“Actualmente, existe registro en el Directorio de Información Comercial (Dicom) por deudas contraídas en el marco de contrataciones antes reseñadas (…)”. Así de tajante y sin titubeos fue como el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) confirmó mediante un oficio dirigido al Ministerio del Interior que cuenta con deudas que lo mantendrían en los listados del registro nacional de información de deudas.
La respuesta se efectuó el pasado 3 de octubre y se habría originado luego de que el 24 de enero de este año la diputada Francesca Muñoz (PS) oficiara a Interior para chequear la veracidad de los antecedentes que apuntarían a que el servicio público contaría con morosidad.
Esto incluso había sido alertado por pymes regionales durante el verano, específicamente en la región del Biobío, donde la empresa Cluster Chile decidió presentar un recurso de protección en la Corte de Concepción por una deuda que mantiene el gobierno -a través de Senapred- por servicios entregados durante la emergencia de 2023. El monto adeudado alcanza los $ 160 millones.
La deuda de Senapred correspondiente al año 2023 fue saldada. Sin embargo, el servicio se mantiene en el registro de deudores debido a la deuda correspondiente a febrero de 2024, la que fue adquirida por la contratación de servicios para el combate del megaincendio en Valparaíso. A raíz de las críticas por el manejo de esa emergencia, el Presidente Gabriel Boric removió de la dirección de Senapred a Álvaro Hormazábal. En ese incendio ocurrido el 2 de febrero de 2024 hubo un saldo de 135 fallecidos y más de 8 mil viviendas dañadas en la región de Valparaíso.
Desde Senapred explicaron a La Tercera que las deudas actuales tienen que ver con el no pago de contrataciones desde el 2 de febrero en adelante. Dentro de sus argumentos, se apuntó a que en orden a atender las zonas afectadas por distintas emergencias y catástrofes se ha hecho necesario avanzar en el “proceso de adquisiciones y suministros de diversos elementos de emergencia e indispensables servicios, entre otras acciones y medidas dispuestas, para lo cual se ha considerado tanto la adquisición de productos y servicios para emergencias y prevención para la protección civil”.
Lo anterior, bajo modalidad de contratación de Convenio Marco ID 2239-9-LR21, como, asimismo, a través de la modalidad de contratación directa.
“Este Servicio en el marco de las distintas emergencias y catástrofes que han afectado al país, a causa de incendios forestales, sistemas frontales, entre otros eventos, ha centrado esfuerzos a fin de coordinar la ayuda humanitaria y gestionar los correspondientes recursos dirigidos a la aprobación de solicitud de fondos para abordar las emergencias, junto a otros Organismos Técnicos del Sistema, e ir en ayuda de las personas que han sido damnificadas en comunas y zonas de regiones afectadas, conforme los recursos determinados en la ley de presupuestos del sector público correspondiente al año 2024″, se lee en la misiva.
Por lo anterior, desde Senapred apuntaron a que se han gestionado “los correspondientes requerimientos de recursos en la medida que los servicios han finalizado conformes y se disponga de la respectiva documentación que respalda la ejecución de servicios y/o la entrega de elementos, encontrándose en tramitación las respectivas transferencias”.
Pero, ¿qué tan común es que los servicios públicos ingresen a Dicom por ser deudores? “Es normal que las instituciones fiscales, municipalidades y organismos públicos sean muy malos pagadores. De hecho, fue una de las grandes críticas que hicimos con la ley a 30 días cuando dijimos que gran cantidad de las empresas que se declaran en quiebra o que piden su reorganización tiene como acreedor al Fisco”, sostiene Ricardo Ibáñez, abogado y fundador de DefensaDeudores.cl.
Lo anterior, según explica, se debe a la demora en los pagos de las instituciones públicas a empresas, pymes o servicios “lamentablemente por la permisología y la burocracia propia del sistema público”. “Eso es lo que hace que los pagos salgan o se demoren en salir. Por eso les advertimos a las pymes que optan por hacer negocios con instituciones fiscales como municipalidades o el Fisco directamente, que tienen que tener al menos 90 o 120 días de caja para poder aguantar el pago”, agrega Ibáñez.
“En el fondo, trabajar con el Fisco puede ser un muy buen cliente si es que tienen la espalda para aguantar el retraso de los pagos. Y eso causa gracia: que el Fisco sea el promotor de la ley de pago a impuestos de 30 días, pero son ellos los principales incumplidores”.
