Al ex Presidente Sebastián Piñera se le criticó duramente por liderar un «gobierno de tecnócratas». De ahí la expresión “menos Excel y más Word”, en referencia a que la toma de decisiones políticas no puede basarse únicamente en indicadores cuantitativos, cifras y proyecciones numéricas, sino que, estos debían acompañar una narrativa que sintonice con el sentir ciudadano y trace una hoja de ruta para un sueño país común.
El Presidente Boric, por su parte, ha intentado ubicarse en el extremo opuesto. En simple: mucho Word y poco (o nada de) Excel. El problema es que, si bien gobernar no es sólo cuestión de números, tampoco puede basarse únicamente en discursos y eslóganes. Por muy conmovedores que sean, los mensajes vacíos terminan por hastiar a la ciudadanía cuando se perciben como alejados de la realidad. Lamentablemente, este gobierno ha mostrado un desdén por los datos y, con algunas notables excepciones, ha estructurado su proyecto político en base a diagnósticos sin un anclaje claro en la realidad práctica. Esto explica, entre otras cosas, un programa de gobierno financieramente inviable.
El menosprecio por los datos es preocupante. Impide una toma de decisiones informada y priva a la ciudadanía del escrutinio necesario sobre la gestión del Gobierno. También abre la puerta a la corrupción y el abuso -males de los cuales este gobierno no está nada ajeno. A fin de cuentas, la resistencia a la transparencia contradice los mismos propósitos que el gobierno dice defender: fortalecer la democracia, la participación ciudadana y la resolución de los problemas sociales. Mientras otros países avanzan en mecanismos de rendición de cuentas proactiva, este gobierno se mueve en el secretismo.
Para entender la magnitud de este problema, basta con intentar conocer el estado de la implementación de Mejor Niñez, el avance en la construcción de viviendas o los resultados del Plan de Reactivación Educativa. Recién esta semana, el ministro Cataldo anunció con bombos y platillos datos sobre la revinculación de los estudiantes, uno de los ejes de Reactivación… pero sólo a un mes del término del año escolar. Hoy carecemos de datos actualizados para evaluar la gestión del Estado, y proponer mejoras. Así también, se ha hecho más engorroso el acceso a los mismos. Siguiendo con ejemplos en la cartera de educación, a pesar de que el Mineduc tiene a tiempo los datos de asistencia los entrega con meses de retraso. En el caso del Simce, si bien fue un avance que los resultados se publicaran en marzo, se hizo sin diferenciar por tipo de dependencia de las escuelas, dificultando su análisis.
Este mismo déficit de transparencia también afecta a los proyectos legislativos del Ejecutivo. Sólo bajo la presión de diversos centros de estudios, el gobierno transparentó la metodología que utilizó para calcular el costo de la reforma de pensiones. Hoy persiste el hermetismo en torno al Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), que propone reemplazar y condonar el CAE, pero cuyo informe financiero no aclara cómo pretende el gobierno lograr un ahorro si asumirá los aranceles de educación superior y condonará parte de la deuda estudiantil. ¿Cómo discutir una política sin contar con los datos que la respaldan?
El gobierno parece no comprender que la falta de transparencia no se soluciona con discursos. Una narrativa coherente debe reflejar la realidad, no construirla. Chile cuenta con una rica institucionalidad de datos que permite rendir cuentas a la ciudadanía y tomar decisiones basadas en evidencia. Menospreciar esto sólo nos llevará por el camino de grandes reformas sin impacto real -o con impacto negativo- en la vida de las personas. (El Lìbero)
Magdalena Vergara
