que buscaría es que se trate de corregir ciertos problemas para que el proyecto siga adelante, cumpliendo con las obligaciones o con los estándares ambientales que el país ha establecido», añadió.
«Ahora, también ocurre que a veces hay funcionarios, unidades, etcétera, que se les pasa un poco la mano en estos procedimientos«, criticó el ministro. En ese sentido, enfatizó en que «no quisiera emitir un juicio, pero lo que sí veo es que el director regional del SEA se le acaba de pedir el cargo».
Marcel fue consultado por «un fracaso de la institucionalidad» respecto de este proyecto, y el anuncio de Arauco -los más recientes- que llevará adelante su mayor inversión en la historia en Brasil y no Chile -Proyecto Sucuriú-, por US$4.600 millones y una proyección de alrededor de 14 mil empleos.
«Yo creo que no cualquier traspié en la tramitación de un proyecto tenemos que interpretarlo como un fracaso. Porque justamente por esta lógica un poco, llamémosle como oposicionista, en el sentido de que se acepta o se rechaza un estudio de impacto ambiental, a veces hay un rechazo, pero eso no significa que el proyecto se detenga, sino que significa que hay ciertas premisas sobre las cuales se ha estado trabajando el proyecto que tienen que cambiar», respondió el titular de Hacienda.
En esa misma línea, el jefe de la billetera fiscal abordó las crítica del sector empresarial en que apelan a que no hay un criterio estándar único cuando se postula para hacer un proyecto.
«O sea, tanto es así que se reconoce que hay problemas en la institucionalidad, que dentro del pacto fiscal hay dos proyectos que están actualmente en el Congreso, que han avanzado significativamente, que tienen que ver justamente con los permisos para inversiones«, respondió.
El ministro de Hacienda detalló que «uno es la ley marco de permisos sectoriales distintos de los ambientales y otro es una reforma de ley ambiental para la evaluación de proyectos de inversión». «Y esos proyectos han avanzado muy rápidamente, ya va a estar en la sala de la Cámara en los próximos días el proyecto de regulaciones sectoriales y el proyecto de evaluación ambiental también ha avanzado muy significativamente, haciéndose cargo de este tipo de problemas», finalizó
COLBUN: «SALIDA DE DIRECTOR NO SUBSANA EL PROBLEMA»
La remoción del director regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Antofagasta, Ramón Guajardo, tras la decisión de Colbún de suspender el megaproyecto central Paposo en esa región, debido a las impugnaciones de la entidad, no dejó tranquila a la compañía.
Esta mañana de hecho, Colbún sacó la voz. Su CEO, José Ignacio Escobar, señaló a Radio Infinita que están «tal como lo dijimos este martes en la tarde el proyecto está suspendido y está suspendido indefinidamente y estamos evaluando todos los cursos de acción y lo que significaría eventualmente retomarlo en algunos meses«.
Según Escobar, es «difícil» tomar la decisión de volver a poner en marcha el proyecto «hasta que no tengamos certeza respecto a los criterios de evaluación, hasta una cierta certidumbre en los plazos que esto significaría». «No tenemos por ahora ninguna fecha de cambiar esta decisión», subrayó.
En tantoe El gerente de Sostenibilidad y Asuntos Públicos, Daniel Gordon, por otra parte, señaló en una declaración que la decisión «no corrige ni subsana las negativas consecuencias que se han generado para el país, la región y este proyecto».
«No nos corresponde opinar o comentar las decisiones administrativas que adopta el servicio. Pero sí insistimos en la urgencia de contar con alguna coherencia y control sobre los criterios de evaluación que el organismo tiene, tanto a nivel regional como nacional», indicó también Gordón.
El proyecto de Colbún se ubicaba en Taltal. Buscaba levantar una planta desaladora, instalar bombeo y construir una generadora de energía limpia con una potencia de 800 MW. Su inversión era de US$1.400 millones.
Tras solicitarle la renuncia al director de la entidad en Antofagasta, la directora nacional del SEA, Valentina Durán, ofreció apoyo técnico a la empresa en la tramitación de la iniciativa, consignó el medio citado.
Por ahora, en todo caso, la suspensión se mantiene. También trascendió que las impugnaciones del SEA, que llevaron a Colbún a tomar la decisión de suspender el proyecto, generaron molestia en el Ejecutivo, especialmente en los ministerios de Hacienda y Economía.
MOLESTIA GREMIAL
Es preocupante y una mala señal. Esas dos frases resumen el sentir que tiene el sector privado luego que se conociera la decisión de la empresa eléctrica Colbún, controlada por el grupo Matte, de suspender el desarrollo del proyecto Central de Bombeo Paposo, luego que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Antofagasta decidiera mantener el término anticipado del procedimiento de evaluación del proyecto y rechazara un recurso de reposición presentado por la firma en agosto.
Este proyecto, que considera una inversión de US$1.400 millones para la construcción y operación de una central de almacenamiento, generación y transporte de energía de hasta 800 MW, que buscaba situarse en la Región de Antofagasta, en Taltal, localidad de Paposo.
“La resolución de la autoridad es poco coherente y contiene errores formales evidentes”, dijo la empresa el pasado martes.
Ante esta situación los representantes de los gremios empresariales alzaron la voz para manifestar su preocupación por la mala señal que se estaba dando para la inversión y el crecimiento económico.
El primero en abordar la situación fue el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, quien sostuvo que lo principal hoy es recuperar el crecimiento del país y que esto iba en sentido contrario. “Hoy es urgente retomar el crecimiento alto y sostenido para crear empleos de calidad y más oportunidades que mejoren la calidad de vida de las personas. Para que esto ocurra, es indispensable aumentar las inversiones en nuestro país. Por ello, nos preocupa profundamente que proyectos como la Central de Bombeo Paposo se vean impedidos de seguir avanzando por enfrentarse a trabas que redundan en incerteza jurídica”.
En ese sentido, lamentó que “la empresa se haya visto obligada a tomar esta decisión, ante una resolución de la autoridad ambiental poco clara”, y agregó que “Chile necesita una institucionalidad que funcione con criterios objetivos y transparentes, que permita concretar más proyectos de este tipo, aportando al crecimiento económico en equilibrio con la protección del medioambiente”.
Rosario Navarro, presidenta de Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) también tuvo reparos a esta medida de la institucionalidad ambiental. “No podemos seguir ahuyentando la inversión. Es fundamental que Chile genere las condiciones necesarias para que los inversionistas vuelvan a confiar en el país y su institucionalidad. Necesitamos un entorno pro inversión que inspire confianza y promueva el desarrollo de proyectos de inversión y con ello el crecimiento de nuestra economía”.
En este sentido, puntualizó que “una de las tres condiciones habilitantes para recuperar la inversión y el crecimiento es justamente la certeza jurídica, las otras son la competitividad tributaria y la seguridad”. Por lo mismo, argumentó que “estos son claros y lamentables ejemplos de la discrecionalidad y la disparidad de criterios de la autoridad ambiental, los que se han traducido en una marcada reducción de la inversión en Chile en los últimos meses”.
Para Navarro “es fundamental avanzar en una modernización profunda al sistema de evaluación de aprobación de proyectos de inversión, que genere las certezas necesarias que requieren los inversionistas y las empresas”.
Otro que entregó su visión fue Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), quien planteó que “es una mala señal y es justo lo contrario de lo que necesita nuestro país para retomar la senda del crecimiento”.
Para el líder de la Construcción es una mala señal “no sólo porque se frena una importante inversión, sino que también porque se trunca un proyecto que tiene como objetivo mejorar las condiciones ambientales con un desarrollo sostenible y en beneficio directo de las personas”.
Para Echavarría, “Chile es un país atractivo para las inversiones, sobre todo para los proyectos de energías limpias. Lo ocurrido con el proyecto de Paposo, nos debe hacer reflexionar sobre hasta qué punto estamos autoboicoteándonos impidiendo el desarrollo de proyectos que benefician a las personas”. (Emol-Infinita-La Tercera Pulso)
